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En apenas unos días, en la provincia de Santa Fe, comenzará a regir el denominado “nuevo” Régimen Penal Juvenil. En consonancia con el gobierno nacional, la orden fue la de condenar a la pibada a contramano de las estadísticas: apenas el 1% de los homicidios es cometido por menores de 16 años. 

El Ministerio de Seguridad publicó la “tasa más baja de la historia”: 3,6 homicidios cada 100 mil habitantes. El “país más seguro de la región”. También anunciaron el record histórico: más de 13 mil kilogramos de cocaína incautada en 2025. En la Argentina que se desvanece ante el saqueo, hay más circulación de drogas y menos enfrentamientos entre bandas narcopoliciales.

La guerra contra las chicas y los chicos tiene hoy un voluminoso capítulo en los discursos contra los trapitos como si fueran los mafiosos más poderosos en la historia económica y política de Rosario. La persecución a los trapitos es también la confesión de la cobardía de la política de los grandes sectores que deciden fidelidad al poder económico.

Un soldadito de los narcos rosarinos, de apenas 14 años, contó parte de su experiencia terrible en los tribunales.  Fue reclutado por Instagram. Relató el rencor por su pobreza. Un niño como tantos que no sólo fueron exiliados del paraíso de muy pocos sino que, además, parecen estar condenados a palpables infiernos cotidianos.

Santa Lucía, en el noroeste rosarino, es uno de los puntos donde la justicia, el Ministerio de Seguridad y los gobiernos de la Santa Fe y Rosario, justifican el estreno de la "ley antimafia". No es creíble la implementación de la ley antimafia, con la saturación de fuerzas de seguridad, en una zona que necesita agua potable, trabajo, educación y clubes.

Las bandas narcopoliciales vienen multiplicando los crímenes de pibas y pibes. Quienes, a su vez, consumidores y consumidos, se han ido transformando en protagonistas de un negocio que sigue manteniendo en la impunidad a los delincuentes de guante blanco. El sacerdote Fabián Belay plantea que hay en Rosario una crisis humanitaria.

Es posible que las vidas estragadas produzcan estragos, escribe Carlos del Frade. Los responsables del contexto social no suelen aparecer en los tribunales. Parecen invisibles, resultan innombrables. Pero los asesinatos, como se insiste en esta columna, son el resultado de las formas de vivir, sobrevivir o malvivir. 

El 20 de marzo de 1975 invadieron Villa Constitución. Policías y la pesada de la derecha sindical hicieron del albergue de solteros de Acíndar el primer centro clandestino de detención del país. Terminaron ese día con los gremialistas rebeldes. Martínez de Hoz, entonces presidente de Acindar, había pagado cien dólares a cada represor.

El triple crimen de Villa Banana, barrio humilde de Rosario, en menos de doce horas dejó de ser una de las noticias más importantes para los medios principales de la región. En definitiva se trata de tres personas empobrecidas y sobrevuela el mito de que se matan entre ellos. La herencia del por algo será del terrorismo de estado.

Según proyecciones de exportaciones por el Paraná, serán entre 40 mil y 60 mil millones de dólares los que se saldrán por el río de aguas marrones. Ese monumental flujo de dinero ya no podrá ser pensado para mejorarle la vida a cualquier familia del país. Porque la planificación y el control de su circulación está lejos de la realidad nacional.