Preguntas que arden

Por Sandra Russo

(APE).- La celda de la comisaría 1° de Quilmes en la que murieron tres adolescentes sigue ardiendo. Hace rato que arde, ésa y tantas celdas más, pero con un tipo de fuego que quema solamente a los chicos pobres. Hubo reacción política, primero del ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, quien ordenó sacar a los menores de edad de las comisarías. En la celda de Quilmes había diez, pero en otras había más de trescientos. Las cabezas del público, como en un partido de tenis, giraron: la pelota quedó en manos del ministro de Desarrollo Social de la provincia, Juan Pablo Cafiero.

La semana pasada, Cafiero fue más allá de las comisarías, al pedirle a la jefa de los fiscales, María del Carmen Falbo, que investigue si los jueces de menores no están cometiendo un delito cuando internan a los menores en comisarías o institutos. Escuchen cómo braman desde las plazas Blumberg: ¡Lo sabíamos! ¡Los derechos humanos son sólo para los delincuentes!, deben estar a punto de gritar, y si Falbo se interna en esta investigación, es posible que las plazas Blumberg vuelvan a cargar sobre ella. Han logrado, montándose en el drama de Axel Blumberg, reducir de un modo extraordinariamente simplista la problemática que acerca a los menores de sectores marginales al mundo del delito. Se han salteado, por ejemplo, cuánto tiene que ver la policía en muchos de esos acercamientos de los que los menores no tienen ningún retorno.

Pero lo que el pedido de Juan Pablo Cafiero puso sobre la mesa es otra historia, una historia sorda y muda que nadie quiere escuchar porque ya forma parte de la falsa naturaleza de las cosas. Esa historia indica que actualmente hay nada menos que doce mil chicos bajo la jurisdicción de la Justicia en la provincia de Buenos Aires, y que de ese total solamente el 10 % infringió el Código Penal. Es decir, los presuntos pibes chorros que de pronto se han vuelto la amenaza latente de esta sociedad aterrada son una porción ínfima de los menores que están a disposición de la Justicia y que, según la suerte que les toque, fueron a parar a una comisaría o a un instituto. El resto, la amplísima mayoría, están detenidos o internados por lo que esta naturalización de la injusticia llama “causas asistenciales”, es decir, su condición de pobres.

Sobre esos chicos hubo jueces que aplicaron la figura de “abandono moral o material”, y la única manera de reparar ese abandono es confinarlos en celdas que aunque no ardan, arden. Cafiero eligió diez casos para exponer la situación. Entre ellos, el de un chico de 15 años que fue internado por tentativa de robo. Otro caso es el de un menor que está internado por haberse fugado de su casa. Y otro, acaso el más escandaloso, el de un chico que, también en Quilmes, fue internado después de haber sido víctima de un abuso sexual. 

Así, muchos dilemas adolescentes que en otros sectores sociales se resuelven en terapias familiares o con mudanzas a casas de tíos o abuelos, en los sectores bajos terminan con detenciones o internaciones que no sólo son delirantes. Son ilegales. 

¿Cómo pedirle a la gente que cumpla la ley si la Justicia la viola? Es hora de contestar esta pregunta que quema. 

Fuente de datos: Diario Página/12 04-11-04