Sandra Cabrera, 15 años después (Parte II)

Por Carlos del Frade

(APe).- A quince años del crimen de Sandra Cabrera, entonces secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, seccional Rosario, publicamos la segunda parte del informe especial de Carlos del Frade.

La visión del fiscal

En el folio 1897 del fallo de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario se puede leer que el fiscal afirma que “si bien la investigación pasó por diversos momentos, encaminándose originariamente hacia el personal de la policía provincial y otros sujetos, no dejándose de escrutar ninguna llamada, nota anónima o testimonio que pudiera encaminar la instrucción a partir de los dichos de algunos testigos, se abre la línea investigativa respecto de la vinculación de Cabrera con Drogas Peligrosas de la Policía Federal, estableciéndose con certeza casi irrefutable que la occisa actuaba como ‘informante’ de la sección, como así también su padre, que no sólo consumía sino que vendía sustancias estupefacientes (marihuana y cocaína) y que algunos ‘remanentes’ de los procedimientos policiales realizados, le eran entregados, dentro de un contexto en donde aparecen involucrados el imputado y otros miembros de la policía federal, pero sólo el aquí procesado es quien habría tenido contacto con la occisa en horas de la madrugada del día en que se produce su deceso, conforme él mismo lo reconoce. A renglón seguido sostiene la fiscalía que no sólo se ha acreditado la condición de informante de Cabrera -que a su juicio adquiere vital importancia- sino también de vendedora de las drogas que le eran suministradas por el propio imputado, estableciéndose así, y al margen de algún acercamiento afectivo, una relación comercial de tipo ilegal, en la que se mueven importantes sumas de dinero, por lo que, en relación al posible móvil del asesinato, estima que sería harto probable que pudiera haber existido algún problema que degenerara en el resultado que motiva la causa, teniéndose en cuenta que se menciona la existencia de un entredicho entre ambos”.

“Destaca que, como se refiere en el auto impugnado, si los elementos de cargo se toman aisladamente -como hábilmente lo hace el defensor -la colecta probatoria cargosa pierde sustento, pero evaluado en su conjunto y conforme la sana crítica racional, los indicios y presunciones son claros, precisos y concordantes para dar sustento a la probabilidad de autoría del sospechado en el hecho investigado. Entiende que si bien la vinculación de Cabrera se extendía a otros miembros de la policía federal, la responsabilidad prima faccie recae en Parvluckzyk no sólo porque aparentemente era uno de los que le suministraban droga para la venta, sino porque a ello se suma la cuestión afectiva y su presencia y estancia -por él admitida -en el lugar y día del suceso, con la fallecida”, dice el folio 1897 del expediente 1166/04.

El fallo de la Cámara

“La actividad de Sandra Cabrera se desplegaba en la prostitución callejera, caracterizada por sus pares como dotada de una fuerte personalidad que no desmienten las numerosas denuncias que la tienen como protagonista, entre las que se encuentran las que habrían generado conflictos con la policía provincial, al punto de motivar el alejamiento de funcionarios. Además, aparece involucrada, conforme a la prueba testimonial recogida, algunas de ellas de su propio ambiente de la prostitución, a la actividad de consumo, tráfico de drogas y de datera -junto con su padre- de personal de la policía federal, al que se brindaba información que habría posibilitado procedimientos y detenciones que, en lo que a la víctima atañe en su caso, habría derivado a través de Parvluckzyk, con quien habría mantenido una relación íntima. La instrucción ha permitido verificar, asimismo, la existencia de denuncias de amenazas contra su vida y de testimonios que mencionan tal tipo de amenazas provenientes desde el padre de su hija hasta de otras personas en diversos contextos públicos o privados que la habrían tenido como protagonista, patentizándose su situación al punto de requerir custodia policial en su domicilio a raíz de las amenazas sufridas y dentro del contexto del conflicto con personal de la policía provincial perteneciente a Moralidad Pública...”.

“...La lectura de la causa permite concluir, como lo hace el a-quo y ya se ha adelantado en parte, por la existencia de una relación que involucra a Sandra Cabrera, a compañeras del ejercicio de la prostitución, a Parvluckzyk y a otros empleados de la policía federal, en un contexto en el que existe trato, relaciones íntimas de algunos con cierta permanencia, pertenencia, protección y en cuestiones vinculadas con la droga -tráfico, consumo, delación dentro de una actividad en la que no suele ser extraña una labor de inteligencia a través de informantes en el medio-. Ciertamente, no es poca la complejidad de la valoración del acervo probatorio a partir de órganos de prueba provenientes fundamentalmente de ese contexto...”, (folio 1898, dictamen de la Cámara de Apelación en lo Penal Rosario, sobre el expediente 1166/04 “Parvluckzyk, Diego Víctor s/homicidio calificado”).

“...Repárese que si es cierto que el Jefe de la Sección Drogas Peligrosas de la Policía Federal, le pidió a Parvluckzyk -como éste afirma- que terminara la relación con Sandra Cabrera y en ese momento se distanciaron para luego volver a encontrarse semanas antes del hecho (extremo que el juez instructor considera sugestivo), tal pedido pudo tener otro motivo distinto al que se infiere. Entre otros, las cuestiones que estaban desencadenándose entre Sandra Cabrera y la policía provincial por las denuncias de aquella y las repercusiones negativas en funcionarios de ese organismo. Este tema bien pudo preocupar en el ámbito de la policía federal, en donde algunos empleados aparecen manteniendo relaciones de parejas y de otro tipo con el ambiente de la prostitución, la droga y con Sandra Cabrera misma en su actuación en las dos actividades. Pero no parece que constituya un motivo del homicidio...”, (folio 1899, del mencionado dictamen).

“...El procesamiento por homicidio agravado que se impugna, en consecuencia, debe fundamentarse en un acervo probatorio superior al de la sospecha, la probabilidad de autoría. Como sostiene el a-quo siguiendo calificada doctrina, la probabilidad requiere que los elementos incriminantes positivos sean en fuerza superiores, preponderantes a los negativos. Este tribunal estima que tal probabilidad o fuerza probatoria preponderante, no existe con lo actuado hasta el momento del dictado del auto, dentro de un panorama tan abierto de posibilidades de autorías y sin ningún elemento probatorio que directa o inmediatamente muestre como autor a Parvluckzyk (en cuanto su relación de proximidad con el objeto de prueba que desvalorice otras distintas inferencias). Solo se puede apreciar un acervo probatorio conjetural que autoriza el motivo bastante para la vinculación al proceso mediante la indagatoria, pero no es suficiente para autorizar el procesamiento, con el peligro cierto de que el grave hecho cierre otros caminos de indagación derivando el caso hacia un juicio no exitoso, en cuanto a la perspectiva de no obtención de la certeza con la que debe probarse la pretensión en la sentencia. En definitiva, y sin perjuicio de las ulterioridades de la investigación, hasta el momento de esta revisión no existe mérito probatorio que probabilice la autoría de Parvluckzyk, por lo que el auto de procesamiento debe ser revocado. Por lo expuesto, la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, resuelve: revocar el auto de procesamiento impugnado...”, dice el folio 1902, firmado por los doctores Alberto Bernardini, Eduardo Sorrentino, Ernesto Pangia y Jorge Baroni, el 8 de noviembre de 2004.

Cierres abiertos

En diciembre de 2004, la causa del homicidio calificado de Sandra Cabrera fue remitida al juzgado de instrucción número 10, a cargo del doctor Alfredo Ivaldi Artacho. Diego Víctor Parvluckzyk ya estaba en libertad por falta de mérito. El expediente ya acumulaba once cuerpos.
El 14 de junio de 2006, el juez ordenó disponer al imputado Parvluckzyk la prórroga extraordinaria de la instrucción por dos años más y con vencimiento el 19 de mayo de 2008.

El 10 de setiembre de 2003, Nancy Cinzano se acercó ante el fiscal, doctor Esteban Franicevich, para decir que hacía entre tres y cuatro meses que recibía la visita del Jefe de Moralidad Pública, Javier Pinatti, y que éste: Me dice que al día siguiente abría en el lugar, concretamente en calle Castellanos entre Santa Fe y San Lorenzo, un local de los llamados volteaderos, que a diferencia de las llamadas whiskerías, son lugares donde tienen habitaciones y las chicas pasan allí con los clientes. Ante ello le manifesté a Pinatti que no iba a haber problemas conmigo siempre y cuando estas chicas no me molesten a mí, que trabajo en la esquina. El problema que se suscita es que hay una cuestión de competencia entre las chicas: los clientes entran al local y al no estar conformes con las del lugar concurren a mí, por lo que la gente del boliche quiere que nos vayamos del lugar. A los pocos días vuelve Pinatti diciéndome que deje trabajar tranquilo el boliche, que no quiere llegar a mayores, no vaya a ser que tenga que venir a sacarte de la esquina de los pelos; ello a consecuencia de que Pinatti obviamente sabe cómo funciona este lugar porque le pagan, dicho esto por los mismos empleados de Moralidad. La semana pasada cortaron la calle por Santa Fe, por lo que por el boliche no pasaba ningún auto y entonces las chicas se paran en la calle en búsqueda de clientes, por lo cual le solicité que ingresen a su lugar ya que a mí me molesta dicha actitud y no respeta los códigos propios de la profesión. A las dos horas aparece Pinatti con un par de subordinados y hablan con la gente del boliche.

Al día siguiente de ello, el viernes, a las 22.30, se me apersona personal de Moralidad y me detiene; al llegar a la jefatura me llama uno de los muchachos y tras solicitarme fuego me dice: “Quedate en el molde y no hagás quilombo. Si te llaman no seas boluda, no peleés con el jefe”, aclarando que sabía qué era lo que decía. Me hace ingresar el subjefe Miranda a su oficina y me pregunta cuál es mi problema con el local y le dije que ninguno, que el problema era de ellos conmigo ya que desde que abrió el mismo, la Brigada no me dejaba de molestar. Tras ello me dijo: “No seas boluda, vos llevás las de perder, estás trabajando en la calle y ellos -refiriéndose a la gente del local- ponen la plata”. Tras ello me manifiesta que me dejara de joder, que soy una mina inteligente, que me fuera para otro lado, todo ello motivado en que reciben plata de la gente del lugar para dejarlas trabajar. Además, todas las chicas que trabajan en dicho comercio son del exterior y están indocumentadas. Además de todo esto, hace dos días a la fecha se presentó en el lugar un hombre de unos 35 años en un auto y al acercarnos pensando que era un cliente nos manifiesta: “Chicas, o se van de la esquina o esto va a terminar mal” (folio384).

Sobre Sandra Cabrera, el policía federal, Mariano David Cabrera, dijo el 21 de mayo de 2004 que “ella estaba considerada como narcotraficante, en la calle todo el mundo sabía que ofrecía droga a sus clientes, no era tampoco una distribuidora en masa, la vez que se la detuvo le secuestraron tres bochitas. Sabíamos que era una distribuidora de poca monta, digamos” (folio 1614).

La Federal y Moralidad

El 2 de marzo de 2004, Estela Maris de la Lama declaró: “A mi nunca me gustó la relación esa (con Diego Parvluckzyk), yo le decía que él era policía, y el policía es policía, nosotros siempre fuimos las meretrices. Ella estaba enamorada, pero Diego no...(Las chicas le tienen miedo) al asesino, no saben si fue Diego o uno de Moralidad Pública que de bronca la haya matado, con decirle que ni siquiera se quieren acercar a la CTA y la que tiene una sospecha o tiene algo, no lo quiere decir, no quiere ni hablar del tema, están totalmente aterradas...En la calle dicen que fue Diego, que ellos tenían muchos problemas, por la mujer de él, que la gorda le decía que le iba a contar todo a la mujer, también está la versión de que fue el de Moralidad Pública, que ya la habían amenazado de que le iba a poner un tiro en la cabeza, lo que pasa es que nadie quiere venir...” (folios 949 al 952).

Los diarios hablaron de ti

El subcomisario de la Policía Federal, Alberto Rafael Lomonte, a cargo de la sección Drogas Peligrosas, declaró el 21 de mayo de 2004 que Parvluckzyk “siempre cumplió. Es una persona normal, no una persona violenta, nunca hubo una causa por apremios ilegales en la dependencia, el carácter es dentro de lo normal”, (folio 1611). En esa declaración, Lomonte dijo no conocer personalmente a Sandra Cabrera, algo que después sería contradicho con las afirmaciones del propio Parvluckzyk y otros integrantes de la Federal.

La cúpula de la fuerza trasladaría a Lomonte a un nuevo destino, muy lejos de Rosario. Una eficaz cobertura de parte de la Federal para uno de sus subordinados. El sábado 8 de mayo de 2004, los diarios informaron que el entonces subsecretario de Seguridad Pública de la provincia, Alejandro Rossi, había ordenado retirarle la custodia policial a Sandra Cabrera, dieciocho días antes de su asesinato. Este trabajo se trata de tomar decisiones y las tomamos. Hicimos lo que correspondía, ya que habiendo transcurrido meses sin amenazas, pensamos que era mejor priorizar la seguridad general y adjudicar esos hombres al patrullaje móvil -respondió Rossi en una entrevista aparecida en el diario Rosario/12, el domingo 9 de mayo.

El entonces jefe de la policía rosarina, José Maldonado, reveló que la custodia fue por tres meses y se inició el 9 de octubre de 2003. El titular de la policía provincial era, por aquellos días, Ricardo Milicic. Ese mismo día, domingo 9 de mayo de 2004, el diario “El Ciudadano & La Región”, destacaba que el gobierno de Néstor Kirchner no temía consecuencias por la purga de 107 oficiales de la policía federal. Luego venía un subtítulo: “Relevaron al jefe de Drogas de Rosario”.

La noticia decía que “uno de los jefes relevados fue el subcomisario Alberto Lomonte, que hasta la semana pasada estaba a cargo de la sección Rosario de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, con sede en avenida Francia al 1300. En este caso, Lomonte dejó su cargo por pedido del gobierno provincial al ministro de Justicia, Gustavo Béliz, en el marco de los claroscuros de la investigación del crimen de la militante de meretrices Sandra Cabrera en enero último. Como Lomonte acompañó a Tribunales a un subordinado suyo a comparecer ante el juez porque está investigado por ese homicidio, al gobernador Jorge Obeid no le cayó bien esa actitud, informó el diario ‘La Capital’”.

Comisión Interfuerzas

El prefecto Guillermo Rodríguez; el comandante principal de Gendarmería, Carlos Driollet; el subcomisario de la Brigada de Homicidios, Daniel Corbellini; el oficial principal de las Tropas de Operaciones Especiales, Roberto Benítez; el subprefecto de la Prefectura Naval, Reinaldo Sosa; y el comisario principal de Asuntos Internos de la policía provincial, Mario Franco; integrantes todos de la llamada Comisión Interfuerzas, elevaron un informe en torno al asesinato de Sandra Cabrera.

La conclusión fue que a la dirigente “le cuesta la vida el accionar de una persona de extrema confianza, la cual se hizo de esa situación para poder lograr su objetivo; está documentado en referencia al punto anterior que la persona de Cabrera, no concertaba ninguna salida en el lugar donde apareció cadáver; que el margen horario que presenta la causa respecto del momento del deceso, tiene directa relación con la hipótesis de un desvío en las declaraciones de parte de Signorelli, al ser ésta la última persona que vio con vida a Cabrera y a la persona Parvluckzyk (04.30 a 05.00); que respecto de los anónimos de la causa en su mayoría intentan desvincular a la persona del sospechado Parvluckzyk; que el origen de los anónimos no se descarta tengan su origen en la persona de una persona allegada al sospechado y vinculado a la Fuerza en la cual presta servicios; también es de tener en cuenta la aparición suspicaz de la gorra de Policía Federal Argentina, en la cual revista el sospechado y que se comprobó no se hallaba al momento de la intervención y que la aparición de ésta también desvía la sospecha hacia otro integrante; que el margen horario del sospechado, no cierra con ninguno de los testimonios receptados”, finalizaba el documento anexado al expediente.

En realidad, lo que le cuesta la vida a Sandra Cabrera fue la continuidad de una trama de negocios sucios protagonizados por aquellos que dicen estar para combatirlos.

Una historia que hunde sus raíces en los años del genocidio...

De Feced a Sandra Cabrera

“Feced vive en la policía del gatillo fácil”, escribieron los integrantes de Hijos por la Identidad, la Justicia, contra el Olvido y el Silencio, sobre una de las paredes de Urquiza y Paraguay.

Corría el año 2000.

Días después alguien tachó “en la policía”.

La frase quedó diciendo que “Feced vive del gatillo fácil”.

Algo de aquellos tiempos continúa en el presente.

Desde el año 1995 los tribunales provinciales tienen un documento escrito por oficiales policiales que revelan el funcionamiento de las cajas negras, los distintos peajes que se pagan a “La Santafesina SA” para garantizar el desarrollo de comercios ilegales, desde la prostitución al narcotráfico.

No hubo novedades políticas.

Aquello siguió su curso. Las dos administraciones de Carlos Reutemann dejaron hacer a los integrantes de la policía.

Y cuando el primer gobierno de Jorge Obeid se sacó de encima a media docena de torturadores del terrorismo de Estado la policía le hizo llegar un mensaje amenazador: si llegaban a exonerar a uno más, se quebraba la paz institucional en la provincia. Eso fue lo que le confesó a este cronista el ex vicegobernador de aquella gestión, el ingeniero Gualberto Venesia. Corría el año 1998 y a quince años de funcionamiento de la democracia la policía de la provincia de Santa Fe tenía el suficiente poder para hacer peligrar la paz institucional.

En el año 2002, una investigación periodística reveló la explotación sexual infantil en la zona de la Estación Terminal de Omnibus Mariano Moreno de la ciudad de Rosario.

Las escuchas telefónicas que hizo la justicia federal revelaron las complicidades de los policías de la seccional séptima y de Moralidad Pública.

El asesinato de Sandra Cabrera se dio en ese lugar y tiene como principales imputados a oficiales y suboficiales que generalmente trabajan y trabajaron en la zona de la Terminal.

Esta es la historia que demuestra la existencia de distintas mafias dentro de la policía santafesina y de la increíble indiferencia que produjo el poder político provincial.

Edición: 3807