Punibles desde el origen

Por Claudia Silva
   (APe).- Los conocí cuando ella había parido en el hospital a su última niña y decidieron quitársela sin aviso previo y sin explicaciones, luego de que encontraran en la beba restos de cocaína en sangre y sífilis. Habían dado de alta a la madre y a la niña la dejaron internada porque tenía bajo peso. Ella fue hasta su casa para ver si sus otros hijos estaban bien. Cuando regresó al hospital a amamantar a su beba, no estaba más allí. Nadie le dio explicaciones. Incluso una enfermera que la conocía le dijo: -No sé de qué me habla señora, no sé quién es usted.

A la beba la habían trasladado a un hogar. De esta historia hace ya dos años. Y la chiquita se encuentra en estado de adoptabilidad.

Ella resolvió el duelo de perder a su hija embarazándose nuevamente. Pero la beba que nació diez meses después de la primera también se encuentra en estado de adoptabilidad (la madre fue a parir al mismo hospital a pesar de que miles de veces le hemos dicho que no fuera a parir allí).

Hoy está embarazada nuevamente. No sabemos con certeza, pero intuimos cuál será el destino de ese niño. Y de esa madre.

Me pregunto, ¿es la adicción un delito? ¿O es un problema de salud? ¿O tal vez se ha instituido en el país una mirada punitiva para quienes son adictos y pobres? ¿Es lícito que el Estado, a través de la "justicia" castigue de este modo a una madre y a sus hijxs? ¿La decisión sería la misma si se tratase de una familia de clase media o alta?

En verdad, no lo sé. Pero intuyo que no. Y me vuelvo a preguntar, ¿es punible el consumo como si fuese delito o tal vez hubiese sido más viable pensar en la adicción como problema (que también incluiría la pregunta de problema para quién o para quiénes) e intentar afiliar a la madre a un proceso terapéutico que le permita constituirse en sujeto apalabrado? Obviamente que para ello -previamente y necesariamente- habría que generar nuevas condiciones materiales para la familia.

Pero no... el Estado prefiere no mirar las estructuras que estructuran a estas madres y punirlas como si fuesen delincuentes.

Agrego: si yo viviese en las condiciones materiales en las que esa familia vive, no me fumaría un par de pacos, me tomaría quinientos kilos de merca por día. Pero eso ni el Juez, ni el sistema de Promoción y Protección de Derechos lo saben.

Simplemente -y complicadamente- porque nunca han puesto los pies en el asentamiento.

(*) Foto: Juan Patricio Chávez Revelli.

Edición: 2748