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Por Carlos del Frade
(APe).- La empresa belga Jan de Nul que durante un cuarto de siglo se hizo cargo del servicio del dragado, balizamiento y peaje del río Paraná, volvió a ganar la licitación técnica para repetir su negocio, reafirmando que los años noventa pasaron de largo pero no tanto. Que la matriz de extranjerización de la economía y precarización ambiental continúa invicta más allá de los matices.
El acuerdo con el FMI también reafirma la dependencia de la economía y política argentinas de los intereses ajenos a las necesidades populares. Desde 1955 al presente, los planes económicos satisfacen más a las minorías que a las mayorías, salvo contados períodos históricos. La admisión de los 44.500 millones de dólares que tomó el gobierno del ingeniero Mauricio Macri y que ahora ha sido legitimada por la administración de Alberto Fernández, hace reaparecer los fantasmas invictos de Rivadavia y Martínez de Hoz, vigentes como la ley de entidades financieras puesta en vigencia el 14 de febrero de 1977 y que todavía sigue firmada por Jorge Videla.
El primero de julio de 1973, Richard Nixon creó la DEA, el organismo estatal de los Estados Unidos que dice estar en el mundo para combatir el narcotráfico. A lo largo de sus 49 años, la DEA junto a la CIA, colaboraron con todas las dictaduras que desaparecieron personas en la Patria Grande y administraron la exportación de marihuana, cocaína y metanfetaminas desde América al mundo y especialmente para el mercado interno norteamericano, el mayor consumidor del planeta consumido. Desde los años noventa en adelante, la DEA impulsa la participación de las fuerzas regionales en la llamada “guerra contra el narcotráfico” y la Argentina, a través de algunas de sus provincias, entre ellas Buenos Aires, implementaron la receta al pie de la letra y llevaron adelante la desfederalización del delito, creando cajas negras policiales. El resultado es mayor consumo, mayor tráfico, más narcotráfico, más lavado de dinero y más violencia. Ahora, en la provincia de Santa Fe, estragada por la violencia de las bandas narcopoliciales, su gobierno quiere imponer la ley de narcomenudeo. La matriz Nixon goza de buena salud.
En los primeros días de febrero de 2022, chicos menores de diez años resultaron baleados en la ex ciudad obrera de Rosario. La democratización de las armas, la impunidad del lavado de dinero, la inutilidad de las fuerzas federales que cada vez son más y cada vez pueden menos, lograron la casi naturalización de niños y niñas baleadas como si fueran objetivos militares cuando, en realidad, son experiencias humanas que necesitan alegría, educación y sueños y no las pesadillas de los negocios mafiosos impunes.
En la misma provincia atravesada por las aguas marrones del Paraná por donde sale el 75 por ciento de las exportaciones argentinas, en menos de diez años se duplicó la cantidad de personas presas. Número que demuestra que aunque haya más encarcelados la inseguridad no se reduce, al contrario. Hasta el gobernador de la provincia, Omar Perotti, se sorprende sobre lo que ocurre en las cárceles de Santa Fe, como si fuera un hecho nuevo que los líderes de las bandas siguen actuando desde prisión.
Las maestras, sensibles y cercanas a la realidad existencial de las pibas y los pibes, refieren que hay chicas muy nenas que suelen confesar que les gustaría saber el oficio de los sicarios para terminar con la vida de aquellos que abusaron de ellas. Una realidad feroz que quizás exhiba una característica de la época. La violencia intrafamiliar quizás exponga las consecuencias del afuera o avise que lo que comienza salvajemente entre cuatro paredes sucederá, pronto, en el barrio o en las cercanías.
Las matrices que se repiten en la Argentina, dependencia, extranjerización e hipocresías institucionales están marcando la necesidad de un nuevo proyecto político de mayorías, capaz de enamorar a las nuevas generaciones de la imprescindible urgencia de las transformaciones sociales. Es un imperativo categórico. Por nosotros, por nuestras hijas.
Edición: 4068
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