¿Palos o libros?

Por Carlos del Frade

(APe).- Los militares argentinos se aprestan a cumplir el plan del imperio desarrollado a partir de los años noventa: el narcoterrorismo debe ser combatido con las armas.

El atentado contra el supermercado de la familia Rocuzzo - Messi produjo un cimbronazo de desesperación y sobreactuación en el gobierno de la semicolonia y entonces, sin muchas discusiones, se eligió la receta estadounidense.

Primero en Rosario y en breve en el Gran Buenos Aires.

Sin embargo los narcotraficantes de verdad no suelen estar en los barrios, si no en el centro y en cercanías de grandes empresarios.

El problema es político y no militar.

Fuerzas federales y ejército para Rosario y el Gran Buenos Aires. La fórmula del imperio.

Sin embargo esta columna es empecinada hasta el hartazgo.

En la anatomía intelectual de la población carcelaria de la provincia de Santa Fe aparecen dos pautas existenciales: casi nada de educación, casi nada de trabajo estable.

¿Por qué palos y no libros?

¿Por qué tanquetas y no educación y trabajo?.

Lo cierto es que la mayoría de las personas que están presas en la provincia de Santa Fe son mujeres y hombres menores de treinta años y sin ocupación permanente.

Además, “de la población encuestada el 96,5 por ciento dejó inconcluso algún nivel de la educación formal antes de caer detenido (el 1,7 por ciento manifiesta nunca haber asistido a la escuela obligatoria, 33,8 por ciento no finalizó la primaria mientras que el 61 por ciento dejó inconclusa la secundaria). Se visualiza claramente que la población privada de la libertad, en su mayoría jóvenes con promedio de edad en 32 años, tienen una marcada deserción escolar. La mayoría de ellos no volvieron a la escuela entre el primer y segundo año de la secundaria y la plantean, mayormente, que fue por problemas económicos o por la necesidad de salir a trabajar”, dice el “Informe de Gestión del Servicio Provincial de Defensa Penal” del año 2021.

El estudio agregaba que “en este contexto de extrema vulnerabilidad que se suma a la informalidad y la lógica de subsistencia denota en la cárcel que el 60,4 por ciento de los y las encuestadas afirman haberse anotado o estar estudiando algún año de la educación formal estando privado de su libertad. Se visualiza en la escuela y en los espacios ocupacionales como oportunidades, la posibilidad de aprender algo, poder salir del pabellón, generar aperturas al momento de salir, cerrar etapas, mejorar, aprender y aprovechar el tiempo en las cárceles".

Por otro lado el 45 por ciento de los encuestados “tuvieron dificultades para acceder a inscribirse ya sea por no ser anotados en la lista, por no conseguir los papeles, falta de cupos por solicitarlo fuera de los términos escolares, entre otras”.

La “conclusión del relevamiento realizado durante el año 2021y volcado en el referido Informe es que educación formal tiene en las cárceles de la provincia de Santa Fe una lógica de lateralidad: primero se prioriza la seguridad y las preferencias fijadas por el Servicio Penitenciarios y en segundo plano queda la escuela. En ese sentido, las escuelas intramuros son un instrumento de la cárcel, no logran consolidar su propio funcionamiento”

Dos años antes, en 2019, un estudio similar agregó que el 82 por ciento no terminó la escuela secundaria. “…la mayoría de las personas privadas de su libertad no terminan la escuela antes de su encarcelamiento; mientras que solo el siete por ciento terminó la secundaria y un tres por ciento nunca fue a la escuela. Por otro lado los niveles de estudio que implican cursas estudios universitarios y terciarios, así como también finalizarlos, están representados con un uno por ciento”.

Es hora de asumir que la realidad de la violencia urbana no tiene que ver con grupos de terroristas si no de falta de trabajo y educación, tal como lo reflejan los números de las encuestas de los años 2019 y 2021 del Servicio Público Provincial de Defensa Penal de la provincia de Santa Fe.

Fuentes: “Informe sobre situación educativa en las cárceles de la provincia de Santa Fe”, 2019; “Informe de Gestión del Servicio Público Provincial de Defensa Penal”, 2021.