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Por Nadia Fink
(APe).- En el barrio Zavaleta, en Pompeya, hay una casa en la que falta Kevin. En la casa, una puerta y una ventana de vidrio. En la ventana de vidrio hay un agujero de bala, testigo mudo de la mañana lluviosa del 7 de septiembre de 2013 en la que esa bala alcanzó a Kevin, de 9 años, acurrucado y con miedo debajo de la mesa. Y en esa casa, con esa ventana de vidrio con un agujero de bala en la que falta Kevin, su familia sigue construyendo, sigue levantándose cada mañana, trabajando, estudiando y pidiendo justicia en forma incansable. Un año y dos meses después, fueron imputados los prefectos que liberaron la zona.
Aquella madrugada, días antes de una primavera que no floreció en Zavaleta, dos bandas narco se disputaban un “kiosquito” que había sido cerrado una semana antes.
Justo enfrente de la casa de Kevin y familia, estallaban disparos de armas de guerra desde la madrugada. La lluvia no cesaba y las balas tampoco. Los vecinos, desesperados, llamaron al 911. Ese 911 que el ministro de Seguridad, Sergio Berni, hoy publicita desde la televisión, y al que califica como “el mejor servicio de Latinoamérica”, con GPS, numerosos puntos de contacto inmediato en toda la ciudad, con la mejor tecnología para ubicar vía satélite el punto desde donde se emite el llamado. Ese mismo que aquel día –entre las 8.25 (cuando aún Kevin estaba con vida) y las 10.32– ninguneó a cada vecino que llamaba (“¿Zavaleta? ¿Es Capital o Provincia? ¿Puede indicarme otra calle que no lo encuentro?”, respondían del otro lado) con preguntas dilatorias; aquel servicio anónimo que preguntaba con insistencia “¿su nombre, señor?”. Pero además, al describir con grandes adjetivos los numerosos avances tecnológicos en materia de seguridad, no menciona, en absoluto, a las fuerzas corruptas de seguridad. Hace escasas horas, tras cajoneos y abandonos, el Fiscal Giménez solicitó por fin al Juez Correccional que indague al Oficial Principal Daniel Stofd, al Cabo Segundo Walter Quiñones, al Cabo Primero Miguel Medina, al Ayudante Principal Darío Chique, al Ayudante de Tercera Fabián Salas, al Cabo Segundo Enzo Miño y al Cabo Segundo Raúl Gómez.
Pero volvamos al día aquel: Cuando ya habían sonado más de 30 disparos, con una garita de Prefectura a 50 metros y otra de Gendarmería a 100, la inspección en la zona por parte de los prefectos arrojó “resultados negativos”. En apariencia, no había tiroteo alguno en esa casilla. Pero cuando se retiraron (“incluso una vecina escuchó que dijeron: ‘que se maten entre ellos que después vamos a buscar el cuerpo’”, nos cuenta la mamá de Kevin), se dispararon 75 balas más. Una de esas balas dio en la cabeza de Kevin.
El abogado de la familia, Luciano Ortiz Almonacid, detalla: “Acá el foco no está en las bandas narco, sino en la inseguridad generada por las fuerzas de seguridad, o la peor forma de poder que tiene hoy la policía que es la zona liberada, la gran forma de actuación delictiva de todas las fuerzas de seguridad. Y debería existir una norma específica porque hoy se toma bajo la figura de ‘incumplimiento de deber de funcionario público’ que representa solo dos años de prisión”.
¿Qué respuestas daban prefectos y gendarmes? Veamos algunas de las modulaciones de radio que se hicieron entre la base (el “infalible” 911) y las fuerzas de seguridad que se encontraban trabajando en la zona:
8.41: “Señor, acabo de pasar por Iguazú e Iriarte y negativo detonaciones y negativo masculinos en la vía pública (…) y en la manzana me encuentro próximo, porque sería a continuación de la manzana 55 nomás”.
8.52: “Captado departamento, me vuelvo a desplazar, hace 2 segundos salí de ahí de la plaza Kevin y negativo masculinos en esa plaza”.
8.58: “En estos momentos departamento me encuentro en la Plaza Kevin y el panorama es normal”.
Mientras emitían esas respuestas, a poca distancia de donde informaban estar (la Plaza Kevin queda a unos 50 metros y fue bautizada así por otro niño asesinado años atrás por una bala narco o policial, a esta altura, entreverados en una asociación ilícita y mortal), sonaban disparos de FAL, UZI y pistolas 9 mm. “Es imposible negar, primero el conocimiento directo del tiroteo con armas de guerra... ¿Que un gendarme no lo sepa? Tiene el sonido que todos escuchamos en una película de Hollywood, muy fuerte y particular”, aclara Almonacid.
Sin embargo, los fiscales distritales de Pompeya de la causa, Adrián Giménez y Marcelo Munilla Lacasa (ya tristemente conocidos por ser los del caso Fernando Carrera, el que por sus irregularidades terminó siendo una película de Enrique Piñeyro, The Ratti Horror Show), no citaron a gendarme o prefecto alguno.
Roxana habla de Kevin y su cara se ilumina. Lo recuerda con un nene muy alegre, con una alegría que la sorprende porque no la encontró en el resto de sus 13 hijos. Tal vez que fuera el más chico de sus varones (“el bebé”) influyera en esa mirada de predilección. Por eso ríe cuando nos cuenta que “cuando pasaban programas de música yo le hacía mímica de cantante, con un peine o un cepillo como micrófono, y él se ponía de todos los colores”. También cuenta sobre el problema de pronunciación que tenía (y todos lo recuerdan así, porque no paraban de embromar con eso): “Cuando había la tarea, me decía: ‘ma, me das un sacaputas’. Y yo le decía: ‘se dice sacapuntas’. ‘¿Y yo que te dije?’,
me contestaba ofendido”. Roxana también comenta que encontró hace poco, ordenando, el turno que había conseguido en la fonoaudióloga, en una fecha en la que ya no estaba para poder llevarlo…
También charla sobre aquel día en que debió llevarlo herido al hospital en el auto de un vecino porque las ambulancias no entran a las villas (“¿Cómo puede ser que instalen casillas de seguridad y que no entren ambulancias a los barrios?”). “Ya era tarde cuando legamos al hospital. Pero a pesar de eso, me lo entregaron recién el lunes a la noche, mientras la Presidenta terminaba de hacer un acto acá nomás, en la 21, a mí me entregaban el cuerpo de Kevin”. Con el acto se refiere a la inauguración de la casa de la cultura que se realizó esa tarde en la Villa 21, y que presidió Cristina Fernández. Y entonces, una compañera del movimiento La Poderosa interviene: “Hay que tener en cuenta que la familia de Kevin recibió un subsidio que el Estado Nacional les da a los familiares de las víctimas de violencia institucional; o sea, el mismo Estado lo está reconociendo como caso de violencia institucional. De hecho lo relacionado con el tiroteo se lleva adelante pero es una causa de la justicia, no es que encubramos o que no nos interese que se resuelva quién disparó ese día, sino que el Estado tiene que hacerse cargo de sus fuerzas de seguridad”.
La referencia de las dos vías que lleva a justicia se trata de las dos causas que se abrieron: La primera se inicia inmediatamente, y queda a cargo del juez subrogante Hernán López de juzgado de instrucción Nro 41 que investiga a las bandas narcos que mataron a Kevin. El 25 de septiembre de 2013, luego de tomarles declaraciones a algunos gendarmes y prefectos que habían estado allí, vislumbra la posibilidad de que hubiera irregularidades en su accionar, por lo que se traslada al juzgado correccional Nro 14 dela fiscalía de Pompeya, (los dos juzgados tienen juez subrogante) y el 25 de septiembre lo trasladan al Ministerio de Seguridad. “Desde que recibieron el expediente, los fiscales no citaron a un solo gendarme, no los acusaron nunca, no hicieron nada. Cuando le preguntaba qué pasó que no se movía, alegaban ‘criterios de investigación’... esto no lo es: es una forma de cajonear una causa porque tiene dos años máximo, y ya pasó un año”, completa el abogado Ortiz Almonacid.
Mientras tanto, La Poderosa sigue acompañando a Roxana y generando alternativas contra el abuso (o la liberación de zona) que ejercen policías, prefectos o gendarmes en Zavaleta. Así nació la construcción de una garita para que los vecinos puedan denunciar directamente. “El control de las fuerzas de seguridad nació de una asamblea que se llama Vecinos en alerta”, aclara otra de las compañeras. También realizaron una marcha al Ministerio de Seguridad al cumplirse un año de la muerte de Kevin, el 7 de septiembre pasado. La idea es seguir activando para que el caso no proscriba, desde la organización social, con la lucha en las calles, y desde lo legal también: “Elaboramos un escrito de crítica a la acción investigativa, que vamos a firmar con Roxana... porque hoy poner el foco en los llamados que se realizaron al 911 es desnaturalizar el proceso y es beneficiar a los responsables”, aclara el abogado.
El pedido por justicia no cesa en Zavaleta, no descansa para Roxana, que sigue recordando cómo más de 600 vecinos se acercaron a despedir a Kevin. Su ausencia es un agujero en el pecho para cada compañero, familiar y vecino. Como el agujerito en la sonrisa de Kevin, símbolo de la injusticia y de la complicidad político-judicial.
Edición: 2812
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