La mortalidad infantil y el pudor del Ministerio

Por Silvana Melo

(APe).- Que aumente la cantidad de niños que mueren a los pocos días de nacer es una medida fiel de la caída del sistema sanitario básico de un país que discute a su niñez al punto de hacerla punible antes de salvarla. La tasa de mortalidad infantil subió de 8 a 8,5 muertes cada 1.000 nacidos vivos en 2024, según el informe nacional de Estadísticas Vitales. Es la primera vez que sube en 23 años (desde 2002) y nada indica que pueda haber probabilidades de optimismo para los números que surjan de 2025.

La retirada planificada del estado en la salud pública se asocia con el aumento del desempleo y una precarización laboral que no tiene regreso, máxime con la legislación en puerta que no escatima golpes a los trabajadores. Esta alquimia feroz confluye en un cuello de botella infernal para la cobertura popular en el sistema de salud, a los controles en general y es posible que el acceso apenas se dé en situaciones agudas a través de la guardia. Los controles imprescindibles del embarazo para llegar al parto en las mejores condiciones sanitarias posibles para las mujeres gestantes más pobres también aparecen dificultosos y son parte de la explicación del aumento de la mortalidad neonatal del 2024.

La mortalidad infantil es un indicador sensible del sistema de salud. El aumento es una cifra incómoda para cualquier gobierno. Seguramente por eso el Ministerio de Salud que maneja Mario Lugones lo publicó en enero y luego lo retiró. Por pudor, no más. Un aumento tanto de la mortalidad neonatal como de la materna son indicadores claros del empeoramiento de las condiciones de vida y del abandono por parte del estado de las políticas sanitarias imprescindibles para la vida: la muerte neonatal denuncia una precariedad en los controles prenatales, la atención del parto y el cuidado del recién nacido. El comienzo de la vida en peligro. La mortalidad materna aumentó un 37% en 2024: de 3,2 a 4,4 muertes cada 10 mil nacidos vivos. Fueron 183 muertes en 2024 frente a 147 en 2023. Un dato indiscutible.

Ese dato que Lugones no pudo soportar publicado oficialmente significa que aquellas personas capaces de gestar corrieron 1,37 veces más peligro de morir durante el embarazo, el parto o el puerperio que apenas un año atrás. Un escenario insostenible.

Hacía 23 años que no aumentaba la cantidad de niños que mueren a poco de nacer. En 2024 la tasa subió de 8 a 8,5 muertes de cada 1000 nacidos vivos, por primera vez desde el crítico 2002. Significa el quiebre de una tendencia histórica descendente que implicaba un mejoramiento de las políticas sanitarias básicas como decisión estatal. El crecimiento de la pobreza estructural y la retirada planificada del estado dejan un páramo yermo donde debían crecer las políticas públicas sociosanitarias que sostengan el primer año del niño, fundacional en lo que será su vida futura.

Otra de las defecciones del estado nacional implicó derivar la salud pública a las provincias. El informe que el mismo Ministerio después ocultó exhibía la desigualdad en los niveles de aumento de la mortalidad infantil. La crisis sanitaria la eleva a 14 muertes cada 1000 nacidos vivos en Corrientes, seguida por Chaco y La Rioja con 11, 8 y 11,7 respectivamente. En un golpe feroz de desigualdad, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires muestra una cifra mínima de 4,9.

A la vez, 2024 dejó otros números sorprendentes en una Argentina oscura, que envejece como Europa pero retrocede tristemente en el origen mismo de la niñez. Los nacimientos en el país en ese año opaco fueron 413.135: un 47% menos en la tasa de natalidad de 2014, cuando nacieron 777.000.

En esa década de caída brusca aun no bajaba la fecundidad adolescente. Los embarazos no deseados terminaban con la escolaridad de las chicas y ellas y sus niños se volvían infancias infelices sin espacio en un mundo que las obligaba a ser madres y las dejaba solas.

Varias políticas públicas que pasaron a ser decisiones de estado fueron senderos allanados para ellas. El Plan ENIA, lanzado en 2017, durante el gobierno de Macri tuvo como objetivo reducir “la tasa de embarazo adolescente no intencional”. Siete de cada diez chicas decían que no deseaban tener a su niño. El implante subdérmico (el chip) y el DIU fueron anticonceptivos fundamentales. En seis años de aplicación el embarazo adolescente no deseado disminuyó un 58 %. En 2017 hubo 704.609 nacidos de madres entre 10 y 19 años. En 2023 bajó a 460.902.

Pero el gobierno de Javier Milei decidió desmantelar el programa.

El ENIA caminaba al mismo ritmo que la Educación Sexual Integral, que ha sido quitada de las currículas escolares y desaconsejada en todos los programas. Aunque exista la ley, hoy por hoy es letra muerta.

En el retroceso fatal de la política sanitaria dedicada a las infancias desde su nacimiento en adelante, habrá que contar para estadísticas de un futuro inmediato la desfinanciación y el quiebre del equipo del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas. Una de las principales causas de muerte en las primeras semanas de vida, evitable a través de una operación. El programa fue creado para que existiera una red de salvataje de los niños nacidos con este tipo de patología. Miles de vidas de salvaron en los hospitales públicos.

Hasta que el desmantelamiento del equipo volverá a engrosar la tasa de mortalidad infantil cuando se conozca la nueva cifra. Si es que el Ministerio de Salud tiene el pudor de publicarla.