La libertad llega a la explotación del cobre en Mendoza

Por Silvana Melo

(APe).- Servirse de las estructuras del estado para hacer negocios. Y para beneficiar a quienes los hacen, atropellando como topadoras las pocas mejores cosas que se construyeron en esta historia de décadas y siglos.  Ese parece ser el por qué intrínseco del paso de esta caterva por la sala de maniobras del país. En este año –casi- de asomarse al balcón de la Rosada el presidente se ha llevado puesta gran parte de la cultura, de la ciencia y los bocados más fuertes de las cosas queridas. Y está cavando bajo la cordillera -mientras baja la inflación y se espeja en un virtual y noventista uno a uno y centenares de miles se deslumbran-, está cavando bajo los pies de este mundo de acá para poner en remate los recursos naturales.

El cobre, el litio y lo que haya bajo tierra, que es mucho porque durante décadas la lucha de los pueblos impidió que vaciaran la pacha y cianuraran el agua y desertificaran kilómetros y expulsaran a los pueblos originarios. Y ahora se acabó porque hay que producir y hay que desenterrar la riqueza aunque esta tierra se transforme en un agujero desierto. Porque entre otras cosas en este año languideció el ánimo popular y la bronca y la furia se cayeron en los fondos de los sueños rotos, junto con los restos de las instituciones, los vestigios de la democracia y los fantasmas de la esperanza.

Porque Milei es Messi y juega sin marca. Los humilla,  los insulta, los avergüenza, los desprecia. A todos. Y no se le plantan.

En diciembre de 2019, a minutos de la pandemia, el gobernador Rodolfo Suárez modificó la Ley 7722 que prohíbe en Mendoza la megaminería contaminante. Decenas de miles de personas se volcaron a la calle en toda la provincia. Fue una pueblada histórica. Y el gobernador dio marcha atrás. En estos días, con una contundente mayoría –sin grietas- se aprobaron 34 proyectos para perforar la cordillera en busca de cobre, en el marco del proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental.

El litio y el cobre son dos apuestas de máxima del gobierno vigente. En nombre de los negocios irrestrictos y de una licencia social forzada al límite, se relajan las normativas ambientales –o se las ignora, definitivamente- y se practica una sordera proverbial ante cualquier reclamo popular, máxime cuando la tibieza de lo sectorial invisibiliza.

La reforma de la Ley de Glaciares, incluida en la primitiva Ley Omnibus, quedó en un limbo y puede resucitarla en cualquier momento. En tiempos de sequías recurrentes, de calentamiento global, cuando el equilibro hídrico de Mendoza depende de los inviernos nevadores, los glaciares en manos de la voracidad capitalista son una catástrofe.

La industria del cobre, inexplorada a fondo en la Argentina, no tiene licencia social ni ambiental en Mendoza por contaminación eventual y por las consecuencias del uso indiscriminado de agua dulce, oro para una provincia en emergencia hídrica crónica.

En Chile, líder mundial en producción de cobre, la minería utilizó en 2022 18,07 m3/segundo de agua para sus operaciones. Un 66%, proveniente de fuentes continentales (agua dulce) y un 34%, de agua de mar.

Las modificaciones a la Ley de Glaciares, que la fortaleza del gobierno volverá a poner en disputa en la mesa de los negocios, están hechas a medida de las mineras que desde hace años están esperando semejante recibimiento.

Las reservas de agua dulce de los glaciares deben ser protegidas en el contexto de un cambio climático desdeñado por el presidente que tiene efectos directos en la disminución de los caudales de los ríos, la reducción en el tamaño de los glaciares y la degradación del permafrost de montaña. El permafrost es el sector congelado desde hace centenares de años que prácticamente no ha visto la luz y guarda dentro de sí fósiles, carbono orgánico y virus y bacterias zombies, que si se liberan, pueden desatar enfermedades impensables.

Cuando la ONU llamó torres de agua a las montañas, habrá pensado en Mendoza. Donde la cordillera es su tanque de agua que rompe en el verano en sus ríos y trae el agua al pequeño retazo de territorio irrigado donde se junta gran parte de la población. Donde de la nieve depende la vida. Y no sólo el turismo internacional para elegidos.

Esos montes que también son mirados con ojos de oro y de plata y de cobre por las megamineras son parte de ese territorio, guardianes y no gendarmes, de un patrimonio cultural y vital. Con el que no se negocia.

A cinco años de la pueblada de diciembre de 2019, la sociedad entre los gobiernos y las mineras –una vecindad pésima para los pueblos- jaquea otra vez los recursos que están en la panza de la tierra.

Y pone en juego una vez más la lucha y la dignidad de quienes han resistido desde los territorios los avances del poder económico con la complicidad vergonzante de la política.