Los negocios, la naturaleza y los daños colaterales

Por Silvana Melo

(APe).- El superávit fiscal y la ideología extrema desfinancian la vida, producen accidentes ferroviarios, cortes de electricidad masivos, deshielo de glaciares para la megaminería, incendios de bosques nativos y agonías de ancianidades, entre otros daños colaterales. Más cuando llegan abonados por treinta años de extractivismo festivo iniciado formalmente por la recepción de Monsanto en 1996 a través de Menem & Solá. Entonces –y desde entonces- es el país más fumigado del mundo con sopas de venenos, el que más agrotóxicos utiliza por habitante, el que debería haberse plantado ante el hambre infantil en la tierra de los alimentos, pero que optó por cultivar treinta millones de hectáreas con transgénicos, impostada la tierra con los paquetes tecnológicos de semillas modificadas y hermanadas con venenos.

Con un país premoldeado en la entrega de sus recursos, la ideología extrema recibió una prepizza a la que había que colocarle los aderezos favoritos de los gerentes del mundo y de ahí, directamente al delivery.

Sólo en diciembre, para apenas un capítulo anecdótico, el gobierno saliente retiró a la Argentina del proyecto Sprint a través de su salida del INTA. Se trataba de un proyecto a escala internacional acerca de las consecuencias del uso de agrotóxicos, que preveía un resultado escandaloso en los cuerpos de un grupo de voluntarios argentinos. Se prohibió su presentación oficial. Pero corrió como pólvora por los caminos ambientalistas: los voluntarios tenían restos de hasta 10 agroquímicos en la sangre, de 6 a 13 en la orina, 18 en la materia fecal y hasta 86 plaguicidas diferentes en el polvo de sus casas.

En los mismos días, el gobierno de Alberto Fernández prohibió a un velero de Greenpeace estudiar a las ballenas del Mar Argentino para no fastidiar el bombardeo acústico de la exploración de gas y petróleo offshore.

El país ya estaba en la caja, envuelto en celofán.

El conciliábulo extremo que gobierna desde diciembre, desembozado y sin caretas de falso progresismo, insiste en el Congreso con leyes que reforman y transforman. Pero mientras tanto, desfinancia. Deja de fluir dinero hacia aquello que no quiere sostener. Desde la educación pública hasta organismos ambientales y culturales fundamentales. Que si no se desmontan por ley se talarán por motosierra literal o desangre.

La médula de la ley llamada Bases es una refundación de las políticas del menemismo que entregaron los recursos mineros en los 90 y que nunca se reformularon (la Ley N° 24.196 que ningún gobierno derogó y otorgó a las mineras 30 años de estabilidad fiscal y beneficios impositivos irrisorios). Se trata del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), directamente una apertura allanada con beneficios tributarios, cambiarios, regulatorios y ambientales para los grandes capitales extranjeros que lleguen al país a explotar los recursos y exportar materias primas para, fundamentalmente, baterías de litio. Un negocio tan redondo para los grandes capitales internacionales y tan pampa para esta tierra pasó por Diputados sin el ruido de una silla. Los gobernadores de las provincias con litio y cobre mandaron a votarlo. Jugando a un presente mínimo de ingresos y un futuro enorme de un desastre ambiental y social imprevisible. El RIGI está pensado para exportaciones de más de 200 millones de dólares pero los beneficios se multiplican si superan los mil millones. Cuanto más crece el capital menos impuestos se pagan. Ante tanta generosidad, hay mucha mano externa frotándose ante la inminencia de una ley que terminará triunfante más temprano que tarde. Tanta decadencia y servilismo que inclina a la política argentina; que no la sensibiliza ante la agonía de la producción nacional, del trabajo, del ambiente, del territorio.

El RIGI, además, tiene un componente autoritario: obliga a las provincias a aplicarlo y prohíbe que cobren impuestos. Y una perlita: no impone a las empresas la presentación de estudios de impacto ambiental. Es decir, vengan, hagan lo que quieran, llévense todo y váyanse. Después, dios dirá. Si es que no se va también.

En los monitores del desguace y venta del país, la generala Laura Richardson y Elon Musk detrás del litio y el agua. Y el Fondo Monetario, tomándose las mejillas al gesto de “El grito” de Munch advirtiendo sobre el costo humano de sobreactuar el ajuste. Una escena distópica del fin de este mundo. Del que hemos conocido.

En esta Argentina sísmica pre legislación libertariana peligran los glaciares en una avanzada para permitir la minería en las zonas periglaciares, peligran los bosques nativos –con la ley que detiene la deforestación en zonas clave-, peligran los humedales con la libertad de incendiar para fines productivos o inmobiliarios.

Como lobos, las mineras apuntan sus fauces al agua pura de los glaciares.

Ya el abogado Enrique Viale denunció que el 30 de abril a las 2,40 de la madrugada, como a escondidas, la Legislatura del Chaco modificó la ley de Bosques y habilitó el desmonte de un millón de hectáreas. Una topadora sobre los montes, los campesinos y los pueblos originarios. Sobre la soberanía.

Sobre la naturaleza que es un obstáculo para los negocios.

Esos negocios para los que han venido. Porque el conciliábulo de gerentes que gobierna llegó para hacer negocios y para que los hagan las estrellas foráneas a las que admiran, a las que se someten y a las que reverencian.

Los negocios pasarán, como las topadoras del Chaco, sobre un territorio castigado por una matriz productiva extractiva y transgénica y con una libertad falaz por la que sólo grita el presidente y sus lanceros de conquista.