Niñas y niños que sobran

Por Pedro Pianta. Especial para APe (*)

(APe).- Las cárceles y demás lugares de detención muestran de un modo incuestionable que, desde hace muchos años, aumenta el número de encierro carcelario de personas que, claramente, reúnen dos condiciones absolutamente prevalentes. Casi en su totalidad son pobres y jóvenes.

Veamos:

Según la página web de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires en diciembre del año 2.012 se encontraban privadas de su libertad por causas penales 30. 988 personas.

A la misma fecha del año 2013 pasaron a ser 31.621.

En el año 2014 el número ascendió a 35.979, en el 2015 ya eran 39.929 y en el año 2016, 42.419.

En diciembre de 2017 esa cifra trepó a 46.904 personas.

Resta conocer la cifra el año 2018, aunque, evidentemente, no hace falta ser un genio para saber que ha de ser superior.
Además, el 47 % de esas casi 47.000 personas detenidas a diciembre de 2017 son menores de 30 años. Y el 32 % tienen una edad que va entre los 30 y los 40 años.

Sencilla es la cuenta: El 79 % de esas casi 47.000 personas encarceladas en la provincia de Buenos Aires tienen entre 18 y 40 años.

Se trata de seres humanos que, con el paso del tiempo, engrosan la cifra de la última categoría de la llamada población sobrante.

En el marco del orden social imperante, ellos, sus ascendientes y sus descendientes, están definitivamente fuera de cualquier tipo de mercado laboral medianamente formal.

Sobran porque, como es incuestionable, no han tenido durante toda su vida el más elemental acceso a los más básicos estándares de satisfacción de derechos fundamentales.

Sobran porque para ellos no hay salud, ni educación, ni seguridad psicofísica, ni vivienda digna, ni familiares o adultos/as cercanos/as con trabajo digno.

Sobran porque, en un país que produce alimentos para cientos de millones de personas, para ellos, muchas veces, ni siquiera hay comida.

Sobran porque esa barbarie genera padecimientos y carencias afectivas profundas y, sin embargo, a eso no se lo considera como una causa de inseguridad

En semejante tragedia social no puede sorprender a nadie que, tal como lo reveló recientemente la Unicef, el 48% de los chicos argentinos sean pobres y que la mitad de ellos sean víctimas de enormes violaciones de derechos fundamentales, como vivir al lado de un basural, en una zona inundable, padecer problemas de acceso al agua potable, etc.

Traducido en números se trata de 6,3 millones de niños, niñas y adolescentes.

Así transitan por la vida ese tiempo, llamado niñez y adolescencia, vital para el razonable desarrollo humano, ya varias generaciones.

No obstante, y aunque parezca increíble, a pesar del inocultable drama social de opresión en el que estamos inmersos, se pretende sostener la idea de que un niño o una niña de 15 años (o menos) está en condiciones de elegir libre y conscientemente cometer un delito.

En base a eso, para bajar la edad de imputabilidad, se “argumenta” que en tiempos como los que corren, los niños/as tienen conciencia plena de lo que no debe hacerse desde una edad cada vez más temprana y que, por esa razón, deben responder por sus conductas.

Incluso, obviando burdamente la descomposición global a la que asiste el mundo suele tomarse como ejemplo la legislación de otros países, aún la de aquellos que encabezan el "ranking" de los sistemas penales más arbitrarios y violentos.

Un sobrio y no demagógico respeto por el justo reclamo ciudadano de seguridad impone señalar que, como siempre ha ocurrido, la tan meneada baja de la edad de imputabilidad no resolverá absolutamente nada. Las estadísticas reseñadas lo demuestran.

El imprescindible cambio podrá llegar a producirse en un contexto global, no con parches. En la esfera penal se exteriorizará cuando la política criminal tenga en mira a los autores de los delitos que generan la opresión y la explotación.

Mientras tanto, lo que realmente ocurre, es que hay que encarcelar más y más rápido porque, como consecuencia inevitable del sistema de relaciones sociales imperante, es cada vez mayor la población sobrante.

(*)Pedro Pianta es juez en lo Criminal de Lomas de Zamora.

Edición: 3790