Una brisa en la tormenta

Por Alejandro Rebossio / especial para APe
 

   (APe).- Lara tiene 11 años y hace ocho su padre, el entonces policía Miguel Ángel Mazo, mató a su madre, Florencia Albornoz, en Quilmes. Lara vive desde entonces con su abuela, Esther Robledo, y su hermano mayor, de 14 años, que su madre tuvo con otro hombre. A su abuela los ingresos apenas le alcanzan para llegar a mitad de mes. Pero la nueva ley Brisa permitirá que Lara y otros 2.100 menores de 21 años que perdieron a sus madres en femicidios reciban una pensión mínima y obra social. Esther espera que esta reparación económica le permita cubrir necesidades de Lara.

"Primero la llevamos al psicólogo. Había que pagar", recuerda Esther. "El psicólogo nos mandó al psiquiatra. Y cada vez le aumentan más los medicamentos. Se autoagrede. Nunca la tenemos que dejar sola", se emociona su abuela.

La diputada Alejandra Martínez (UCR-Jujuy) explica por qué impulsó esta ley llamada Brisa, por el nombre una beba de dos años cuya madre fue víctima de femicidio: "Las familias que acogen a las víctimas colaterales no tienen cómo afrontar los gastos. Entonces por un lado está toda la situación de tragedia, que afecta psicológicamente, físicamente en muchos casos también, y, por otro lado, todas las carencias para la vida cotidiana. Es lo que pasó con Brisa".

La norma fue aprobada por unanimidad. Fue idea de la asociación civil La Casa del Encuentro, que acompaña a mujeres víctimas de violencia machista y trata de personas, en una Argentina en la que ocurrieron 2.679 femicidios en los últimos diez años. La presidenta de La Casa del Encuentro, Ada Rico, cuenta que elaboraron la norma a partir de la experiencia: "Es muy difícil solventar no sólo la alimentación, la educación, sino también trabajar en lo que le ha sucedido a ese menor. Porque a ese menor le mataron a la mamá, pero el asesino es el padre. Por lo tanto, tiene que recibir un tratamiento psicológico para poder elaborar el duelo".

En 2012 se había aprobado la ley de femicidio, que agravó la pena del homicidio de una mujer o persona trans cuando esté motivado por su condición de género. El año pasado otra norma le quitó la responsabilidad parental a los padres que asesinan a las madres de sus hijos. Pero esta ley rige para los casos posteriores a 2017.

Por eso, Esther Robledo sólo cuenta con la tenencia transitoria de su nieta, mientras el asesino de su hija ya ha cumplido ocho de los 12 años de condena. "Yo todavía no tengo la tenencia definitiva. Por eso, la nena tiene miedo de que venga el padre, pero no para que la lleve sino para terminar con la vida de ella también", lamenta la abuela de Lara.

La prevención, el acompañamiento de las víctimas y el funcionamiento de la justicia son aún déficits en la lucha contra la violencia machista.

Edición: 3659