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Por Carlos del Frade
(APe).- Rosario fue definida alguna vez como la ciudad de los niños.
Eso fue hace mucho tiempo, cuando todavía quedaban ecos de la geografía obrera, industrial, portuaria y ferroviaria.
Luego vinieron las políticas económicas que abrieron los agujeros negros de la desocupación en los barrios que se tragaron los talleres metalúrgicos y textiles y surgieron dos de los grandes vectores que alimentan el corazón del capitalismo: el narcotráfico y el contrabando de armas.
Las bandas narcopoliciales barriales por abajo y el lavado de dinero por arriba en la avenida de doble mano de la realidad.
En marzo de 2024, el asesinato de cuatro trabajadores, entre ellos el sereno de una estación de servicios en la zona oeste, quebró el espinazo de la ex ciudad obrera y los pedidos clamaron por mano dura, castigos eternos y terminar con las garantías para los chicos y las chicas menores de dieciséis años.
A caballo del gobierno nacional, entonces, la orden fue condenar a la pibada aunque ningún número oficial llega a ubicar a adolescentes menores de dieciséis años como protagonistas ni siquiera del uno por ciento de los homicidios.
La hipocresía y cobardía de la sociedad argentina están sintetizadas en la baja de edad para castigar a las chicas y los chicos menores de dieciséis años como si resolviera algo de los homicidios que suceden en la enorme geografía del país del sur que se desvanece como consecuencia del interminable saqueo.
Una sociedad adoctrinada en pensar que la venganza es mejor que la justicia y encerrar a los empobrecidos es una extraña garantía de un presente mejor, mientras los delincuentes de guante blanco concentran y extranjerizan riquezas en pocas manos y subordinan a demasiados sectores políticos.
El 5 de septiembre, en la provincia de Santa Fe, empieza a regir la ley 27.801, el denominado “nuevo” Régimen Penal Juvenil.
Un juez de menores de Rosario, la ex ciudad obrera, Alejandro Cardinale sostiene "no hay en el fuero penal juvenil una sección juvenil especial y tampoco se implementó el cargo de asesor tutelar para la reinserción de los menores imputados".
Agregó que se trata de “terraplanismo punitivista” la idea de igualar el delito cometido por un adolescente con la pena de un adulto.
-Hay un aparente sistema de designaciones. En el viejo sistema los jueces teníamos un entorno del contexto del niño, su problemática y la forma en que se actuaba para proteger, a partir de que la ley mejorara la seguridad del niño y el entorno…Los chicos con esta situación están atravesados por consumo, entorno familiar problemático y situaciones de salud mental y por el momento no existe una situación de diálogo como en el sistema anterior. Lo interesante es que quedó expuesta la incidencia de estas causas de menores como actores del delito, y es ínfima en las audiencias imputativas. La idea inicial no es hacer un 'penalito' para chicos…si la pena prevista es de hasta tres años, no se aplica prisión; se priorizan medidas como amonestaciones, trabajos comunitarios o monitoreo electrónico – dijo Cardinale.
Y se preguntó: "¿Qué ocurre con un adolescente con problemas de consumo? ¿Quién realizará su seguimiento? ¿Qué profesionales integrarán esos equipos? ¿Existen actualmente los institutos especializados necesarios? Y, por último, ¿cómo se financiará toda esa estructura?".
Terminó diciendo que “es mínima la población de adolescentes que se vincula con alguna actividad delictiva y se reduce aún mucho más cuando el delito es grave o gravísimo con daño irreparable. Ahora, traducir eso en una finalidad de seguridad pública, o decir que es un factor por el cual la sociedad vive situaciones agravantes en términos de seguridad ciudadana, es una falacia. Además no se condice con las estadísticas oficiales”.
Sería fundamental que haya más jueces humanistas como Cardinale, una demostración que todavía hay expresiones de resistencia ante tanto terraplanismo punitivista y que la niñez en la Argentina debe ser cuidada y no perseguida.
Fuente: Diario “La Capital”, Rosario, 16 de agosto de 2026.
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