Trapitos, absurdos e hipocresías (II)

Por Carlos del Frade

(APe).- Uno de los principales problemas de la política es trabajar sobre las consecuencias y muy pocas veces en relación a las causas. El miércoles 6 de mayo de 2026, en la Legislatura de la Provincia de Santa Fe, en el seno de la comisión de seguridad pública, representantes de los municipios de Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Rafaela, Reconquista y Santo Tomé, participaron del debate sobre la ley que intenta prohibir la actividad de los cuidacoches, limpiavidrios o trapitos. Si hay algo que quedó claro es que se trata de una mínima cantidad de muchachos que genera malestar en las poblaciones del centro de estas localidades.

En la ciudad de Rosario, por ejemplo, cercana al millón de habitantes, son 754; en Santa Fe, con alrededor de 500 mil habitantes, 475 personas; en Villa Gobernador Gálvez, con una población de casi 93 mil personas, tiene un relevamiento que no supera la veintena de trapitos; Rafaela, la llamada perla del oeste santafesino, con más de 121 mil habitantes, contabiliza alrededor de cien cuidacoches; Reconquista, norte profundo de la provincia, más de 84 mil habitantes, informa que el problema está en 67 personas y Santo Tomé, con 75 mil personas, quiere castigar a una docena de personas y encerrarlas en las cárceles, como dijo el intendente.

Es decir, que en una población aproximada de un millón novecientos mil personas que suman estas seis ciudades, los intendentes, algunos senadores y algunos diputados y diputadas entienden que debe haber una ley que permita que los municipios vayan en contra y encierren a 1.428 personas excluidas que intentan juntar unos pesos como cuidacoches, limpiavidrios o trapitos.

1.428 personas fuera del sistema se convirtieron en uno de los principales problemas de la política santafesina. Un desatino. Con una mínima política de inclusión social parecería ser suficiente. Sin embargo hay lugar para pedir mano dura y posar con rostros severos porque el clima actual de ferocidad y cobardía parece premiar esa batalla contra los empobrecidos y saqueados.

En esta media docena de ciudades, los funcionarios de los ejecutivos coincidieron en señalar que la geografía con mayor cantidad de reclamos y alarmas por las actividades de algunos trapitos es la del centro urbano.

Aunque en casi todas las experiencias relatadas hubo un intento de reinserción social a través de cooperativas, las voces expresaron que muchas de estas personas ingresan en actividades delictivas.

Es allí donde comienza a aparecer la indispensable pregunta sobre qué hace la mítica policía de la provincia de Santa Fe.

Son muy elocuentes los casos de las dos más grandes ciudades, Rosario y Santa Fe, cuando afirman que los inspectores municipales no pueden participar de la organización de la seguridad en los llamados eventos deportivos porque la policía no se los permite. Es allí donde aparece una parte de la verdad: en esos momentos quienes trabajan de cuidacoches son los elegidos por esas bandas narcopoliciales que son las llamadas barrabravas de los cuatro clubes que se encuentran en los torneos de la AFA, como son Central, Ñuls, Unión y Colón. Hay inseguridad porque es un negocio garantizado por la zona liberada que establecen los nichos corruptos de La Santafesina SA.

La ley que se impulsa, en realidad, parece ser una superposición legal a lo que ya está reglamentado en los códigos penales, civiles, de faltas y en las leyes provinciales y nacionales vinculadas a la seguridad.

La prohibición de los trapitos es la necesidad de negar la exclusión social en las avenidas y calles del centro de las grandes ciudades. Su persecución es otra de las tantas formas de castigar a los ya castigados. Pedir cárceles para estas personas remarca la matriz hipócrita y cobarde del sistema que se muestra duro contra los desesperados y cómplice de los delincuentes de guante blanco.

Y aún las personas que puedan incurrir en hechos violentos parecen proceder de la falta de trabajo real en una provincia que exporta 16 mil millones de dólares anuales y, sin embargo, tiene 600 mil personas por debajo de la línea de la pobreza en las grandes ciudades como son Rosario y Santa Fe.

Parece un gesto de obscenidad centrar la atención sobre un universo tan pequeño de personas mientras se multiplica la pobreza y la desocupación y cuando los números de suicidios y circulación de armas y drogas no paran de crecer en la provincia y en el país.

En esta impostura de la política santafesina, hija directa de las encuestas de opinión sobre los problemas que identifica la población, hay una triste marca de la permanente degradación de la actividad pública.

Alguna vez en Rosario, en tiempos del terrorismo de estado, un intendente que venía de la política, decidió construir un gran muro para tapar las villas miserias que crecían en la zona sur de la entonces ciudad obrera.

Aquella solución de tapar o eliminar a los desesperados hoy se repite en esta lógica inmanente en la prohibición de los trapitos.

Como si las cuestiones sociales derivadas de la concentración y extranjerización de riquezas se solucionaran con no verlas o encarcelarlas.