La libertad avanza (sobre el derecho a decidir)

Por Martina Kaniuka

(APe).- No usan túnicas ni togas. No usan capas ni tienen superpoderes. Pero van a salvar vidas. Aclaran que “las dos”. “Las dos vidas”. Entonces, en la ciudad donde una niña de 10 años fue gaseada por la policía, ingresan a la salita, a la clínica, al hospital, y hacen guardia en los pasillos, en nombre de dios, la naturaleza, la vida, el karma. Con el imperativo categórico moral a la altura de los techos derrotados de algún hospital público donde las luces intermitentes de neón titilan, disfrazados con guardapolvos blancos de médicos y enfermeros, muñidos con estetoscopios y rosarios apuntan al objetivo: la decisión que una mujer engendra en el  vientre. Y, como si fuera un cuestionario de múltiple choice o uno de esos ejemplares de literatura adolescente donde puede elegirse la propia aventura, ellos tienen la única posible respuesta y la página correcta señalada. Ese otro ciudadano de bien por nacer debe de venir a este mundo que tan sereno espera recibirlo.

No construirán casas para las más de trece mil personas que viven con sus criaturas en la calle. No sembrarán paz ni clemencia, para los que nacieron sin haberlo solicitado, en los 4 de cada 10 hogares donde la violencia ocupa un cuarto propio. No saldarán las pendencias de quienes, sin haberlo deseado, fueron obligados a la vida.

Ellos, los objetores de conciencia, sin ciencia iluminados, tejerán escarpines para los niños por nacer, aunque sean úteros infantiles los gestantes, porque son los promotores del bien, los ungidos del pañuelo celeste. Los abonados al púlpito y los conservadores voluntarios. Los escribas de la moral casquivana encomendados en campañas de organizaciones religiosas financiadas por el Opus Dei, misiones como Colgá a tu bebito del balcón, encabezadas por Mariana Rodríguez Varela -hija del abogado defensor del genocida Jorge Rafael Videla- que ilustran la hipocresía y el odio de clase que abunda en los argumentos de quienes se encolumnan detrás de la “defensa de la vida” sostenidos en los estándares medievales de la Iglesia, que fomenta el negocio multimillonario del aborto que sirve para mantener en secreto la práctica en las clases pudientes, mientras las mujeres más pobres abortan en la ilegalidad, si tienen suerte y no mueren desangradas en una camilla.

Ahora y, a través del Protocolo de Acompañamiento a la Embarazada en Situación de Vulnerabilidad - Ley 27.611 (Ley de los 1000 días) que  Jorge Macri, Jefe de Gobierno Porteño -el mismo del “Protocolo Cero Niños en Calle” que separa a los menores más vulnerables judicializando a sus familias- presentó este último agosto en la maternidad Sardá, los grupos pro Vida tienen vía libre para ingresar en las instituciones e impedir la decisión que, por ley y derecho, tienen las personas gestantes en Argentina de no ejercer la maternidad.

Las cifras son alarmantes. Entre 2021 y 2024, se realizaron en promedio 78 mil interrupciones voluntarias del embarazo por año en la Argentina, según datos que surgen de un pedido de acceso a la información pública. Sin embargo, un estudio realizado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), la Red de Acceso al Aborto Seguro (Redaas), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y El Gato y la Caja advierte sobre los “malos usos” de la objeción de conciencia en el acceso a la interrupción voluntaria y legal de esos embarazos (IVE/ILE), identificando 223 episodios de negación de atención entre 2021 y 2023, de los cuales dos de cada tres ocurrieron de manera ilegal, en flagrante violación de la Ley 27.610. El análisis revela que el 67% de las objeciones documentadas se aplicaron de forma irregular o ilegal y que la proporción se agrava en los casos institucionales: nueve de cada 10 fueron ilegales.

La Ley 27.610, que en 2020 legalizó el aborto, reconoce el derecho a la objeción de conciencia, pero establece límites: sólo puede invocarse en el acto directo de la práctica de interrupción del embarazo, y quien objeta debe informar y derivar a la paciente. Además, la ley prohíbe la objeción de conciencia institucional.

El ascenso del gobierno de Javier Milei posibilitó el encumbramiento de una narrativa hegemónica oscurantista que señala a las temáticas de género y diversidad como “wokes”, lo que redundó en la presentación de un proyecto para derogar la ley que garantiza el derecho a un aborto legal, seguro y gratuito, el desfinanciamiento de los programas de salud reproductiva y la distribución gratuita de anticonceptivos.

Uno de los argumentos esgrimidos por el presidente equipara a la interrupción voluntaria del embarazo a un “asesinato agravado por el vínculo”. La misma carátula con la que, en 2017, fue detenida “Belén”, una joven tucumana condenada en el año 2014 a 8 años de prisión por haber tenido un aborto espontáneo.  La despenalización de la práctica se tornó entonces, hasta su sanción en diciembre de 2020, en una de las reivindicaciones que pasaron a encabezar la lista de demandas y desafíos planteados por las movilizaciones feministas que, desde el regreso a la democracia bregaban por la conquista del derecho.

En una encuesta (2009) realizada por Fortunato Mallimaci, Juan Cruz Esquivel y Verónica Giménez Béliveau para el CONICET, titulada “Creencias religiosas y estructura social argentina en el siglo XXI”, se verifica la pertenencia religiosa como un factor gravitante en la opinión frente al aborto. Según esta encuesta, si en el caso de la población en general los porcentajes entre quienes sostienen que el aborto debe estar siempre prohibido y quienes creen que debe estar permitido sin excepciones son similares, en el caso de los evangelistas con respecto a los católicos, las diferencias se evidencian. Sólo el 6,7% de la muestra de evangelistas se manifiesta a favor de la despenalización del aborto, mientras que el 37,4%, no acepta ninguna excepción para su realización. En el caso de los católicos, el 38% promueve el derecho a decidir, y el 7,4% se opone sin contemplaciones.

Considerando que las campañas de los principales candidatos de derecha latinoamericanos fueron financiadas por La Iglesia Universal del Reino de Dios, una de las iglesias evangélicas (cristiana y neopentecostal), cuyo líder es Edir Macedo, dueño de los cajeros automáticos de uno de los bancos más poderosos del Brasil que amasó en los últimos 30 años, una fortuna de US$1.000 millones con la que financió al Partido Conservador Republicano Brasileño (PRB) de Bolsonaro, no es de extrañar el posicionamiento del gobierno de la libertad que avanza (sobre el derecho a decidir).

Es por ello que este viernes 17 de octubre, día de la lealtad, un grupo de profesionales de la salud de la Ciudad de Buenos Aires, leales al juramento hipocrático, llamaron a través de un comunicado -como puede leerse en el artículo de La Retaguardia- “a organizaciones sociales, sindicales, feministas, usuarias y trabajadorxs de salud a mantenerse alertas, visibilizar estas situaciones y exigir que el Estado garantice políticas públicas libres de injerencias anti derechos, centradas en el respeto, la autonomía y la salud integral”.

 Y mientras la historia de “Belén”, dirigida por Dolores Fonzi, se repite en todas las pantallas de cine del país, el lobby pro-vida impulsado por las iglesias y el poco luminoso cielo del poder, vuelve a emerger de las tinieblas para hacer parir el ejército de humanidades que, sin haber sido deseadas, el mundo bienvenirá con la misma gentileza con la que se atiende a quien aparece en una fiesta sin invitación.