Por Carlos del Frade

(APe).- -Le decimos la política del doble pacto. Nosotros pactamos con la policía. No queremos participar de la corrupción de las cajas negras. Pero no las combatimos. Que ellos hagan sus negocios. Pero eso sí, ellos tienen que pactar con las bandas de delincuentes para que el delito no se desmadre como sucede en el Gran Buenos Aires – dice el cronista que le contó uno de los principales referentes en materia de seguridad de una de las provincias argentinas más importantes.

 

El doble pacto garantiza impunidad para hacer negocios y mantener un tolerable nivel de delito. Eso es lo que justifica la acción de los llamados gobiernos progresistas a la hora de resignarse ante esas sociedades anónimas armadas que son las fuerzas policiales de cada uno de los estados argentinos.

Una resignación que trae la derrota en breve.

Es la ecuación de Frankenstein. Los monstruos se vuelven contra sus creadores.

A horas nada más del famoso bicentenario, la dirigencia política supuestamente más lúcida del país plantea esta relación con sus fuerzas policiales.

Encorsetar la corrupción no equivale a disminuir los delitos, al contrario. Los amplifica, los multiplica.

El huevo de la serpiente. La ecuación de Frankenstein.

Si lo relatado por el cronista es la verdad en todas las grandes provincias argentinas está claro que no puede haber seguridad alguna porque lo único garantizado es el delito desde las propias fuerzas que están, supuestamente, creadas para evitarlo.

De allí entonces que cualquier negocio sea posible con el dinero del pueblo. Porque pueblo y estados son rehenes en esta trama macabra del doble pacto.

Las últimas estimaciones periodísticas sostienen que hay ochocientas empresas de seguridad privada e investigaciones en toda la Argentina.

Un fenomenal negocio que deja en oscuras manos nada menos que 10 mil millones de pesos por año. Fomentar la inseguridad, entonces, genera ganancias millonarias.

Dice la investigación que “semejante número es posible gracias a un silencioso ejército de 200 mil vigiladores privados que trabajan un mínimo de 10 horas diarias y que custodian los bancos, edificios, empresas, consorcios, barrios, countries, depósitos y plantas industriales de todo el país junto a las fuerzas estatales de seguridad. De los 200 mil efectivos, que cobran un salario promedio de 1.500 o 1.600 pesos mensuales, el 25 por ciento es ilegal, es decir que en todo el país hay unos 50 mil agentes privados que reportan a una estructura de seguridad paraestatal que elude los controles del Estado, algo muy similar a una dimensión desconocida del control armado”, apunta la nota que es la base de esta crónica.

Sólo en la zona compuesta por Capital Federal y Gran Buenos Aires, “hay entre dos y tres vigiladores privados por cada policía. Según los últimos datos oficiales, la Policía Federal cuenta con 41.600 efectivos repartidos en todo el país. De ellos, más de 30 mil están apostados en los 203 kilómetros cuadrados de la ciudad. En el caso de la provincia de Buenos Aires, su tropa supera los 80 mil hombres, pero el 60 por ciento de su estructura está concentrado en los tres cordones del conurbano bonaerense”.

El negocio de la inseguridad parece ser una consecuencia directa de la imposibilidad de una política de estado que garantice la justicia social, en primer lugar, para después construir una convivencia colectiva diferente y con fuerzas de seguridad que no se sientan impunes para impulsar el delito en todas sus ramas.

Se llama la teoría del doble pacto, la ecuación de Frankenstein, el huevo de la serpiente, el negocio de la inseguridad.

 

Fuente de datos:
Diario Crítica de la Argentina 12 y 13-12-09

Edición: 1665

Recién editado

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