La gurisada en la Corte

Por Silvana Melo

(APe).- Gran parte de los escaloncitos de esa inaccesible escalinata que es el estado para la infancia, han puesto trabadillas en los pies de los justos. Las niñas y los niños que sobreviven diseminados en el paraíso envenenado de la agroindustria parecen ser los enemigos de la producción y de quienes eligen alinearse con el poder económico. Y es toda una opción: el estado, en su amplitud que abarca la Justicia y el Poder Político, ha decidido pararse en la vereda del agronegocio y desamparar a la gurisada entrerriana víctima de esa voracidad. Ayer el foro ecologista de Paraná y AGMER depositó un recurso de queja sobre la mesa de entradas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La cúspide de la escalinata. El estado en su poder pleno de admisión o supresión. De aval o revocatoria.

La Corte Suprema debe asumir un veredicto después del paso por todas las oficinas del estado que fueron serpenteando hasta sentarse siempre en el sillón de los partícipes necesarios de la desgracia de la niñez. Dentro del expediente que hizo ruido sobre el mostrador de la Justicia están todos. La gurisada que respira mal, la que tiene la piel brotada, la que desarrolla neuropatías, la que sufre de leucemias y cánceres y desembarca en el Garrahan y a veces se muere en sus pueblos o vive como se puede en las vecindades de la transgénesis donde llueve veneno que entra por las manos, los pulmones, el agua y el alimento. Y también están las maestras que fueron y van al frente, las fumigadas y enfermadas, las que denunciaron, las que siguen en la resistencia aun con veneno en la sangre.

La lucha del foro ecologista, de los docentes de AGMER, de la Coordinadora por una lucha sin agrotóxicos Basta es Basta ha vivido los altibajos de una disputa que siempre es desigual: los molinos de viento siguen despatarrando al Quijote cada vez que, flaco, debilucho y torrente, se les planta. Pero alguna vez habrá cómo trabarles las aspas. Cómo desactivar esa complicidad férrea entre los brazos político y judicial del estado y el poder económico más concentrado de estos tiempos.

La queja que firma, entre otras, la abogada María Fernández Benetti, reclama la voz de la Corte.

Porque en octubre de 2019 el Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos falló a favor de las fumigaciones. Esa sentencia “es arbitraria y sin fundamentos porque omite el tratamiento y consideración de la abundante prueba científica aportada por las organizaciones; omite de manera grosera la evidencia presentada por el daño genético que registran nuestros niños y niñas rurales en investigaciones del Conicet; un asunto previamente avalado ya en cinco oportunidades por el Supremo Tribunal, con otra composición de jueces. Esto contradice un principio fundamental del derecho que es la cosa Juzgada”. (Basta es basta)

Ese octubre, el Supremo Tribunal había ratificado el decreto del gobernador que permitía fumigar a metros de las escuelas y rechazado el amparo de las organizaciones. Con un detalle estremecedor: horas antes de resolver, el presidente del tribunal, Emilio Castrillon, se había reunido con los ruralistas. Los niños, mientras tanto, corrían en los recreos de los patios rurales, vecinos y cercados por la eternidad sojera. Respirando el veneno de un modelo de producción que los combate.

Unos 500 millones de litros de agrotóxicos utiliza la agroindustria en los campos de todo el país. El arma letal de un modelo que concentra, contamina y no alimenta.

No es sólo Entre Ríos. Es la tierra entera. Pero es la gurisada la que está plantada en el mostrador de la Corte. Para que se decida a escuchar. Y defina, de una buena vez, con quién camina la justicia. Con el poder económico o con la infancia a la que se le carga el peso del futuro.

Edición: 3943