Por Claudia Rafael

(APe).- Lucas Cabello es trapito. En la puerta de un restaurant de La Boca cuida los coches y se lleva, a cambio, billetes y monedas. A veces también insultos. Y, como en esta semana, balas policiales casi mortales. Tiene 20 años, una pareja y un bebé. Viven en un conventillo de ese barrio nacido poco antes de mediados del siglo XIX. Lucas pelea por su vida en el Hospital Argerich con tres balazos en la nuca, en el bazo y en los testículos. A contramano de lo que declaró la policía Metropolitana de Mauricio Macri, se cree que recibió un primer disparo y, ya en el piso, otros dos pero directamente a matar. Estaba en la puerta de su casa. Y eran las tres de la tarde.

A 700 kilómetros hacia el Norte, el ahora ex comisario Pablo Márquez, de la policía cordobesa de José Manuel de la Sota, fue condenado a tres años de prisión efectiva. Un jurado popular lo encontró culpable de ordenar a sus subordinados elevar al máximo la práctica de ejercer detenciones masivas. Contra él declararon y denunciaron tres policías que, a partir de su determinación, fueron castigados de hecho por la fuerza de seguridad en un gesto corporativo. Es que las órdenes de Márquez apuntaban a elevar a la enésima potencia las estadísticas en un ejercicio de razzias para un cada vez más perfeccionado control social. El que no las cumplía, también era sancionado. Fueron 42.700 las detenciones arbitrarias en razzias en el 2011, año de la denuncia contra el ex jefe policial.

En Mar del Plata, también por estos días, la abogada de la familia de Tomás Pérez, de apenas 15 años, asesinado por la espalda por un policía de civil en diciembre pasado, pidió la recusación de la fiscal Andrea Gómez. Que claramente se posicionó en defensa del policía atacante. En declaraciones radiales, Gómez había dicho que la mamá de Tomás es “una delincuente” y que “el policía salió en defensa propia porque los chicos (Tomás y su hermano Leandro) le robaron…si yo fuera el policía no le hubiera dado en la panza, le hubiera dado en la cabeza”. Delicada y ecuánime, la fiscal.

Entre 2012 y 2013, en La Plata, murieron asesinados Maximiliano de León (14), Franco Quintana (16); Omar Cigarán (17); Axel Lucero (16), Bladimir Garay (16) y Rodrigo Simonetti (11). En todas esas muertes, de una manera u otra, estuvo ligada (o sospechada) la policía bonaerense. La misma policía que está investigada por el ataque al estudiante de Psicología Rafael Cobo, que recién fue dado de alta 12 días después de recibir balazos dentro de un centro cultural en el que el policía Julián Cabañas discutía con su pareja, también policía. O que está en la mira por el crimen, dentro de un patrullero de Juan Martín Yalet, en un caso por el que ocho uniformados fueron imputados por “homicidio triplemente agravado por alevosía, abuso de funciones, y por haber sido cometido mediante el empleo de arma de fuego, en concurso real con la falsificación material e ideológica de instrumento público”. Uno de tantas historias que se pretendió construir como “suicidio”. De un modo similar, sólo que dentro de un calabozo de Godoy Cruz, murió a 1100 kilómetros de La Plata Leonardo Rodríguez. La suya es una de las tantas muertes ligadas a la brava policía mendocina, la tercera provincia en el ranking de casos de gatillo fácil. A Leonardo lo habían detenido por “averiguación de antecedentes”.

La Metropolitana que atacó a Lucas Cabello, la bonaerense que se ensañó con Rafael Cobo, Juan Martín Yalet, Omar Cigarán, Tomás Pérez; la policía mendocina que detuvo “por averiguación de antecedentes a Leonardo Rodríguez” que apareció “suicidado” en una comisaría; la policía cordobesa, que se alza con records imparables por detenciones ilegales; los brazos armados de un sistema que tiene poder de fuego. Que mata. Que hiere. Que tortura. Que detiene. Que funciona –al decir de Althusser- “mediante la violencia”. Porque “si existe un aparato (represivo) de Estado, existe una pluralidad de aparatos ideológicos de Estado”.

Cuando Walter Benjamin analiza la violencia, la ubica en una dualidad: fundadora, es decir, que crea derecho; y conservadora, es decir, que preserva la ley. “El ´derecho´ de la policía –define- indica sobre todo el punto en el que el estado, por impotencia o por los contextos inmanentes de cada orden legal, se siente incapaz de garantizar por medio de ese orden los propios fines empíricos que persigue a todo precio. De ahí que en incontables casos la policía intervenga ´en nombre de la seguridad´, allí donde no exista una clara situación de derecho”.

Ya Roberto Arlt, en la década de 1930, retrataba cómo los niños y jóvenes de barriadas marginales huían cuando –a la distancia- detectaban la aparición de un popular comisario gritando “ahí viene Racana”. La institucionalización de la violencia enfatizó, en las últimas décadas, sin embargo, formas de control muy aceitadas que delimitan fronteras, que demarcan calles, que devuelven a territorios de los que los jóvenes víctimas del control social nunca deberían –a los ojos del poder de fuego- haber asomado.

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