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Ya lo decía Carlos del Frade en APe el lunes pasado. Rosario es una ciudad archipiélago… Islas nebulosas donde lo institucional parece ser cómplice de los dueños de las armas y las drogas. Y también escribía que en esa geografía de varias ciudades en una, los números de las ausencias crecieron hasta los 264 homicidios durante 2013. La mayoría pibes y pibas menores de 35 años. Ya en 2014 las cifras se multiplican a pesar de los rimbombantes megaoperativos. En ese contexto, el intendente de Santa Fe suspendió la venta legal de armas y municiones. Las vidas de ayer y de hoy siguen hundidas en la perversidad. En estos días la Justicia –con esa lentitud que hace estragos en las vidas- condenó a un grupo de militares por los crímenes de ayer. Mientras los de hoy siguen devorando a nuestros jóvenes. Por más que esté prohibido comprar armas.
Por María Adelaida Vergini
(APe).- Con sus cámaras en mano se reacomodan. Buscan el mejor lugar. Casi todos se paran frente a las sillas que se dispusieron en el centro del Bv. Oroño, frente a los Tribunales Federales de Rosario, para que familiares, víctimas, testigos, querellantes y miembros de organismos de derechos humanos escuchen la sentencia del juicio a diez integrantes de la patota Feced, que actuó en el centro de detención Servicio de Informaciones de Rosario durante la última dictadura militar.
Se arrodillan, se paran, se vuelven a arrodillar. Se mueven. Buscan dónde subirse para tomar desde lo más alto la panorámica de lo que se está viviendo.
Lo que se está viviendo es justicia.
Los objetivos de sus cámaras se despliegan hasta alcanzar el mejor detalle: la emoción en una mirada, brazos en alto de celebración, bocas abiertas por gritos de alegría, por fin, sonrisas de festejo, por suerte, pocos abucheos. Cada uno busca su postal que inmortalizará para la eternidad un hecho histórico, la sexta condena en la ciudad cuna de la bandera nacional a represores de la última dictadura cívico militar, la justicia que tanto se hizo esperar, por la que tanto lucharon esas miradas, esos brazos, esas sonrisas.
Y hay un abrazo, entre tantos, que toma la cámara de un fotógrafo rosarino. Es el abrazo entre María Inés Luchetti de Bettanín y Alicia Lesgar. Horas después, contará en su crónica el periodista de Rosario3.com, medio en el cual se publicó la foto que “María Inés, ‘Nené’, es una de las víctimas de la causa y sobreviviente del ex Servicio de Informaciones (SI), centro clandestino de la vieja Jefatura. Alicia es familiar y de las primeras luchadoras. En enero de 1984, Nené llegó a Rosario para iniciar -casi en soledad- las denuncias por violaciones de los derechos humanos. Aquel día se quedó a dormir en la casa de Alicia. Este abrazo intenso de viernes soleado tiene la profundidad de esos más de 30 años de espera de justicia. Y se nota”.(1)
Y se abrazan, sabremos por la misma nota, en ese momento, en el que la presidente del Tribunal Oral Federal número 2 (TOF 2), Noemí Berros, comunica la condena de cadena perpetua para Carlos Ulpiano Altamirano acusado por el homicidio de los hermanos peruanos Rory y María Antonieta Céspedes Chung, que fueron asesinados en medio de una falso procedimiento montado por los policías al mando de Feced para cubrir la muerte de Conrado Galdame, que según testigos había tenido lugar dentro del SI. La decisión de los Jueces desató las mayores demostraciones de alegría, de satisfacción, de deuda saldada. De víctimas justiciadas.
Hay más abrazos. El de una parejita joven, muy joven, quizá con los mismos años que la democracia. El rodea con sus brazos los hombros de ella. La abraza fuerte. Juntos esperan- casi de espaldas al televisor que se dispuso frete a Tribunales para ver en vivo la lectura del fallo- justicia por alguna de las 43 víctimas que incluye este caso. O por todos. Ella tiene los ojos cerrados, bien cerrados, y su rostro una expresión de paz, quizá por cerrar un capítulo de la historia, quizá porque la memoria podrá, a partir de ahora, descansar convencida de que lo imposible sólo tarda un poco más.
El Tribunal se constituye a los fines de comunicar el veredicto, el que ha sido redactado en los siguientes términos. Primero: rechazar los planteos de prescripción de la acción penal y los de excepción de falta de acción formulados por la defensa por revestir las conductas imputadas y juzgadas el carácter de delitos de lesa humanidad ocurridos en el contexto histórico del terrorismo de Estado que asoló a nuestro país, en el marco del segundo genocidio nacional perpetrado entre los años 1975 y 1983”, se escuchaba por los parlantes que amplificaban lo que estaba ocurriendo dentro de Tribunales para todo el que quiera oírlo. Bajo esta aclaración, que califica a los actos cometidos como delitos de lesa humanidad y al proceso en su conjunto como el segundo genocidio nacional, los tres jueces se disponen a condenar.
Afuera, las imágenes congelaban los primeros aplausos, los esperados festejos. Adentro, los flashes perpetuaban a los acusados en su banquillo, algunos con sus cabezas ya gachas, como derrotados.
Muchos de los que aguardan la sentencia sobre Bv. Oroño también prefirieron mirar al suelo o cerrar los ojos, temerosos de escuchar lo que no querían. Es que a pesar de la alegría, también merodeaba un poco de temor porque la balanza de la justicia se incline, como tantas veces, para otro lado.
El TOF 2, sólo absolvió a uno de los condenados, Pedro Travagliante, mientras que al resto otorgó condenas que en su mayoría satisficieron a los abogados querellantes y fiscales, que salieron del estrado embriagados por la felicidad del logro colectivo. La sentencia determinó 22 años de prisión para Lucio Nast, Eduardo Dugour, Julio Fermoselle y Ernesto Vallejo; 20 años para Ramón Ibarra, 18 para Ovidio Olazagoitía; 12 años para José Lofiego (que ya cumple prisión perpetua por su condena en la primer parte de la causa Feced) y 8 años para Ricardo Torres. La mayoría acusado por privación ilegítima de la libertad y por tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos.
“Vigésimo”, continuaba cerca del final de la lectura la Jueza Berros, “Disponer que los condenados cumplan la pena privativa de la libertad en cárceles dependientes del Servicio Penitenciario Federal lo que se coordinará con los magistrados a cuya disposición conjunta se encuentren”. El Tribunal ordenó la detención inmediata de los condenados argumentando el peligro de fuga y el derecho de las víctimas a ver satisfechas "sus legítimas pretensiones", luego de "haber tenido que sobrellevar con ejemplar serenidad y entereza, pero con firmeza y perseverancia, la ingente cantidad de obstáculos habidos para la investigación y juzgamiento de estos crímenes".(2)
Poco antes del mediodía de aquel 10 de octubre, se respiraba aire festivo en las inmediaciones de Oroño 940. Los fotógrafos habían llegado temprano, y fueron de los últimos en retirarse. Ninguno quería perderse la mejor postal, aquella que recorte la mejor porción de la realidad para contar que finalmente se concretó la justicia que durante décadas pareció estar adormecida en los cajones de quiénes detentaron el poder.
Aquella mañana de primavera, con un sol que acompañaba para que todo sea lo luminoso que tantos años de espera ameritaban, el aroma a justicia comenzó a filtrarse desde las hendijas de las puertas de los Tribunales Federales de Rosario y afuera se vivió una fiesta popular. Afuera se empezaba a festejar ese triunfo colectivo, el mismo colectivo que viene a decir que la lucha no está perdida.
(1) http://www.rosario3.com/noticias/noticias.aspx?idNot=153307
(2) http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/18-46174-2014-10-11.html
Edición: 2794
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