Represiones y memorias invictas

El proyecto de democratizar el miedo como herramienta de control social que impone Estados Unidos a sus colonias es replicado por el presidente y muchos de sus gobernadores. Medio siglo después de la dictadura, un proyecto de ley del gobernador de Santa Fe quiere devolverle a la policía la facultad dictatorial del célebre jefe policial rosarino, Agustín Feced, famoso represor.
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Por Carlos del Frade

(APe).- -Tire primero, pregunte después – decía el ex jefe de la Policía de Rosario durante el terrorismo de estado, Agustín Feced, el hombre al que le ofrecieron la comandancia de la Triple A después de la muerte del comisario Villar.

Medio siglo después, un proyecto de ley enviado por el gobernador Maximiliano Pullaro quiere devolverle a La Santafesina SA aquella potestad para allanar sin orden judicial, interrogar sin abogados defensores, declarar estados de sitios en diferentes barrios y detener durante cada vez más horas por averiguación de antecedentes.

Una vuelta a lo sucedido medio siglo atrás.

Es el proyecto de democratizar el miedo como herramienta de control social que impone Estados Unidos a sus colonias y que replican el presidente Javier Milei y muchos gobernadores de la Argentina que se desvanece a fuerza de despojo, colonialismo y extractivismo salvaje.

El proyecto de Ley del gobierno santafesino, en sus 19 artículos, está lejos de modernizar el sistema penal y repite prácticas policiales del año 1975 que están no solamente a contramano de los trabajosos avances democráticos si no también en contradicción con artículos de las constituciones vigentes, la nacional y la provincial de 2025.

-En el artículo 1 se menciona que los imputados deberán contar “en lo posible” con la presencia de su defensor. Esa reducción del derecho a la defensa a mera posibilidad resulta inaceptable para una concepción democrática.

-En el artículo 3, al mencionarse las exclusiones probatorias, aparece la expresión, absolutamente lejana de la comprobación científica o jurídica, que reivindica la práctica policial, aquello del tire primero, pregunte después, tristemente célebre durante el terrorismo de estado,  al leerse: “…creyendo de buena fe en la legalidad de su accionar”. Un texto legal del tercer milenio que se subordina a una profesión de fe. No parece cumplir con mínimas pautas de seriedad argumentativa salvo que se escriba de esa manera porque se quiere liberar aún más el accionar de las fuerzas policiales sin que haya necesidad de explicaciones.

-El artículo 4 merece propone el allanamiento sin autorización judicial.

-El artículo 6 vinculado a modificaciones sobre el régimen de prisión preventiva merece una discusión entre constitucionalistas y penalistas que puedan democratizar conocimientos antes de volver a endurecer los tiempos sin mayores argumentos que la punibilidad demagógica.

-El artículo 11 al mencionar la pena de aislamiento incurre en la violación del artículo 18 de la Constitución Nacional.

-El artículo 17 que dispone la posibilidad de reducir todo un barrio o un sector de una ciudad o población como parte de una zona de interés policial parece ser la resurrección del estado de sitio y resulta inaceptable para nuestro punto de vista.

El imperio y los gobiernos coloniales, nacionales y provinciales, quieren un ejército de ocupación y fuerzas policiales que sean, una vez más, las sectas de las picanas y las logias de los dedos en la lata, como escribió Rodolfo Walsh.

Sin embargo, estas represiones que crecen a medida que se achican las democracias, chocan contra la insistencia y la rebeldía de la memoria de los revolucionarios de los años setenta.

A finales de octubre de 2026, en la Sala de los Tribunales Federales de Córdoba, se escuchó a los familiares de Juan Carlos Soulier, María Luisa Salto, Mercedes del Valle Ramírez, Mónica Protti de Guillén, Cecilia Alicia Pessina Libro de Ávila, Claudio Norberto Nardini, Pascual Delfín Ludueña y Néstor Albino Acosta. Son los últimos que identificó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en la zona de Loma del Torito, dentro de una gran reserva natural militar de 14 mil hectáreas donde se encuentra el ex centro clandestino La Perla. “En mi familia quedan dos desaparecidos: mi tío Luis y mi mamá. Hasta hace unos días eran tres. El ‘Negro’ Carlos volvió de ese lugar oscuro y podemos abrazarlo”, dijo entre lágrimas Sebastián Soulier.

La historia de Juan Carlos Soulier encierra una paradoja. Su hermana Julia fue, hasta julio de 2025, cuando murió, la directora del Espacio para la Memoria La Perla. En tanto, a Sebastián, el hijo de Juan Carlos y Adriana, le tocó hablar ante un conmovido auditorio: “Estoy contento y emocionado, las lágrimas se me caen solas de alegría. Me dicen el ‘Negro’, soy hijo del otro ‘Negro’: Juan Carlos Soulier. En mi familia quedan dos desaparecidos: mi tío Luis y mi mamá. Hasta hace unos días eran tres. El ‘Negro’ Carlos volvió de ese lugar oscuro. Podemos abrazarlo”. Un operativo en el barrio Villa Páez (donde vivían) en agosto de 1976 terminó con la detención de Juan Carlos, Adriana, el padre de Juan Carlos y el pequeño Sebastián. “Nosotros nacimos buscando. Hace 50 años que buscamos. Tuvimos a las viejas como faro, a los pañuelos como faro. Después de 50 años, la tierra nos devuelve 38 identidades que vuelven a las familias. Y aparece en un momento donde parece que está todo mal: el presidente niega el 24 de marzo, hay discursos que reivindican a la última dictadura militar, hay diputados que se suben a una combi y van a visitar a represores. Es raro, y aparecen ahora para dar una certeza, de que sí, que esto fue lo que sucedió: que acá se secuestró, se torturó, se asesinó, se trasladó, se los enterró, se los volvió a sacar y se los volvió a trasladar”, reflexionó Sebastián. Abajo del escenario, le dirá al periodismo que los ahora ex desaparecidos “aparecen y dicen ‘acá estamos’, también nos sacuden un poco a nosotros, que creo que nos hace falta”.

Porque más allá de las represiones que necesitan resucitar las minorías dominantes, las memorias invictas siguen revitalizando las rebeldías y las dignidades.

Fuente: Proyecto número 58.987 del Poder Ejecutivo de Santa Fe, “Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública”; y diario “Página/12”, del sábado 24 de octubre de 2026.


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