A volar sin escalas

Por Martina Kaniuka

(APe).- Desde ayer por la noche, la sede en Aeroparque del Aeropuerto Aerolíneas Argentinas 2000 cerró sus puertas y solamente podrán ingresar empleados y quienes porten tarjeta de embarque. Las instalaciones del sitio, público, han sido cerradas. Aparentemente, que hubiera personas haciendo uso de los baños para higienizarse, las mesas del patio de comidas para comer y conversar y las salas de embarque para dormir, se tornó “insostenible”, como puede leerse en las redes sociales.

No era insostenible que desde hace meses hubiese un centenar de personas sin destino en un aeropuerto, varadas sin ticket de embarque pero, sobre todo, sin un lugar al que regresar, atascados en esa especie de purgatorio, entre el cielo que no visitan y el infierno frío de la calle en pleno invierno. ¿El pecado? Vivir en la calle.

Según el Censo Nacional realizado en mayo del año pasado, la población que vive en la vía pública en toda la Argentina es de 2.962 personas. Número bastante menor al arrojado por el Censo Popular realizado, por segunda vez, por más de cincuenta organizaciones en 2019, cuando estimaron que eran 5412 las personas en situación de calle, sin contar aquellas que paraban en refugios o durmiendo en salas de hospitales públicos, veredas, cajeros automáticos, puentes y autopistas.

La ley 27654, que fue aprobada en el año 2021 para que el Poder Ejecutivo “elabore y desarrolle una política pública integral, coherente y de alcance nacional” y gestione la creación de una “Red Nacional de Centros de Integración Social" – que deben brindar atención permanente y continua, funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año para brindar los servicios socioasistenciales básicos, incluyendo alojamiento, alimentación e higiene – fue reglamentada recién este año, cuando una beba de tres meses murió frente a las puertas de la Casa Rosada.

Sin embargo, frente a las más de cien personas expulsadas del sistema que moraban en el aeropuerto, este jueves por la noche se apersonó personal policial aeroportuario (Policía de Seguridad Aeroportuaria), le quitaron las pocas pertenencias que tenían consigo y apostaron camionetas del BAP (Buenos Aires Presente del programa de atención a Personas en Situación de Calle, línea 108) para trasladarlos a paradores.

Hace meses que la presencia de personas en situación de calle viene multiplicándose, consecuencia lógica de la crisis: considerando los datos evaluados por la Junta Interna de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el Indec , en mayo último "un hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijos en edad escolar requirió $345.000 para satisfacer sus necesidades mínimas"

En ningún momento, el Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad, presentó alguna alternativa que no sea la de un parador para pasar la noche. En los paradores las familias son separadas: los hombres van a un sitio y las mujeres con sus niños a otro. No pueden llevar sus pertenencias. Son galpones inseguros con catres pulguientos que deben liberar a las ocho de la mañana.

El parador como respuesta no es sino otra cosa estrategia más de la “Higiene Urbana” que pregona el oficialismo. Desmantelada la UCEP – Unidad de Control del Espacio Público – por la violación de los derechos humanos de personas en situación de calle a quienes debían asistir, con denuncias de violencia y abuso sexual a una embarazada a quien le desplazaron la placenta, el plan de Ciudad Limpia anunciado por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad, dirigido por Clara Muzzio está en marcha. Ante un llamado al 108*, concurren con los camiones y destruyen frazadas y colchones, limpian la vereda y con ella el único rincón que pudo hacer suyo esa persona que no tiene un lugar para anclarse a este mundo.

La falta de soluciones habitacionales fue una de las aristas tratadas en el Tercer Encuentro Latinoamericano y del Caribe para Personas en Situación de Calle, dondese tornó evidente la falta de un abordaje integral de la problemática, para garantizar el acceso a refugios, asistencia médica, salud mental, educación, empleo y el acompañamiento necesario para volver a incluir a quienes nunca debieron caer en los márgenes.

Al cierre de esta edición, desde Aerolíneas no han respondido a la Agencia acerca de quién ordenó – y en qué contexto — el desalojo, siendo que el aeropuerto es público, por tanto, la circulación y uso de instalaciones es libre y que la empresa no tiene potestad para desalojar.

Las pertenencias que le quitaron a las más de cien personas que lo habitaban, fueron embaladas en bolsas plásticas que serán descartadas.  Ayer cerraron el Aeroparque y sin subir a ningún avión, la policía y la insensibilidad mandaron a volar sin escalas a quienes siguen sin ocupar un lugar en la agenda política.

La calle no es un lugar para vivir (ni para morir).