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Por Cristina Baccin, especial para APe (*)
(APe).- Se estima que unos 40 millones de personas de Estados Unidos son parte del “país” latino que constituye una de sus minorías étnicas. Los latinos (o como los denominan según una categoría censal del Congreso: Hispanics) provienen de una gran variedad de países (México, predominantemente, pero también de otros países de Centroamérica y Sudamérica), de una impactante diversidad étnica y, aunque el español sea la lengua dominante, los latinos son también portadores de un rico legado lingüístico.
Cabe destacar que este “país” latino que describimos es el segundo de mayor habla española en el mundo. El número de los latinos en EEUU hace que sea cada vez más difícil sostener que se trate de una minoría en términos numéricos. En casos como California, los latinos representan casi el mismo porcentaje (38%) que la población “blanca”. Sin embargo, ser la minoría más numerosa de este país no equivale a su peso en las decisiones políticas, a la hora de sentarse en Washington o en las Casas de Gobierno de los Estados.
Cuando se trata de considerar los derechos de los inmigrantes, el-país-del-no-me-acuerdo actúa ferozmente para disminuir o directamente, cercenar derechos. EEUU es un país que actúa como dice la canción de María Elena Walsh: “un pasito para atrás y no doy ninguno más, porque ya me olvidé donde puse el otro pie”: la mayor parte de los legisladores y gobernantes de Estados Unidos son descendientes de inmigrantes y se olvidan del abuelo o bisabuela que pasó por las duchas desinfectantes de Ellis Island poco tiempo atrás. Como otros pueblos que se niegan a hacer memoria, la condena es repetirla: y estos descendientes de los barcos quieren condenar a quienes en vez de descender de los barcos, descienden de los otrora territorios mexicanos, descienden de los aviones o llegan con la “espalda mojada” al cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.
La población de este “país” latino presenta la mayor tasa de crecimiento del país y todo parece indicar que el futuro de Estados Unidos reside en los niños latinos. Sin embargo, son los niños y jóvenes de origen latino -sean inmigrantes o nativos de esta tierra por más de 400 años- quienes sufren el mayor cercenamiento de sus derechos: derecho a la tierra, derecho a la identidad, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a trabajar, derecho a crecer en un medioambiente saludable, derecho a sus propias lenguas, derecho al futuro.
El 22% de los niños y adolescentes menores de 18 años en Estados Unidos son latinos. El mayor porcentaje de inmigrantes sin documentos estadounidenses son de México (6 millones y medio de personas) y del resto de Latinoamérica (2 millones y medio). Los denominan “indocumentados” aunque sean portadores de documentos de identidad de sus países de origen.
En una familia latina, la situación legal de sus miembros genera una particular tensión. Hay familias en las cuales los progenitores tiene un estatus legal mixto: uno es un inmigrante legalizado y el otro, no. Uno es nativo de esta tierra por más de 400 años y otro, cruzó la frontera recientemente. En el caso de los hijos, se puede presentar la misma situación mixta: algunos tendrán el acceso a la educación y la salud garantizados, podrán entrar y salir del país; y en cambio, otros, no. ¿Cómo crece un niño en un entorno tan difícil de comprender por su complejidad, y en especial, por su injusticia? Tener un papá o una mamá “indocumentados” puede implicar que sus niños entren en el juego del dominó de los “perdedores”. Y para Estados Unidos, la sociedad del culto al éxito, ser un “looser” o un perdedor es un insulto de gravedad. Y los niños lo aprenden desde pequeños en la escuela.
Los hijos de los latinos corren la carrera de los “perdedores” desde la partida: al grito de Ya!, a la hora de acceder a ejercer sus derechos básicos. Y si son ellos mismos “indocumentados”, aún más. Los niños en dicha condición pueden recibir algunos beneficios sociales pero no todos: legalmente tienen derecho a ingresar a una escuela pública, tienen algunos servicios de salud –pero sólo de emergencias-, y pueden obtener la ayuda de algunos programas de alimentación. Pero no tienen derecho a ser beneficiarios de otros programas federales que proveen salud y seguridad a los niños tales como el “Programa de asistencia para nutrición complementaria (tradicionalmente denominado “Food stamp”), Asistencia Temporaria para Familias Necesitadas (TANF, su sigla en inglés), el programa de salud MEDICAID de no emergencias y el Programa del Estado de Seguro de Salud Infantil. En el caso de la educación, los estudiantes indocumentados tampoco son aceptados para obtener becas de estudio que les permitan seguir sus estudios después de terminar la escuela secundaria. En la mayoría de los estados, directamente no pueden inscribirse en las universidades estatales y públicas como residentes de dicho estado. En consecuencia, pocos acceden a la educación postsecundaria.
Una historia muy reciente de discriminación hacia los latinos y, en especial, hacia los mexicanos, es aún recordada por la actual generación de adultos. Las leyes de Jim Crow segregaban a los mexicanos (o mexicano-americanos) de los espacios públicos. Arizona, New Mexico y Texas están recreando aquellos tiempos con diferentes medidas cuyo blanco son nuevamente los mexicanos y todo aquel que sea sospechado de latino o hispanic. Y el círculo de hostilidad hacia la identidad latina vuelve a comenzar.
Aún es una incógnita cómo pretende esta nación apostar al futuro. ¿Cómo podrá dar un pasito para adelante, sin olvidarse dónde puso el otro pie, tal como decía la canción de María Elena Walsh? ¿Encontrará el coraje para recuperar su propia memoria y avanzar hacia el cambio de una sociedad que respete los derechos humanos básicos de sus habitantes y en especial, de sus jóvenes y niños?
(*) Periodista, ex decana de la facultad de Ciencias Sociales de la Unicen. Escribe desde New Mexico, Estados Unidos.
Edición: 1971
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