Un desalojo como radiografía de la disputa por la tierra

Por Claudia Rafael

(APe).- De aquel poblado de más de 2500 personas en su esplendor, entre los 50 y los 60, queda hoy muy poco. Apenas un manojo vive en Colonia Gobernador Lanusse, a escasa distancia de Wanda, Misiones. Infantería, una topadora y un camión de la empresa forestal Arauco irrumpieron en el caserío de las familias productoras Garcete, López y Woronobis. Incendiaron una vivienda, destruyeron pertenencias, detuvieron a algunos de los integrantes de esas familias bajo la imputación de “desobediencia judicial y resistencia”.

Y el nombre Arauco, en ese contexto, no es azaroso. No hay en todo el país una concentración tan amplia de tierras en una sola provincia como la que tiene esa firma chilena en sus manos. Con una larga historia de conflictos en sus espaldas en los que, con una sistematicidad cruel, se empeñó –con todo tipo de metodologías- en tratar de poner los pies sobre la cabeza de los más vulnerados.

Una historia de pequeños davides contra un poderoso Goliat empeñado en avanzar en sus prácticas extractivas. La discusión de fondo para el conflicto es, una vez más, el modelo de producción. Hace una decena de años que las familias productoras desalojadas ocuparon el caserío, crían gallinas y chanchos y trabajan la tierra.

Hasta el viernes por la mañana. Se ve en los videos que circularon por las redes el momento en que las llamas del fuego van devorando una pequeña casa de madera. Hay una orden judicial con la firma de Juan Francisco Vetter, juez en lo Civil, Comercial y Laboral de Puerto Iguazú con la empresa Arauco Argentina como demandante. Con una ejecución de desalojo a cargo de la jueza de Paz de Wanda, Yngridt Radke.

Argentina es el octavo país del planeta en extensión, con 2,78 millones de km2. Y la derogación de la Ley de Tierras que establecía un tope de 15% para la tenencia de tierras en manos extranjeras (tanto a nivel nacional como provincial) habilitó el avance de inversores desde otros países.

La lista es larga pero bastan unos pocos ejemplos. La empresa china High Luck Group Argentina tiene más de 1 millón 100 mil hectáreas entre concesiones para la extracción de petróleo crudo y gas natural en la provincia de Salta. El Grupo Benetton cuenta con 920.000 hectáreas entre Chubut, Santa Cruz, Río Negro y Buenos Aires con cabezas de ganado ovino y bovino y sembradíos de trigo, maíz, soja, girasol y papa. Integra Lithium casi roza las 600.000 hectáreas y con la presidencia del emblemático José Luis Manzano, como se puede vislumbrar con el nombre de la firma, tiene al litio como la niña de sus ojos.

El diario Perfil hizo en febrero de este año un listado de los 20 más grandes terratenientes del país. Detrás de esos tres, que son los primeros de lista en cantidad de hectáreas, le siguen Cresud SA, de Eduardo Elzstain, que además de amigo de Javier Milei y dueño del conglomerado inmobiliario y de shoppings IRSA, tiene 538.822 hectáreas en las provincias de Santa Cruz, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Chaco, Catamarca y Salta. Y, en el noveno lugar, detrás de Pérez Companc y Ledesma, entre otros, sigue Arauco S.A., con 264.334 hectáreas. Con cinco unidades de negocios: Forestal, Celulosa, Maderas, Paneles y Energía.

La historia es extensa en material de archivo. Y va mucho más allá del triste episodio del viernes pasado en Colonia Gobernador Lanusse. A unos 100 kilómetros de distancia, la comunidad Puente Quemado II del pueblo Mbya Guaraní vive desde hace más de medio siglo en Garuhapé en una posesión ancestral de unas 660 hectáreas. Pero desde el inicio de los 2000 quedaron encarcelados por el monocultivo de pino y eucalipto, una especie foránea, capaz de propagar las llamas con una voracidad que no tienen mínimamente las especies nativas. En un avance que tiene la paternidad de la empresa Arauco. “Perdimos monte, medicina, cultivos y viviendas. Los pinares son de la empresa multinacional Arauco, que está invadiendo nuestro territorio desde hace años” dijo a APe el cacique Santiago Ramos en septiembre 2022.

No es tan simple la historia como poner blanco sobre negro los detalles más cruentos de esa batalla de davides contra goliats. Hay mucho más condimento en el medio que tiene vínculo estrecho con los entramados ocultos de una larga historia de poder. Por caso: se puede observar cómo se van construyendo las telarañas cuando se leen los medios periodísticos de las localidades ubicadas en los territorios en los que la forestal está asentada. “La empresa forestal Arauco Argentina donó los materiales para los baños y pisos del nuevo Centro de Oncología del Hospital Samic Eldorado”, se lee en la Red de Medios de Misiones en 2021. Y un paneo por otras publicaciones amplía el paquete de donaciones a geriátricos, escuelas, hospitales. Un feudo construido en el noreste del país con estrechos vínculos en la construcción política en la provincia. ¿Acaso no ha sido la misma práctica paternalista aplicada hasta el infinito por poderosos empresarios con fuerte ligazón con las poblaciones?

Hay veces en la historia que algo sale mal en la construcción de los prolijos relatos que emergen de ese poder feudal. Como cuando, once años atrás, fue asesinada Itatí Piñeiro en Puerto Esperanza. Con apenas 18 años, le colgaron su crimen a un compañero de la escuela que –según se hizo circular entonces- se habría suicidado antes de declarar. Aunque las familias de los dos se unieron para denunciar conjuntamente las sospechas de que se hubiera tratado de un homicidio de los hijos del poder. Con similitudes con aquel de María Soledad Morales, en Catamarca. Y el apellido que unos y otros ligaron a la muerte de Itatí es Gruber. Se lee en Misiones Cuatro: “desde el inicio hubo sospechas de la participación en el crimen de Fabián Gruber –hijo del ex diputado y ex intendente de Puerto Esperanza Gilberto Gruber y sobrino del actual alcalde, Alfredo Gruber- y un grupo de “hijos del poder” local. Sin embargo, la justicia misionera no avanzó sobre esa pista. Todo ello en medio de denuncias de adulteramiento de la escena del crimen, manipulación del cadáver y amenazas a testigos en la mencionada ciudad”. Una familia con estrechos vínculos políticos con la forestal Arauco.

Nada de eso echa por tierra el poderío antes construido. Implican, en todo caso, una pequeña mancha destinada al olvido y únicamente resguardada en la memoria de los familiares y afectos de la víctima. De la que los victimarios se sacuden como si se quitaran una pelusa de sus ropas.

En esos entramados, la forestal Arauco, de capitales chilenos ha ido desplazando –con el aval del Estado- a los verdaderos dueños de la tierra.

Reproduce Darío Aranda en Tierra Viva apenas unos meses atrás el diálogo con el cacique Santiago Ramos en el que el referente de la comunidad Mbya Guaraní le cuenta que Arauco le ofreció, para toda la comunidad, dos hectáreas para “sembrar maíz y mandioca”. Dos hectáreas en medio de 264.334. Es decir, el 0,00075 por ciento. Y argumenta el cacique: “La única buena relación de la empresa es con quien no reclama. Porque la empresa hace lo que quiere en todos lados. Se lleva bien con los mburuvicha (caciques) que no reclaman. Esa es la "buena relación" que quiere la empresa”.

Las familias desalojadas el 5 de julio quedaron en la calle. Sin un techo, sin esa pequeña porción de tierras en las que producían, sin el sueño que venían construyendo en el lugar desde hace una decena de años.

Acorralados en medio del feroz ejército de pinos y eucaliptus que los rodeaban y que –como el detalle final en una fotografía temible- insumen 3 litros de agrotóxicos por año y por hectárea de monocultivo. En una práctica que arrasó con humedales, con palmares y con sabanas nativas exiliados forzosamente de los territorios.