Los caminos policiales

Por Silvana Melo y Claudia Rafael

(APe).- Cuando los dos pibes, de 19 años, ya habían llegado a la terminal de ómnibus de Olavarría, a escasas 10 cuadras de la casa de la que habían huído, sus celulares empezaron a estallar de mensajes de texto. Se iban de la ciudad con las manos vacías. Pero el teniente primero Pablo Gabriel Ferro les insistía con que lo estaban engañando. Que tenían consigo los 60.000 pesos de la casa que les había marcado. No pasaron demasiados minutos y los dos pibes, cayeron detenidos. Sólo que Ferro, al quitarles la red de protección, no contó con un detalle. Los dos chicos hablaron. Contaron cómo los había contactado.

Cómo los hizo llegar desde su pueblo hasta Olavarría. Cómo les aseguró que la empleada de la casa les abriría la puerta y los haría pasar para que hicieran un trabajo “limpio”. Después bastó que el defensor oficial pidiera pericias a los celulares para que rápidamente se estableciera quién era el mandante del robo. Ferro, que pertenecía a la División de Custodia de Objetivos Fijos de Azul, fue exonerado de la Policía en abril de 2007. Pero la causa judicial recién por estos días y después de tres años de aquel robo empieza a moverse.

No es un caso extraño ni aislado. Todo lo contrario. Casi un cuarto de los 55.000 policías bonaerenses fue sumariado o está siendo investigado por “actos de corrupción, violencia policial o irregularidades en el cumplimiento de su servicio”.
Cada día ingresan al teléfono gratuito del Ministerio de Seguridad cinco denuncias y otras cinco por correo electrónico. Y los informes oficiales de la Auditoría General de Asuntos Internos reflejan que en dos años hubo exactamente 13.619 integrantes de la fuerza de seguridad más grande de todo el país que fueron sumariados.
“Estamos hablando de una fuerza jerarquizada y militarizada que sirvió en su momento para los fines de la represión estatal y que convirtió toda una estructura con fines que, en muchos casos, fueron delictivos”, dijo Luis Arias, juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata hace pocos días.
De hecho, la policía de la provincia de Buenos Aires ha estado incriminada en algunos de los casos más graves de ilegalidad en el país. El crimen de José Luis Cabezas, el atentado a la AMIA, la banda del gordo Valor, la masacre de Ramallo. Infinitas historias de las que la fuerza de seguridad bonaerense no salió indemne. Todo lo contrario. Se la intervino, se le hicieron reformas, se le quitó la instrucción de las causas penales, se creó una policía judicial que jamás se concretó. Infinitos manotazos destinados a desarticularla como estructura autónoma. Y cuando Carlos Stornelli devolvió la antigua jerarquía, quitó el control civil, desarticuló los controles, no hizo otra cosa que volver a darle un poder cargado de peligrosidades.
El documento de Asuntos Internos que se conoció a través de las páginas de La Nación precisa que en los últimos dos años, 872 policías fueron expulsados de la fuerza y otros 1779 fueron desafectados del servicio que prestaban. ¿Los motivos? “Abusos en sus funciones, extorsiones, amenazas, apremios ilegales, connivencia o participación en delitos, mal manejo de fondos policiales y causas de violencia familiar”.
Hace algunos años, el comisario inspector Luis Rubini, un alto jefe policial de la zona del centro bonaerense definió que “es cierto que hay algunos policías que cometen ciertas pillerías”. Por esos días un policía acababa de ser condenado por el homicidio y robo a un viejo productor rural de esa zona.
La de Rubini es seguramente la misma e histórica concepción que llevó a determinar que deben ser los mismos policías quienes tienen que “limpiar” la imagen pública de la fuerza de seguridad. La misma política que estableció que es la propia policía la que tiene en sus manos la administración de la fuerza. Con políticas de seguridad destinadas a servir y a engrosar las cajas policiales. Abriendo además las puertas a agencias de seguridad privada que la redoblan en número y en la que revistan muchos de aquellos miles que alguna vez fueron exonerados de la fuerza o que tuvieron su historia íntimamente ligada al terrorismo de Estado. Como Jorge “Tigre” Acosta o el ex policía Aníbal Luna, condenado a reclusión perpetua por el crimen de Cabezas y luego exonerado, que trabajaba en Gesell Seguridad S.A.
Mientras tanto, los pibes saben de qué hablan cuando dicen “le tengo más miedo a la yuta que a los otros chorros”. Es que demasiadas veces, se les va la vida.

Fuentes de datos:
Diarios La Nación y El Popular, de Olavarría.

Edición: 1681