La infancia rehén

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Por Silvana Melo
  (APe).- Tandil es un paraíso a 400 kilómetros de capital, hacia cuyos countries suele migrar la clase media acomodada agobiada por la gran metropoli. Pero en esas mismas periferias privilegiadas el aire no es tan puro: la matriz productiva agroindustrial desarrolla todo su potencial contaminante, con la anuencia de las instituciones políticas de la región. Quince escuelas rurales de Tandil están rodeadas de 16 agroquímicos en su tierra y su agua. Los niños son rehenes de ese modelo que busca divisas a costa de la salud humana. En el mismo escenario, un acuerdo con Bioceres, las puertas abiertas al trigo transgénico en la ciudad y una jornada de “Aplicaciones Seguras” en la Escuela Agraria. Donde se exhibe ante los niños la capacidad de envenenar con el eufemismo de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).

La Organización de Aplicadores de Productos Fitosanitarios Tandil, con el auspicio del Municipio de Tandil y una diversidad de instituciones impulsaron en estos días la jornada de exhibición en la Escuela de Educación Secundaria Agraria "Ramón Santamarina" y el Instituto Agrotecnológico de Tandil. La escuela es una de las quince estudiadas por la Facultad de Ciencias Exactas de la Unicén, donde se encontraron agroquímicos como atrazina, glifosato -y su metabolito, el ampa-, clorpirifós, 2-4D, entre otros. Es decir que la Escuela Granja, como espacio pedagógico, ha sido víctima de las derivas de las fumigaciones cercanas y de las consecuencias sistémicas del modelo agroindustrial que usa sus instalaciones para publicitarse. Y hacer simulacros de vuelos de aviones pulverizadores.

La Junta Vecinal de Tandil, dentro de la Asamblea por un Tandil sin trigo transgénico ni agrotóxicos, exige a las instituciones estatales que garanticen “el respeto del centro de vida de niños, niñas y adolescentes como interés superior” y que se aplique “la precaución y prevención como principio”. A pesar de que existen evidencias clarísimas de las consecuencias en la salud humana de la aplicación de más de 500 mil litros de agrotóxicos anuales en el marco de la producción agroindustrial.

“Las aplicaciones con venenos no son seguras”, sostiene en una carta abierta la Asamblea. Bajo la concepción confusa de las BPA, las “grandes corporaciones del agro publicitan el uso de venenos y difunden la idea de la buena o mala aplicación, también llamadas Buenas Prácticas Agrícolas, poniendo la responsabilidad última en caso de inconvenientes en los/as trabajadores/as, con el beneplácito de las instituciones del estado y en espacios educativos públicos”.

“Mala práctica”, dicen, “es usar y promover el uso de venenos”. Actividades como las publicitadas el 17 de septiembre implican la promoción de los paquetes tecnológicos de transgénicos y agrotóxicos (el primero entró a la Argentina en 1996 con Monsanto), escondidos detrás del eufemismo de los fitosanitarios. El gran negocio que se ha antepuesto, desde hace dos décadas y media, a la salud humana. Que sufre graves consecuencias en enfermedades y muertes, silenciadas por el canto de sirenas del sistema. “Lo que no se dice es que no es posible controlar las derivas porque éstas dependen del clima, persisten en los suelos y se escurren contaminando las aguas (superficiales y napas), y viajan por el aire. Así como tampoco se menciona la persistencia de los agrotóxicos en el ambiente, sus efectos sinérgicos y los daños en la salud” dice la Asamblea tandilense.

En Tandil hay una cautelar que no se cumple y en un cajón del Deliberativo reposan las 46 mil firmas que respaldaron un anteproyecto de ordenanza, hace dos años, que busca prohibir las fumigaciones aéreas y guardar una distancia de 2000 metros en las terrestres. Mientras tanto, se calculan entre 26 mil y 30 mil las aplicaciones aéreas. En el paraíso de los cerros y los salamines, no existen alternativas productivas. Y los niños que asisten a la ruralidad escolar suelen ser víctimas y partes de un sistema perverso: manejan aplicadores en emprendimientos familiares, actúan como bandera para marcar límites de pulverización, cargan mochilas con venenos en sus espaldas. Convencidos de que su carga es un benévolo “remedio para las plantas”.

Campeonatos y exhibiciones

Expoagro, en 2015, organizó un Campeonato Nacional de Aplicadores. Los participantes debían mostrar cómo se controla la roya de la soja, con la libertad de aplicar lo que creyera necesario: cantidad de litros por hectárea, presión del equipo, velocidad, etc. Uno de los ganadores fue un aplicador de 22 años de Urdinarrain, Entre Ríos, uno de los pueblos más fumigados del mundo.

El 12 y 13 de junio de 2018 el gobierno bonaerense, el municipio de Olavarría y el Consejo Federal de Inversiones organizaron un campeonato de pulverizaciones en la Escuela Agropecuaria. Los chicos asistieron a la maravilla de rociar con venenos los sembrados y las vecindades y se vieron tentados de aprender a hacerlo.

En marzo la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE) presentó su concurso “Futuros Líderes BPA” para alumnos de los últimos tres años de las escuelas secundarias técnicas agrarias. A partir del concepto de Buenas Prácticas Agrícolas se legitima institucionalmente el uso de venenos que caen sobre las cabezas de los niños en los patios cercados de las escuelas rurales, que enferman a las familias de los trabajadores, que contaminan el alimento que cada día llega a la mesa de todos.

En julio de 2020, cuando la pandemia obligó a la parálisis, una maestra rural de Baradero decidió recorrer las casitas de sus alumnos para verlos. Quería saber cómo estaban. Soñó que eran habitantes de la libertad, vecinos de los cursos de agua, sueltos en patios con límites lejanísimos, hijos de un sol generoso. Sin embargo Paola Kruger los encontró encerrados en sus casas. Ni dueños del horizonte ni pobladores de amaneceres libres: resguardados entre cuatro paredes de las derivas de los envenenadores. Que fueron esenciales en los tiempos de cierre. Mucho más esenciales que la infancia.

Edición: 4392


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