Fusilados: pibes sin abrazo

Por Carlos del Frade

(APe).- Y la historia sigue. El tercer tramo de la reconstrucción de los fusilados de Rosario y Santa Fe en el diciembre atroz de 2001 se centra en las historias de Graciela y de Pocho. Los dos, cada uno desde un lugar diferente, cuidaban pibes.

El asesinato del Pocho

El cuarto asesinado en aquella tarde del 19 de diciembre y mucho antes de decretarse el estado de sitio fue un agente pastoral, Claudio “Pocho” Hugo Leprati, de 35 años, cocinero de guisos para los pibes de los barrios empobrecidos de Ludueña norte y para los que concurren a una de las escuelas de Las Flores, la llamada “Mariano Serrano”, ubicada en las calles España y Caña de Ambar.

Allí estaba a eso de las seis y media de la tarde, en los techos de la escuela pidiendo que la policía no disparara porque había chicos.

Lo mataron de un tiro. Con eficiencia y cinismo.

Después fraguaron una supuesta balacera contra un móvil del Comando y mintieron en relación a la distancia.

Dos policías están detenidos y procesados por este fusilamiento.

El sargento Rubén Darío Pérez, autor material del asesinato, y el agente Esteban Ernesto Velázquez, partícipe primario y coautor, ambos integrantes del Comando Radioeléctrico de Arroyo Seco.
El testimonio de las personas presentes en el lugar; la ausencia del secuestro del arma agresora; la falta de coincidencia del ángulo de impacto de las balas con el de la terraza de la escuela donde aseguraron fueron atacados; la contradicción de Pérez y Velásquez al asegurar uno de ellos que los disparos se escucharon antes de bajarse del móvil 2270 y otro cuando se atrincheraron detrás del mismo; se sumaron para negar la excarcelación de los policías.

En el punto octavo de su fallo, el doctor Barbero indicó que “aún cuando hubiesen ocurrido (los supuestos disparos contra el personal policial) no justificarían la ofensiva policial”.

De tal manera “la representación del resultado mortal no pudo hallarse ausente en el accionar de los policías, máxime cuando el despliegue policial criticado no tuvo lugar en el marco de los disturbios que en alguna medida pudieron haber alterado el normal y mesurado comportamiento esperado en las fuerzas de seguridad, sino que todo resultó un enfrentamiento contra un número concreto de personas que no excedió de cinco y con un muy cuestionable despliegue agresivo ya que solo se encuentra fehacientemente acreditada la existencia de términos insultantes dirigidos hacia los policías actuantes", sostuvo el juez.

Agregó que "abona su voluntad homicida, la actitud asumida inmediatamente después de haber efectuado el disparo, ante la demanda de auxilio de quienes se encontraban junto a Lepratti, y que fue la de retirarse del lugar sin más".

La Cámara de Apelaciones en lo penal, sala número 4, destacó sobre el informe del médico forense que “llama poderosamente la atención que ni el tribunal ni las partes intervinientes hayan dispuesto o requerido se practique la correspondiente pericia balística para determinar a qué tipo de arma pertenecía ese proyectil” porque semejante demostración “puede traer un cambio copernicano en el enfoque... Y si corresponde a perdigón de escopeta, solicitar a balística que informe cual es -en este tipo de munición- el alcance máximo de un disparo con capacidad de herir a una persona”, señaló el fallo aludido.

La misma Cámara solicitó que las pericias balísticas sólo las haga Gendarmería, no la Policía.

La propia Dirección Provincial de Asuntos Internos de La Santafesina SA destacó que “en principio y tomando en consideración que el hecho ocurre fuera de la zona de saqueos y en los fondos de una escuela -de acuerdo a los testimonios de vecinos y el relato que efectúa el personal policial en la División Judicial de la Unidad Regional II- no justifica haber efectuado los disparos reconocidos, aún en carácter intimidatorio” y agrega que “la muerte se produjo al ser alcanzado por un perdigón de escopeta calibre 12,70”.

Mamá de 7

Graciela Acosta tenía 34 años y era la mamá de siete.

Vivía, como podía, en Villa Gobernador Gálvez, la cuarta ciudad de la provincia en cantidad de habitantes. A las cinco de la tarde de aquel miércoles 19 de diciembre, una munición de guerra le perforó el pecho y sus chicos quedaron huérfanos. No era lo que buscaba Graciela durante aquellas horas en la que esperaba comida frente al supermercado La Gallega, en San Martín y Felipe Solá.

La paró la policía antes de llegar a las puertas del local. Iba con su amiga Liliana Mónica Cabrera. A las dos le preocupaba la suerte de algunos de sus hijos que andaban entre la gente. Cuando Graciela encontró al suyo, el pibe de Liliana avisa que la policía había empezado a tirar. Corren por la avenida San Martín buscando un refugio.

Eran tres policías los que venían. El del medio tenía un baristón y los otros dos disparaban con escopetas y con pistolas.

-Ahí escucho que la gente decía que una mujer se descompuso. La veo a Graciela arrodillada en el piso, mirando al norte. Me acerco y me dice que había sido herida con una bala de goma, cayéndose luego hacia atrás. Vi que tenía un agujero en el pecho y mucha sangre.

Liliana empezó a gritar pidiendo ayuda.

Lleva a su amiga a la rastra hasta el pasillo en el que se refugió su hijo.

-Cuando Graciela cae herida me dijo que le sacara la bala que le había herido en la espalda, que la estaba quemando. Se la saqué y la tengo hasta hoy...Creo que a los policías los reconocería. El de la izquierda decían que era Ponce. Este y el del medio los tengo vistos, dicen que eran del Comando Radioeléctrico de Gálvez...

El policía Julio Abraham, de la comisaría 29, confirmó que había orden de usar todo lo que se tenía y obviamente que eso implicaba la posibilidad de muertes.

“Cada uno tenía escopetas con municiones antitumultos y la reglamentaria. La orden era no usarla, a menos que corra riesgo nuestra propia vida...No vi que nadie usara la reglamentaria. Los cartuchos los proveyeron desde Logística, el comisario Lo Giúdice...En el lugar había un bolsón para cargar”, dijo Abraham.

La orden estaba dada. Más allá de lo que vio el uniformado, alguien ordenó que en caso de que los agentes sintieran que corría riesgo su vida podían hacer uso del armamento reglamentario.

Es decir, si existió la orden en Villa Gobernador Gálvez, también existió en todo el territorio santafesino.

Edición: 3294