La insoportable impunidad de los titiriteros

Por Carlos del Frade

(APe).- Hoy comenzará el juicio en los tribunales orales federales de Rosario de “Los Monos”. Por primera vez la banda será enjuiciada por narcotráfico. He aquí el análisis de la resolución que genera este debate histórico. Historias que desnudan los entramados de delitos que destrozan las vidas de los pibes y que dan cuenta de los vínculos entre las fuerzas de seguridad y organizaciones narcos.

“La presente investigación se inició a raíz de la comunicación enviada el 19 de noviembre de 2014 a la Fiscalía Federal N° 3 por el jefe de la Sección Rosario de la Superintendencia de Drogas Peligrosas, subcomisario Raúl Hirch, en la que se puso en conocimiento que el día anterior, personal de esa dependencia había observado la posible comercialización de estupefacientes en la intersección de las calles Laprida y Chávez de esta ciudad, donde anteriormente había funcionado un bunker de venta de droga en el interior de un pasillo”, dice la resolución firmada por los fiscales federales Adriana Saccone y Diego Iglesias, el martes 27 de marzo de 2018, que, por primera vez en el ámbito de la justicia federal, imputará a la principal banda narco del sur de la provincia de Santa Fe, conocida como “Los Monos”, de los delitos del narcotráfico.

La decisión, largamente esperada y postergada, se dio a conocer el mismo día y casi a la misma hora en que terminaba el proceso judicial contra la misma organización en el nuevo edificio de la justicia penal santafesina bajo los cargos de asociación ilícita y asesinatos varios.

De los 32 imputados de la causa federal 23.772, solamente seis personas tienen el secundario completo; 12 son menores de treinta años y 22 tienen ocupación fuera de sus casas, la mayoría en actividades informales.

Pero más allá de estas características, el escrito de 180 páginas de los dos fiscales presentan algunas confirmaciones que ya estaban en la causa iniciada por el juez provincial Juan Carlos Vienna, discutidas en el proceso celebrado hasta el 27 de marzo en los nuevos tribunales penales santafesinos y en otras causas federales que no llegaron a juzgar a Los Monos.

La historia de la banda, según los expedientes provinciales, tiene un punto de crecimiento geométrico a partir de 2007.

Sin embargo, ni la causa elevada a juicio en los tribunales santafesinos ni la que ahora llevará adelante la justicia federal, aporta datos sobre el desarrollo de la organización antes de 2012.

Semejante espacio vacío, por lo menos de cinco años entre 2007 y 2012, deja muchos elementos por afuera de la construcción de la verdad histórica que debe fundamentar la reparación legal a las víctimas, en primer lugar, y a la sociedad, en segundo término.

Ese recorte histórico deja de lado otros actores que seguirán gozando de una intocable impunidad, de una insoportable impunidad.

¿Quiénes le presentaron el negocio del narcotráfico y el contrabando de armas como los mejores nuevos caminos para sus actividades?.

¿Quiénes fueron sus primeros proveedores de estupefacientes y armas?.

¿Cómo lavaron sus dineros, durante años, en la plaza financiera, empresarial o inmobiliaria de Rosario?

Si la causa Vienna hablaba de un “gobierno de facto” sobre varios barrios rosarinos constituido a partir de 2007, en esta resolución judicial se afirma que la banda se expandió a distintas regiones del país.

¿Cómo fue posible semejante desarrollo sin que aparezcan funcionarios municipales, provinciales y nacionales involucrados o mencionados o meramente apuntados a través de instituciones u organizaciones estatales que debieron evitar ese crecimiento?.

En esta resolución figuran algunos proveedores y menciones a laboratorios clandestinos pero falta conocer el manejo de esas rutas, las de la marihuana y cocaína, que existen desde hace cuarenta años y en las que, evidentemente, cambian los nombres de los gerentes o responsables de los peajes pero siguen siendo las mismas.

El presente escrito de los fiscales federales no hace mención a integrantes de fuerzas de seguridad, nacionales o provinciales, pero es evidente que algunos articularon esas relaciones en un primer momento dentro de esta línea histórica tan difusa y que está tan lejos del interés de los fiscales y jueces, no solamente federales, sino también provinciales.

Pero si aparece con contundencia la certeza de la continuidad de las actividades ilegales desde el interior de los penales provinciales. He aquí otro enorme elemento que debe explicar la conducción política de la provincia. Nadie explica si el Servicio Penitenciario no controla por inútil o porque cobra su mirar para otro lado.

Y el tema del dinero es estridente en su inexplicable silencio.

Financiamiento y lavado forman parte de un cuidadoso armado de ocultamiento en el que las justicias, provincial y federal, no ayudan casi en nada a destruirlo.

Claramente el capitalismo no investigará en serio una de sus principales arterias que los alimenta.

En el medio, la vida de las pibas y los pibes que se pierden inmoladas en el altar del dios dinero que manejan los titiriteros ocultos, los que gozan de una insoportable impunidad.

Por lo menos por ahora.

Desde la cárcel

Dice la resolución de los fiscales que “se comprobaron vínculos entre las nombradas que se encuentran directamente ligados a la actividad ilícita que desplegaba la organización. En este sentido, puede citarse la conversación que mantuvo Gladis Barrios con una persona alojada en una unidad penitenciaria, quien al preguntarle si iba a trabajar ese día, ella respondió que estaba esperando que le avisaran porque quizás sólo debía llevar “algo”. Seguidamente y al interrogarla su interlocutor respecto de con qué personas se “maneja”, ella le contestó que directamente lo hacía “con la mujer del pibe” y agregó, “con mi sobrina” (fs. 865)”.

Es decir que, una vez más, se comprueba que la organización sigue manejándose desde el interior de los penales de la provincia de Santa Fe.

O los controles no funcionan o se compra la impunidad.

Es una respuesta que debe darse desde la administración provincial.

El escrito afirma que “el mencionado como “Pibe” es nada menos que Guille Cantero, respecto de quien se determinó que desde su lugar de detención en el penal de Piñero mantenía asiduos contactos telefónicos con Vanesa Barrios, su mujer; con Patricia Celestina Contreras, su madre, y con otros sujetos no identificados, dirigiendo de esa manera el funcionamiento de la organización narcocriminal investigada. Muestra de ello es la comunicación registrada el 29 de septiembre de 2015 en la que Cantero le pidió a Barrios, “mándame el número de Cuello” (ver fs. 5 del legajo de transcripciones del mencionado abonado), en referencia a Diego Fabián Cuello. Este sujeto, como veremos más adelante, era uno de los proveedores de cocaína de la organización, lo cual da la pauta de que Guille digitaba telefónicamente el aprovisionamiento de estupefacientes de la misma. En tanto que las directivas a Barrios y control del aspecto económico de la empresa narcocriminal quedó evidenciada en una charla del 2 de noviembre de 2015 entre Vanesa Barrios y Guille en la que éste expresamente le da instrucciones respecto a la necesidad de suspender el pago a Diego Cuello –seguramente como pago de una operación vinculada con la adquisición de estupefaciente- y así poder darle otro destino al monto adeudado”, agrega el documento de la justicia federal.

Más adelante hay una reafirmación del desarrollo de la organización desde la cárcel: “En este entendimiento, consideramos que se encuentra acreditado en autos que Ariel Máximo Cantero y Jorge Emanuel Chamorro, desde el complejo penitenciario de Piñero donde se encuentran detenidos a disposición de la justicia provincial acusados de integrar una asociación ilícita conocida como “Los Monos”, eran los organizadores de la empresa criminal aquí investigada, contando ambos con el apoyo logístico y operativo de sus respectivas parejas, Vanesa Barrios y Jésica Lloan, quienes –a su vez- extra muros y gozando de su libertad, impartían las directivas a aquellos que ocupaban los eslabones intermedios. Debe aclararse, en este punto, que todas esas órdenes, eran coordinadas previamente y en forma telefónica, con sus compañeros, teniendo por tanto los cuatro mencionados absoluto control del funcionamiento de la organización”.

En otro párrafo se añade que “ha quedado demostrado a lo largo de la pesquisa, en virtud de las tareas de investigaciones, las intervenciones telefónicas y los allanamientos concretados por las fuerzas policiales, que la estructura criminal desbaratada fue orquestada y dirigida desde sus lugares de detención por los imputados Cantero y Chamorro, conformando cada uno de ellos un binomio con sus respectivas parejas, siendo Barrios por un lado y Lloan por otro, las que ejecutaron la puesta en marcha de una organización funcional integrada por distintas personas que bajos sus directivas llevaron a cabo la comisión de diversas figuras contempladas en el artículo 5° inciso “b” y “c” de la ley 23.737”.

¿Cómo fue posible la continuidad del negocio desde el interior del penal de Piñero?.

Relaciones

“Retomando lo dicho, en cuanto a que Jésica Lloan proveía estupefacientes con la coordinación de su pareja Emanuel Chamorro, principalmente marihuana, debe destacarse que una de las personas a las cuales abastecía de esa sustancia era a Vanesa Barrios, esposa de Ariel Máximo Cantero, alias “Guille”, detenido junto a Emanuel Chamorro en el Penal de Piñeiro a disposición de la justicia provincial. La referencia puntual a la existencia de esta “relación” entre las nombradas, merece una aclaración previa. Si bien en diversas transcripciones telefónicas ha quedado debidamente comprobado, según el criterio de este Ministerio Público, que es Jésica Lloan la persona que provee marihuana a Vanesa Barrios, este vínculo no puede ser entendido como una mera relación comercial ejecutada aisladamente entre dos personas, sus familiares o por sus colaboradores más cercanos, sino que -por el contrario- se advierte de esos diálogos que entre ambas existe un nexo articulado que posibilita, en definitiva, la existencia y propia perennidad de la organización, lo cual garantiza mantener la hegemonía territorial de la que parece gozar, a pesar de las distintas detenciones que ocurrieron durante la pesquisa en las inmediaciones de los puestos de venta investigados y siempre respecto de quienes resultaban ser sus eslabones más bajos y fungibles”, sostiene la resolución.

Esos nexos que posibilitan la “existencia y propia perennidad de la organización”, están mucho más allá de los años analizados por esta investigación de la justicia federal e, incluso, por los debatidos en el proceso llevado adelante por los tribunales provinciales que hablan a partir de 2013 en adelante.

Esos recortes históricos, más allá de la suerte de las causas y la contundencia de las pruebas acumuladas, no explican el origen ni tampoco el desarrollo de la organización.

Esa cuestión es central a la hora de pensar por qué Los Monos crecieron tanto y quiénes fueron sus socios, tanto por abajo, como por arriba en la estructura social rosarina, en particular, y santafesina, en general.

La marihuana paraguaya

“…Paralelamente, del producido de la línea intervenida 0341-2552383, surgieron comunicaciones de Luis Pedro Peñalba con un sujeto que, por su acento, daba la pauta de ser oriundo del noreste del país, posiblemente de Corrientes, al que se lo individualizó como “Patrón”, “Rata” o “Paraguayo”, y vinculadas a un supuesto traslado de estupefacientes hacia esta ciudad. Ese nuevo actor resultó ser el imputado Elias Javier Sánchez, quien acordó con Peñalba realizar una “bajada” de estupefacientes hacia la ciudad de Rosario, para la cual este último pondría el móvil y el “Paraguayo” se ocuparía de buscar el chofer (ver transcripción de fs. 2045)”, indica el documento judicial.

En este punto hay que destacar que la línea de la marihuana desde Paraguay es anterior a la propia conformación de Los Monos.

Esa ruta tiene antecedentes desde la dictadura en adelante, como también la procedente de Bolivia.

Es decir que las rutas siguen siendo las mismas, cambian los gerentes o los encargados de los peajes.

Roles

“…En legal tiempo y forma se ha cumplido con la recepción de la declaración indagatoria de los acusados, imputándoseles a cada uno de ellos lo siguiente: Ariel Máximo Cantero fue imputado por “ser uno de los organizadores de la banda, dando directivas desde el lugar de detención” y “en especial a través de su pareja Vanesa Jaquelina Barrios” (fs. 3376/77). Misma acusación que fue dirigida contra Jorge Emanuel Chamorro, que en su caso se lo señaló como uno de los organizadores de la banda, dando las directivas desde su lugar de alojamiento “en especial a través de su pareja Jésica Lloan” (fs. 3378/79).

“En consonancia con ello, a Vanesa Jaquelina Barrios se le imputó integrar la organización y “ejecutar las órdenes que recibía de su pareja Ariel Máximo Cantero, quien era uno de organizadores de la misma, quien daba las directivas desde el lugar de detención donde se encuentra actualmente alojado, la Unidad de Detención n° 11 de Piñero” (fs. 3319/20); ello igual que a Jésica Ayelén Lloan, que en su caso la acusación fue por ejecutar las órdenes que recibía de su pareja Emanuel Chamorro, detenido en el mismo lugar que Cantero (fs. 3321/22).

“Por debajo de esa línea, a Gladis Obdulia Barrios se le atribuyó “ocupar en un rol importante en la organización proveyendo estupefacientes, contactando proveedores, organizando la logística de los puestos de venta y retirando dinero para la organización” (fs. 3909/10). Mientras que a Patricia Celestina Contreras también se le endilgó ocupar un rol de importancia en la organización “proveyendo estupefacientes y participando en la toma de decisiones respecto de los distintos puntos de venta de droga” (fs. 5621/2)”, apunta la acusación.

Proyección nacional de la banda

“Tal como se irá desmenuzando en los párrafos que siguen los elementos probatorios hasta aquí reseñados han permitido confirmar, con el grado exigido en la etapa que se transita, la hipótesis ensayada desde los albores de esta pesquisa en cuanto a la ejecución de actividades criminales por parte de los diversos imputados, todo lo cual ha dejado al descubierto la existencia de una estructura ilícita con proyección en diversos puntos del país...”, dice el texto, mostrando el grado de desarrollo de la organización.

Ya no se habla de los barrios rosarinos Las Flores y La Tablada, sino de una proyección “en diversos puntos del país”.

Es imprescindible que esta afirmación supere el marco de los tribunales federales e ingrese en el territorio de la discusión política.

No hay forma de una extensión a distintos puntos de la geografía nacional si no se tienen vínculos con funcionarios políticos en distintas áreas, nacionales, provinciales y municipales.

Dos binomios directivos

“Más allá de que en el marco expositivo de este dictamen, a fin de facilitar la comprensión del funcionamiento y composición de la organización estudiada, se vaya a segmentar la integración de la misma en dos binomios conformados por las parejas Cantero-Barrios y Chamorro-Lloan, es importante aclarar que para esta parte acusadora se encuentra sumamente acreditado que ambas familias llevaron adelante una estructura narcocriminal única y mancomunada, al menos desde el mes de noviembre de 2014 y con fuertes sospechas de que actualmente podría seguir operando, tal como queda evidenciado con la causa por secuestro extorsivo que se inició en 2017 contra “Guille” Cantero y a la cual haremos referencia más adelante”, afirma el documento.

Aquí hay una diferencia en la concepción de la organización de la banda con respecto a la realizada desde la justicia provincial.

En la causa Vienna se habla de un grupo duro y central conformado por Claudio “el Pájaro” Cantero, el “Guille” Cantero, “Monchi” Machuca y Celestina Contreras.

En esta hipótesis, la justicia federal habla de dos alas, del binomio que conduciría la organización.

La insensibilidad de la banda

“CD N° 6 Comunicación del 03/10/15 20:31:26, transcripta a fs. 17 del legajo del abonado 0341-6201324. En este orden de ideas, no puede soslayarse una cuestión que vemos como denominador común en muchos diálogos que se han ido registrando y es la insensible y despreciable forma en la que se manejan cuestiones que hacen la convivencia social o al respeto por la vida.

“Una de las conversaciones que ha llamado la atención a esta representación fiscal es aquella que mantuvo Vanesa Barrios con una persona apodada Mary en la cual aparentemente la primera quiere que haya personas en un determinado lugar para utilizarlo como lugar de venta, ya que ese sitio era disputado por una tercera persona que tendría cierta enemistad con los encargados de la organización. El registro es el que se transcribe a continuación:

MARY: Sí, te dije que sí. Después te mandé un mensaje y te dije que tuve que ir con la Ro, me llevo las bolsas y los chicos, nomás te dije. […] ¿Por qué, qué pasó? Porque ellos me siguieron molestando a mí y a mí, la mudanza me la iba a hacer mi hermano. ¿Qué pasó? Que mi hermano se fue a trabajar a Roldán y vendió la chata y yo no quise llamar a ningún flete, ni nada que sea de Gálvez. Porque siendo de Gálvez iba a saber cualquiera dónde yo estaba.[…]
VANE: en qué sentido te siguieron molestando?
MARY: y yendo a cada rato con las motos todos y ayer fue él a la puerta de mi casa con tres locos en un moto, él mismo estuvo en la puerta de mi casa. Y dice que él le dijo al vecino de al lado […] como para que me hagan llegar a mí que él iba a meter gente de él porque ahí iban a trabajar ellos.
VANE: pero el tema es así, vos tenés que agarrar y sacar los chicos, llevar los colchones como habíamos dicho y la cocina nomás y quédate vo´ ahí. […] Igual yo más tarde voy a ir. Él no va a meter a nadie. Vo´ tené que hacer sacar los colchones y la cocina nomás.
MARY: bueno, escúchame ¿Pero vo´ no tené a nadie que me acompañe a mí para que yo no me quede sola ahí? Si yo no sé lo que él puede llegar a hacer.
VANE: sí, yo como tener tengo. Es más voy yo misma si tengo que ir. ¿Pero qué va a hacer? No va a hacer nada, quieren paburar ese ridículo.
MARY: no boluda, no me quieren paburar. Porque no es conmigo la (nse), es con ustedes porque si no, no va a estar boqueando que va a hacer meter dentro mi gen, gente dentro de mi casa. Como que me saca la casa porque él va a trabajar ahí […] Yo lo pongo como que él le está tirando la bronca a ustedes. Como diciendo acá hago lo que quiero acá porque, porque acá hago lo quiero […] Bueno, igual. Vo´ si tené alguien […] Yo no tengo problema de ir y hacer lo que vo´ me estás diciendo. Pero mandame un guacho, mandame con alguien que me acompañe, alguien que tenga un fierro, no me dejé regalada ahí adentro […] Porque él no me, él no me va hacer nada pero los soldaditos de él son re sarpados, capá que para hacerse fama pasan y me agarran, me quieren agarrar; a tiro, boluda […]” (ver fs. 859/60).

“La referencia a la libre disponibilidad de armas, la clara posición de mandamás de Vanesa Barrios y la hostilidad y desprecio con la que discurre esta charla, no hace más que demostrar la conflictividad existente en la ciudad de Rosario; es decir, no ya en un determinado barrio sino en la propia ciudad. Desafortunadamente, esta charla no es la única que ha sido registrada; todo lo contrario, sucesos acaecidos recientemente nos persuaden de que similares hechos continúan acaeciendo con los mismos personajes por protagonistas”, remarca con el documento federal con contundencia.

Los soldaditos

“De acuerdo a los elementos que fueron recabados en esta instrucción, las personas que habrán de ser tratadas aquí, Alan Nahuel Quintana y Kevin Joel Quintana se sitúan en el eslabón más bajo de esa la organización criminal. A Kevin Joel se le atribuyó ser una de las personas que se encargaban de brindar seguridad al punto de venta ubicado en calle Laprida y Chávez de Rosario, es decir, ser “soldadito” o en otras palabras, aquel que da aviso o se encuentra en permanente estado de alerta tratando de determinar la posible presencia de personas ajenas al lugar y sobre todo, de personas pertenecientes a fuerzas de seguridad.

“Tal imputación encuentra respaldo en las distintas tareas de campo que llevó a cabo el personal policial sobre el mencionado punto de venta, donde se pudo acreditar su vinculación con la organización (ver fs. 16/28, 34/5, 87/91, 94/95, 104/109, 174/178, 187/189 y 204/205). En efecto, los preventores se constituyeron en numerosas oportunidades en Laprida y Chávez, donde observaron la permanente presencia de un sujeto que oficiaba de “soldadito”, el cual, incluso, el 2 de marzo de 2015 fue visto en el puesto de Laprida y Chávez recibiendo directivas del encargado del lugar, Eric Quintana (fs. 186 y 189).

Si bien en esas tareas el imputado fue inicialmente señalado con el Nº 4 en las fotografías acompañadas a los partes del 27 de noviembre y 3 de diciembre de 2014 (fs. 20/22 y 25/27), luego se determinó que se trataba de Kevin Joel Quintana. Ello, a partir de la foto suya obrante en el sistema IDGE de la Policía Federal (fs. 178) y de la imagen obtenida de su persona, tras su detención en autos (ver fs. 4404).

En cuanto a su identificación, como ya se adelantara, ello fue posible a partir del análisis realizado sobre el perfil de Facebook de su hermano Eric Quintana, -“Eric de Smaf26”-, del que surge entre sus amigos el perfil de Alan Quintana -“Lalo Smaf”-, quien a su vez tenía entre sus publicación una foto con otras dos personas, una de ellas vinculada al usuario de “Kevin de Smaf”, que se determinó que pertenecía a Kevin Quintana, el mismo sujeto que había sido observado por la fuerza custodiando el funcionamiento del puesto de venta sito en Laprida y Chávez.

La sigla “SMAF” se refiere a San Martín al Fondo, barrio donde se encuentran ubicados los puntos de venta investigados.

Por su parte, a Alan Nahuel Quintana, alias “Lalo”, se le atribuyó ser uno de los vendedores de estupefacientes en ese lugar, como así también de cumplir allí funciones de seguridad.

Al igual que el caso de su hermano Kevin, la vinculación de Alan con las actividades de narcotráfico desarrolladas por la organización bajo estudio, surge de las diferentes tareas de campo realizadas por los preventores al comienzo de la pesquisa, donde el nombrado fue identificado entre el grupo de personas que vendían estupefacientes en inmediaciones de Laprida y Chávez e incluso se obtuvo una fotografía de él en momentos en que llevaba a cabo tal actividad (ver fs 175). Al mismo tiempo, en cuanto a su identificación, cabe volver a señalar que fue a través del perfil de Facebook de su hermano Eric Quintana se dio con el usuario “Lalo Smaf”, perteneciente a Alan Quintana. Siendo que a partir de allí también se llevaron a cabo diferentes consultas en la web que permitieron conocer que este imputado poseía domicilio en Cortada de León 1100, que fue objeto de investigación por ser señalado el lugar donde los encargados de los puntos de venta acopiaban el material estupefaciente que luego se comercializaba. Así las cosas, encontramos probado que los imputados Alan y Kevin Quintana formaron parte de los hechos que se le imputan, con el grado de relevancia propio que representa ese accionar de los eslabones inferiores de la cadena de comercialización de estupefacientes que llevaba a cabo la organización narcocriminal bajo estudio”.

Por otro lado se hace mención a la permanente remoción de los soldaditos y vendedores:

“…las eventuales detenciones de Montserrat y Acuña, eslabones intermedio e inferior respectivamente en la pirámide jerárquica, no resintieron este andamiaje delictivo ni su funcionamiento, ya que el control ejercido por los cuatro organizadores sobre el plan delictivo y sobre las acciones de sus subalternos, dotó a estos últimos de cierta fungibilidad, dificultándole poderosamente a las fuerzas de seguridad el desbaratamiento de esta maquinaria narcocriminal”.

Laboratorio clandestino

“…Ahora bien, como se evidenciara en el acápite V al referirnos a la responsabilidad de cada uno de los imputados, las comunicaciones telefónicas captadas dieron cuenta que Guille Cantero y Ema Chamorro mantenían permanentes contactos con sus parejas, a quienes daban directivas respecto de la provisión y comercialización de estupefacientes, el cobro y pago de distintas sumas de dinero vinculadas a la actividad, como así también se reportaban problemas que surgían con los distintos puntos de venta.

En tanto que los elementos obrantes en autos también son contundentes en demostrar cómo Barrios y Chamorro dirigían la actividad ilícita, se proveían del estupefaciente para que parte del mismo sea elaborado y estirado en el laboratorio clandestino montado en la calle Corrientes al 1900, digitaban su distribución a los distintos puntos de venta y controlaban la recaudación y el correcto funcionamiento de los mismos.

En otras palabras, resulta más que claro para esta parte, que los nombrados desplegaron la acción de organizar, exigida por el tipo penal citado, llevando a cabo estas conductas de forma dolosa, ya que en todo momento su accionar apuntó deliberadamente a posibilitar la ejecución los actos ilícitos verificados en autos, distribuyendo las tareas entre los miembros del grupo, administrando los recursos humanos y materiales, disponiendo y estableciendo las condiciones de trabajo, entre otras. De tal forma, ha quedado comprobado que dicho actuar fue doloso, conformándose así el aspecto subjetivo del tipo”.

Armas

“…En efecto, tal como se ha referenciado en el presente escrito, tanto Cantero como Chamorro, se comunicaban frecuentemente con sus parejas a fin de determinar los ingresos y egresos monetarios de la empresa ilícita, coordinar el pago de determinadas deudas, conseguir “juguetes”, en referencia a armamento, o contratar “muchachos” para custodiar los puntos de venta, circunstancias que dan cuenta de que los cuatro imputados mantenían el dominio sobre la logística económica de la organización, impulsando el flujo de dinero según las necesidades del negocio”.

Edición: 3710