Seis policías condenados por la masacre de Pergamino

Por Martín Stoianovich (*)

(APe).- El fallo fue polémico porque, además de no alcanzar las penas pedidas por la mayoría de los familiares querellantes, cuatro policías gozarán de prisión domiciliaria. La bronca se hizo sentir a casi tres años de una de las peores masacres en comisarías argentinas.

Condenaron por el delito de abandono de persona seguido de muerte a los responsables de “la masacre de Pergamino”, como se conoce al hecho ocurrido el 2 de marzo de 2017 en el que siete chicos detenidos en la Comisaría 1 de esa ciudad murieron asfixiados a raíz de un incendio que la policía no evitó ni frenó. Para el fiscal que investigó el hecho los policías que trabajaban ese día en la comisaría no hicieron nada para resguardar la vida de los detenidos que estaban bajo su custodia.

El Tribunal Oral en lo Criminal 1, integrado por Miguel Gáspari, Guillermo Burrone y Danilo Cuestas, condenó a seis policías con penas que van desde los seis a los quince años. Cuatro de los condenados gozarán de prisión domiciliaria.

La tarde del 2 de marzo de 2017 corrió riesgo la vida de diecinueve personas detenidas en la comisaría 1° de la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires. Doce sobrevivieron, siete murieron asfixiados, hacinados y abandonados. Ellos eran Sergio Filiberto, de 27 años; Fernando Latorre de 24; John Claros de 25; Alan Córdoba de 18; Federico Perrota de 22; Juan José Cabrera de 23 y Franco Pizarro de 27.

La masacre se desató después de la discusión entre dos detenidos, pasadas las seis de la tarde. Tres empleados de la comisaría, el imaginaria de calabozos Brian Carrizo y los oficiales Alexis Eva y Matías Giulietti, aplicaron un castigo común ante este tipo de disturbios: el encierro de todos los detenidos en tan solo cuatro calabozos y una sala de contraventores. La respuesta de los detenidos también fue la más habitual: la protesta. Esta historia está atravesada por la indiferencia de los policías hacia los detenidos y así actuaron desde el comienzo, por eso desoyeron los reclamos y ni siquiera se atuvieron a intentar calmar los ánimos cuando la protesta pasó a la quema de unos pedazos de colchones de goma espuma.

Cuando prende materiales no ignífugos en espacios cerrados, el fuego se propaga con tanta velocidad como también lo hace el humo espeso y tóxico. Esta historia también está repleta de irregularidades que delataron las pésimas condiciones de alojamiento de los internos en comisarías: una irregularidad dentro de otra. Los materiales no ignífugos están prohibidos justamente por este riesgo que se propagó hasta ser un hecho. Los policías también ignoraron el reclamo de los detenidos en otras celdas cuando el fuego creció y los alarmó. Solo movieron a dos de los detenidos los espacios menos afectados por el humo. Los que estaban más comprometidos, los chicos hacinados en la celda 1, no tuvieron asistencia. El imaginaria Brian Carrizo se fue de su sector de trabajo justo cuando el fuego empezó a devorarse las cortinas de la celda, e hizo arder y explotar casi en el mismo instante a un televisor. Los chicos intentaron apagar el fuego, sin demasiados recursos. De haber podido utilizar el agua de la canilla de la celda, el desenlace de la historia pudo haber sido otro. Pero la llave de paso estaba afuera, es decir en manos de la policía. Y nadie la abrió. En pocos segundos también ardieron los demás colchones de la celda y todo, para entonces, fue un grito desgarrador.

Para los detenidos las posibilidades de hacer algo fueron acabándose, y la desesperación fue tal que, mientras pudieron, acudieron a mandar mensajes de texto a sus familiares. Contaron lo que estaba pasando y pidieron que se acercaran a la puerta de la comisaría a reclamar. La desesperación, así, también fue afuera. Pero tampoco alcanzó. Media hora después de que se supone que arrancó el primer foco de fuego, cerca de las 18.45, llegaron los bomberos. Para la querella de la Comisión Provincial por la Memoria “la tarea de rescate fue obstruida continuamente por los funcionarios policiales: no colaboraron con la entrega de las llaves para que pudiesen abrir y controlar el fuego”. “Además, como no habían sido alertados sobre la gravedad y dimensión del incendio, debieron reorganizar el plan de rescate una vez que llegaron al lugar y detectaron la gravedad de los hechos”, describieron en su informe. Fue así que por la falta de auxilio los siete detenidos en la celda 1 murieron. El último mensaje de texto salió del celular a las siete de la tarde.

“La causa que motivó el encierro de los detenidos en sus celdas, el reclamo originario desoído y la indiferencia policial, la magnitud que adquirió el fuego, el pedido de auxilio desesperado que se solicitó desde las celdas, la inacción policial como respuesta, la demora en llamar a los bomberos y la obstaculización policial de su trabajo pudieron reconstruirse en la causa judicial a partir de las pericias realizadas y las declaraciones testimoniales de las víctimas sobrevivientes”, explicaron desde CPM.

El juicio

Fueron seis los policías que trabajaban en la comisaría al momento de la masacre. Todos quedaron implicados en la muerte de los siete chicos. Cinco de ellos -Brian Carrizo, Alexis Eva, Matías Giulietti, Denise Guevara y Sergio Rodas- llegaron a juicio por el delito de abandono de persona seguido de muerte. El restante, el comisario Alberto Donza, fue acusado por abandono de persona calificado y abandono de persona seguida de muerte, además que su situación se agravó por haberse mantenido prófugo de la justicia durante catorce meses.

El juicio comenzó el 2 de septiembre pasado y por él pasaron más de cien personas a dar declaración testimonial. Los familiares de las víctimas, los bomberos, vecinos de la comisaría, peritos médicos, psicólogos, especialistas en incendios y otros. Y los fundamentales testimonios de los doce sobrevivientes de la masacre, de los cuales tres se negaron a declarar por el miedo infundido por el contexto: continúan presos y amenazados por la policía.

En la etapa final del juicio el fiscal Nelson Mastorchio pidió quince años de prisión para el comisario Donza. Catorce años para Alexis Eva, trece años para Matías Giulietti y Brian Carrizo, once años para Sergio Rodas y nueve para Carolina Guevara. Su declaración final resonó: “¿Qué hicieron los policías para rescatar y evitar el incendio?: Nada”. Para el fiscal los policías no solo no evitaron el incendio y las muertes, sino que obstaculizaron el trabajo de los bomberos.

La CPM, que representa a los familiares de Sergio Filiberto, Alan Córdoba, John Claros, Fernando Latorre y Franco Pizarro, solicitó penas más altas, ajustadas al delito de homicidio simple. Para Donza pidieron 25 años, y para el resto penas de entre 24 y 21 años. Los representantes de la familia de Federico Perrota y Juan José Cabrera adhirieron al pedido de la CPM, mientras que el querellante por la hija de Pizarro coincidió con el pedido de la fiscalía.

Finalmente la condena del Tribunal dispuso penas de quince años de prisión efectiva para Donza, y de catorce, también en prisión efectiva, para Eva. Mientras que para Carrizo y Giulietti recayó una condena de once años, para Roda de ocho y para Guevara de seis. Estos últimos cuatro gozarán de prisión domiciliaria, tal como habían llegado al juicio.

La lucha sigue

A los pocos días de la masacre de Pergamino, con el dolor a cuestas como hasta ahora, los familiares de los siete pibes encararon un camino que nunca habían imaginado. Hubo algo de impulso natural por el amor al ser querido muerto por responsabilidad del Estado, y hubo también apoyo de organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, referentes nacionales, que impulsaron un andar que nunca cesó. Un andar con un horizonte: el esclarecimiento del hecho y la justicia.
Algo de lo que se debería ocupar el Estado, sin necesidad de un reclamo constante por parte de los familiares.

Aunque ese horizonte con el tiempo se fue ampliando y a la necesidad de hacer justicia se le sumó el objetivo de poner sobre la mesa el contexto en el cual esta masacre tuvo lugar. No se trató de un hecho aislado, sino de un desenlace fatal a una situación que es común en la mayoría de comisarías del país. Según los informes de la CPM el hacinamiento y la sobrepoblación de detenidos en lugares inhabilitados es una problemática extendida. “Entre mayo de 2016 y febrero de 2018, la cantidad de personas detenidas en comisarías se incrementó en 1.082 personas, lo que significa un aumento del 48%. Esto está directamente relacionado con la elección por políticas criminales y de seguridad que asumen la saturación policial de los territorios y el sobre encarcelamiento como objetivo primordial. El resultado más alarmante de esta situación es la cantidad de muertes por encierro: sólo en el último año, la CPM registró 21 muertes ocurridas en comisarías de la policía bonaerense”, explica el informe.

El colectivo “Justicia x los 7” organizó una marcha por las calles de Pergamino para cada 2 de cada mes de estos casi tres años. Viajaron a marchas por casos de violencia institucional a Rosario, a Buenos Aires y a donde las invitaran o pudieran ir. Las, porque las hermanas y madres fueron principalmente las que sostuvieron este proceso. Participaron de encuentros, se sumaron a otras luchas, forjaron un vínculo genuino con los medios de comunicación comunitarios y alternativos. Todo, acaso, lo útil para enfrentar una estructura de poder que suele imponerse a los familiares de la violencia institucional.

Estas luchas no siempre son fructíferas, no siempre el pedido de justicia llega a buen puerto, pero en el caso de este colectivo quedará un ejemplo para otras experiencias. Casi tres años es mucho tiempo, pero no tanto en este tipo de causas en las que hay tantas que duermen en la impunidad.

Sin embargo, la sensación de amargura invadió a los familiares de los chicos cuando en la lectura de la sentencia se supo no solo que no se había tenido en cuenta los pedidos de penas altas, sino que cuatro policía gozarán de prisión domiciliaria. “Bien muertos están”, gritó una mujer en la audiencia, graficando el panorama al cual tuvieron que enfrentarse estas familias y organizaciones. “Ningún gesto de impunidad logrará quebrar el pedido de justicia por los 7”, dijeron desde la CPM.

Edición: 3906
(*) Publicado en Enredando.org.ar