Narcomenudeo

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Por Carlos del Frade

(APe).- “La población en prisión por delitos relacionados con drogas se ha duplicado en los últimos años: en 2002 había 3.271 personas en esa situación y en 2013 llegaron a ser a 6.979. Este crecimiento, del 113%, es muy superior al de la población general, que solo fue del 39% en el mismo período. Así, este tipo de delitos pasó a representar más del 10% de las personas en todas las prisiones del país. Ese aumento coincide con la implementación de la reforma conocida como “desfederalización”, vigente en la provincia de Buenos Aires a partir de 2005”, dice el excelente estudio: “La estrategia fallida. Encarcelamientos por delitos relacionados con estupefacientes en la Argentina”, de Alejandro Korda, presentado en marzo de 2016.

Sostiene, además, que “al igual que en estudios anteriores, se advirtió que en esta población se registran grupos de personas en distintas situaciones de vulnerabilidad, en ocasiones superpuestas, en una proporción mayor que en otros casos. Se confirmó la gran cantidad de mujeres que se encuentran en prisión por delitos relacionados con drogas y que muchas de ellas eran jefas de hogar con varios hijos e hijas a cargo”.

Korda señala con acierto que “también merecen ser repensadas las prácticas de las agencias penales, para que los esfuerzos de aplicación de la ley penal recaigan sobre los actores que más capacidad de daño tienen. En este sentido, la estrategia de acentuar esa actividad sobre los actores menores, como consecuencia de la aplicación de la desfederalización, distrae recursos en este sentido, además de agravar la situación de poblaciones en situación de vulnerabilidad”, apunta la investigación que merecería tenerse en cuenta en las provincias argentinas cada vez más preocupadas en presentarles a sus pueblos una mayor acción de mano dura contra los sectores vendedores de estupefacientes en los barrios por encima de cualquier otra decisión de atacar a los que lavan dinero o lo invierten en sustancias o materias primas básicas.

Una vez más la idea de desfederalizar el delito del narcotráfico y aplicar la teoría del narcomenudeo parecen multiplicarse en el territorio argentino.

El 26 de septiembre pasado, por ejemplo, la socióloga Laura Etcharren y el comisario Francisco Salcedo, jefe de la policía antinarcotráfico de Córdoba, fueron recibidos por el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, varios de sus ministros y los integrantes de la Comisión Provincial de Seguridad.

Las recientes movilizaciones de más de veinte mil personas en la ciudad de Rosario reclamando mayor celeridad en la justicia y una efectiva seguridad, derivó en el pedido desesperado al gobierno nacional del envío de fuerzas federales, un paquete de 52 modificaciones al Código Penal Provincial con una clara decisión de endurecer medidas y castigos, el asesoramiento de los carabineros chilenos y el impulso de la adhesión a la ley de narcomenudeo. Un paquete de acciones que buscan responder a esas movilizaciones más que garantizar una sociedad mejor donde sea posible un servicio público de seguridad que ofrezca tranquilidad en la vida cotidiana.

Los invitados, entonces, desplegaron sus conocimientos y fueron enfáticos en defender los efectos de la aplicación de la ley de narcomenudeo.

Sin embargo, el propio gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, el pasado 7 de mayo de 2016, sostuvo que “cuando el narco paga la consulta del médico, la internación, el sepelio, un electrodoméstico, la fiesta de quince, se transforma en líder social y ha sustituido al estado como vertebración de la sociedad. La droga nos está manejando algunos barrios y la existencia de la droga como un problema social gravísimo está haciendo que los delitos sean más violentos, por eso es importante encarar la lucha contra la droga dentro del programa de lucha contra la inseguridad”, dijo.

Los especialistas cordobeses en narcomenudeo no supieron cómo explicar por qué el gobernador dijo semejante confesión y, en forma paralela, ellos sostenían la maravilla que resultaba de la aplicación del narcomenudeo.

En varias provincias argentinas, no importa que las cárceles se llenen de pibas y pibes pobres y que los verdaderos organizadores, inversores y ganadores del narcotráfico sigan impunes y aumentando sus ganancias. Lo único que importa es dar respuestas mediáticas para los que se movilizan pidiendo seguridad. Mano dura y mostrar profesionalismo y cuerpos temibles como los carabineros. El sistema, lógicamente, agradecido.

Fuentes: “La estrategia fallida. Encarcelamientos por delitos relacionados con estupefacientes en la Argentina”, de Alejandro Korda, presentado en marzo de 2016; “Geografía narco. El negocio del sistema”, del autor de la presente nota; Reunión de la Junta Provincial de Seguridad de Santa Fe, viernes 23 de septiembre de 2016 en el salón Rodolfo Walsh de la casa de gobierno en Rosario.

Edición: 3243

 


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