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No hay un solo indicador que vincule la desfederalización con la disminución de la violencia urbana como tampoco con el lavado de dinero cuyas cifras son ostensiblemente ridículas. El largo brazo de la DEA y el imperio, una vez más, se refleja más que en estas posiciones antagónicas de los gobernadores de las dos principales provincias argentinas.
Por Carlos del Frade
(APe).- Trece personas detenidas por delitos vinculados al sicariato y el negocio del narcomenudeo en distintos barrios del Gran Rosario fueron sacados de los pabellones comunes y encerrados en lugares de mayor cuidado. A las pocas horas hubo balaceras contra un banco, el Hospital de Emergencias “Clemente Alvarez” -donde decenas de veces fueron salvados muchos de esos personajes y demasiados de sus socios- y una escuela. En todos estos hechos hubo amenazas contra el gobernador electo Maximiliano Pullaro y su familia. El jueves 14 de diciembre, las cámaras de senadores y senadoras y diputados y diputadas de la provincia de Santa Fe, decidieron adherir a la ley nacional de narcomenudeo, la 26.052, con la idea de “perseguir” al negocio con la policía santafesina como si fuera una garantía de cambio de época.
El viernes 15 de diciembre, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, informó la necesidad de dejar de lado esta ley impuesta desde los Estados Unidos en diferentes países de América del Sur. “Hemos hecho ya el pedido para que todos los delitos vinculados al narcotráfico, ya sea referidos al delito complejo como aquellos de narcomenudeo, se vuelvan a integrar. Hay que volver a unificar su tratamiento en el ámbito de la esfera federal, ya que la separación de un tema tan complicado nos deja en una situación de mayor vulnerabilidad”, dijo. Las cifras que maneja Kicillof le marcan que en los últimos cuatro años fue resuelto solo el 10 por ciento de las más de 90.000 causas por infracción a la ley de drogas iniciadas en el territorio que gobierna.
“Hay que unificar los delitos de narcotráfico en la esfera federal. Vamos a trabajar con los instrumentos necesarios para que esto vuelva a ocurrir. De otra manera, no vamos a resolver este problema más allá de los esfuerzos del Ministerio de Justicia o de la policía, porque hay una separación en la cadena de investigación y en el tratamiento judicial de un delito que, al final, es el mismo: narcomenudeo y organizaciones internacionales”, señaló el gobernador de Buenos Aires.
Mientras tanto las pibas y los pibes empobrecidos son los que atiborran las cárceles, esas fábricas de deshumanización y los que mueren como consecuencia de las disputas narcopoliciales por el control de los gobiernos de facto establecidos en los barrios bonaerenses y santafesinos.
Parece que nadie quiere leer y pensar lo que dicen los números de las estadísticas del Ministerio de Seguridad de la Nación.
La Provincia de Buenos Aires adhirió a la ley de narcomenudeo el 2 de diciembre de 2005, pero los homicidios dolosos se ubicaron en 838 durante 2021 y 740 en 2022; mientras que los delitos por narcotráfico llegaron a sumar 34.410 en 2021 y fueron 43.083 en 2022 mientras que los delitos contra el orden económico y financiero fueron solamente 19 en 2021 y 35 en 2022.
En la Provincia de Córdoba que adhirió a la ley de narcomenudeo el 2 de diciembre de 2012, los homicidios se ubicaron en 88 en el año 2021 y 99 en 2022; mientras que delitos por narcotráfico llegaron a sumar 1.102 en 2021 y 809 en 2022 mientras que los delitos contra el orden económico y financiero fueron solamente de 19 en 2021 y 10 en 2022.
En Salta, que adhirió a la ley de narcomenudeo el 1 de enero de 2014, los homicidios se ubicaron en 63 en 2021 y 53 en 2022; mientras los delitos por narcotráfico llegaron a sumar 4.522 en 2021 y 5.871 en 2022 mientras que los delitos contra el orden económico y financiero fueron solamente 49 en 2021 y 12 en 2022.
En Chaco, que adhirió a la ley de narcomenudeo el 6 de julio de 2015, los homicidios se ubicaron en 64 en 2021 y 49 en 2022; mientras los delitos por narcotráfico sumaron 1.381 en 2021 y 1.282 en 2022 mientras que los delitos contra el orden económico y financiero fueron solamente 8 en 2021 y 1 en 2022.
En Formosa que adhirió a la ley de narcomenudeo el 5 de octubre de 2015, los homicidios se ubicaron en 44 en 2021 y 31 en 2022; mientras los delitos por narcotráfico sumaron 991 en 2021 y 1.479 en 2022 mientras que los delitos contra el orden económico y financiero fueron solamente 5 en 2021 y 1 solo en 2022.
En Entre Ríos que adhirió a la ley de narcomenudeo el 9 de mayo de 2018, los homicidios se ubicaron en 47 en 2021 y 32 en 2022; mientras que los delitos por narcotráfico sumaron 724 en 2021 y 578 en 2022 mientras que los delitos contra el orden económico y financiero fueron solamente 24 en 2021 y 23 en 2022.
En Santiago del Estero que adhirió a la ley de narcomenudeo el 1 de septiembre de 2018, los homicidios sumaron 32 en 2021 y 34 en 2022; mientras que los delitos por narcotráfico sumaron 243 en 2021 y 267 en 2022 mientras que los delitos contra el orden económico y financiero fueron solamente 8 en 2021 y uno solo en 2022.
Y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adhirió a la ley de narcomenudeo el 1 de enero de 2019, los homicidios sumaron 103 en 2021 y 89 en 2022; mientras que los delitos por narcotráfico sumaron 13.854 en 2021 y 7.759 en 2022 mientras que los delitos contra el orden económico y financieros fueron solamente 53 en 2021 y 43 en 2022.
Las investigadoras Patricia Guzmán y Alejandra Zarza publicaron el estudio “Desfederalización en materia de estupefacientes” y concluyen que “a la hora de observar la evolución de las causas en las jurisdicciones “desfederalizadas” efectuando una comparación con las distintas jurisdicciones, se percibe que la implementación de la ley impacta directamente sobre el volumen de causas por estupefacientes que se inician en la justicia federal”.
Agregan que “por otro lado, podemos señalar que la mitad de las causas por estupefacientes que tramitan en la justicia federal se investigan delitos de tenencia simple y para consumo personal”.
Es decir que el verdadero beneficio es para la justicia federal que tiene menos causas vinculadas al narcotráfico.
Nada más.
No hay un solo indicador que vincule la desfederalización con la disminución de la violencia urbana como tampoco con el lavado de dinero cuyas cifras son ostensiblemente ridículas según consigna el relevamiento que produce el “Informe del Sistema Nacional de Información Criminal” del año 2022 y publicado en agosto de 2023.
El largo brazo de la DEA y el imperio, una vez más, se refleja más que en estas posiciones antagónicas de los gobernadores de las dos principales provincias argentinas en el drama que siguen sufriendo sus víctimas, pibas, pibes, jóvenes menores de 35 años.
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