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Tras más de dos décadas, la Justicia procesó a 19 personas por la desaparición forzada de Sergio Avalos, que tenía apenas 18 años cuando, en 2003, sus rastros se perdieron en el boliche neuquino Las Palmas. Un larguísimo camino de impunidad empieza a resquebrajarse. A los 91 años, don Asunción Avalos sigue esperando.

Si la lucha son todas las luchas, hay una necesaria continuidad entre niñez, jubilados y pueblos originarios. La democracia fetiche necesita hacer negacionismo de todo origen. La cultura represora, el Gobierno de Ocupación, las derechas no toleran conocer ningún origen porque necesitan indultar los destinos. Por eso somos parte del nuevo malón de la justicia y de la paz.

Y ante el terror redimido, ante la sangre de los hijos y de los nietos que vuelve a llover con las tormentas, ante las heridas que se desgarran nuevamente como si la carne se hubiera roto ayer, ante la criminalidad entronizada, ante la crueldad de rango institucional, bajó la calle. Centenares de miles. Más de un millón en todo el país se apropió de la calle.

Dos grupos de pibes. Uno responde a un entramado criminal que roba vehículos para revenderlos, regenteando pibitos desde los 12. Otro se divierte disparando a personas en situación de calle. La justicia justa y equitativa, la baja de imputabilidad y la libertad propia de una democracia bastardeada por los privilegios de clase.

En los mismos días se están desentrañando tres juicios por historias diferentes. La justicia podrá establecer condenas pero que no podría rescatar a la vida a seis niños y adolescentes asesinados por la mano armada del Estado o por los venenos que ese mismo Estado permite utilizar en los cultivos.

Con la inmediatez de la agenda, se replicaron memes y pedidos para que, además de pudrirse en la cárcel, a los condenados se los expusiera a la peor de las vejaciones. Se viralizaron los pedidos de violación y las cámaras de tevé se instalaron en la puerta del penal, como nunca cuando hay motines por hacinamiento.

Durante más de 20 audiencias se juzgará penalmente a ocho rugbiers acusados del crimen de Fernando Báez Sosa. Hundidos en un pacto de silencio. Quedan y persisten una serie de elementos no penales que van desde la impiedad a la hegemonía y el sentimiento de superioridad de clase.