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Bastian Escalante tenía 10 años y salía de su práctica de fútbol en el club barrial. Fue asesinado por las balas de un policía de civil que quiso defender su moto en un intento de robo. ¿Qué tiene más valor en una sociedad? ¿La vida de un niño o una moto Rouser Ns200? Hubo un burdo intento de utilizar la historia para fogonear la baja en la edad de imputabilidad.

A quince años de la desaparición de Luciano Arruga, hay entramados institucionales que persisten en el tiempo. En contextos de marginalidad en los que la palabra futuro sigue siendo inasible. Hay preguntas imprescindibles. Entre ellas ¿a qué responde la nueva oleada de asesinatos en el conurbano bonaerense en este presente cuando el garantismo es una obscenidad tan profunda como la justicia social?

Cuando el aparato represivo del Estado interviene hacia adentro no resulta inocente su actuación. Aquello que padeció hasta la muerte el soldado Omar Carrasco casi tres décadas atrás permite vislumbrar esas prácticas. Aplicar la crueldad es una de las herramientas más sostenidas para intentar doblegar a sus integrantes. La muerte de Agustina Casco se inscribe en ese tipo de prácticas.

Los tres policías condenados a perpetua saciaron el tedio de una tarde de ronda. Salieron de emboscada y los vieron. Venían del lado de la villa, eran morenos. Y les dispararon. No son sólo algunos policías. Y la sentencia no evitará que sigan matando jóvenes condenados por origen.

En los mismos días se están desentrañando tres juicios por historias diferentes. La justicia podrá establecer condenas pero que no podría rescatar a la vida a seis niños y adolescentes asesinados por la mano armada del Estado o por los venenos que ese mismo Estado permite utilizar en los cultivos.

En las últimas semanas, dos adolescentes fueron asesinados por la policía de Misiones. Declaran cuatro efectivos involucrados en el asesinato de Josías Galeano (15), en Oberá. La violencia institucional recrudece en la tierra roja. En plena campaña electoral, no está en las agendas de los candidatos.

En la práctica cotidiana de la impostura y la sobreactuación, ahora hay comisarías valladas por miedo a las balaceras de las bandas que operan en esos mismos barrios desde hace años. Y que necesitaron y necesitan de la complicidad de los nichos de corrupción de las fuerzas de seguridad.

La Justicia misionera elevó a juicio oral el caso de asesinato de Víctor Márquez, un pibe de 16 años fusilado por el policía Deivid Vergara en 2019. Sucedió en el pueblo de Santa Ana, en Misiones, donde la violencia institucional por parte de la policía es permanente.