La ejecución pública de la Ley de Glaciares

Detrás está el lobby minero, en cada paso del menú presidencial. Una trama de energía, Vaca Muerta y megaminería para el futuro de un país sin empleo, sin trabajadores y sin jubilados. Detrás del avance extractivo reina la negación de la crisis climática. El agua que se destruya no tiene retorno. El voto de los senadores quedará marcado en la Historia.
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Por Silvana Melo

(APe).- En una semana sombría, cuando se busca encerrar y castigar a la niñez y se planea la abolición de más de un siglo de conquistas laborales, la Ley de Glaciares es el símbolo escondido de la columna vertebral de la economía: el extractivismo feroz, sin obstáculos legales y sin luchas populares. Ese modelo de “maldesarrollo”, como lo califican Maristella Svampa y Enrique Viale donde la producción dirigida se lleva por delante los bienes comunes, la tierra, la montaña, el agua, los bosques, la vida misma.

Se trata, entonces, ya no de una legislación ni de una cuestión de complejidad técnica, sino de un tema profundamente político. Se trata de decidir entre la protección del agua para millones de personas o la consolidación de un modelo que sólo implique la extracción, en un avance histórico de la megaminería contaminante en todas las provincias cordilleranas. En proyectos que hasta ahora estaban prohibidos a través de legislaciones específicas, que habían sido detenidos por luchas populares o que se regían por una ley nacional y no por decisiones de cada provincia en su territorio, como dispone la reformulación de la Ley de Glaciares que se trata el jueves en el Senado. Es decir, cada provincia decidirá qué hacer con su glaciar y con su ámbito periglaciar, cuando disponga que las multinacionales entren con sus proyectos a romper los cerros donde se encuentran los glaciares. Y a utilizar el agua sagrada para la lixiviación con cianuro, en el caso de las minas de oro como la legendaria Veladero de San Juan.

Detrás del intento de lapidación de la ley de Glaciares, está el lobby minero que acecha en cada paso del menú económico del presidente (la mayúscula se perdió junto con la dignidad), que teje una trama con la energía, el campo, Vaca Muerta y la megaminería para el futuro de un país sin producción, sin empleo, sin trabajadores y sin jubilados.

Detrás del avance indetenible del proyecto extractivo reina la negación de la crisis climática (en realidad, la negación de que sea de origen antropogénico, es decir de que el desastre que se vive con una aceleración temible sea responsabilidad de los cómplices poderosos del que preside). Por lo tanto, lo que se destruya no tiene retorno. Los glaciares son los tanques de agua dulce del mundo. Son los reguladores del clima, garantizan la vida y la biodiversidad. Mientras el planeta se calienta, se seca, se vuelve cada vez más injusto, los glaciares parecen alzarse para garantizar la vida.

En este contexto de destrucción planificada no es extraño el intento de ejecución pública de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares y Ambiente Periglaciar, que es una letra legal legendaria por haber sobrevivido –en una década y media- a los embates del poder económico más embravecido. Y por sostener un origen de organización y articulación social que le permitió plantarse ante el lobby de la Barrick Gold. Nada menos. Hoy se la vuelve a desdeñar por parte de poderes que consideran a la naturaleza un bien de mercado y a la ciencia un instrumento exclusivamente para el sostén de ese mercado. Los glaciares, en ese esqueleto de pensamiento científico, no son más que herramientas para la consecución de un objetivo u obstáculos que lo imposibilitan.

La ley 26.639 es, entonces, una molestia para los mineros y para los gobernadores que necesitan a los mineros para sostener sus provincias con las míseras regalías que dejó legisladas el menemismo y para ofrecerles el RIGI para que se establezcan. Sin la ley, además de las concesiones económicamente denigrantes, se les concederá el futuro con la posibilidad de hacer con los glaciares lo que necesiten hacer. Jugarse el agua dulce de los años que vendrán. Jugarse el agua dulce que San Juan y Mendoza, por poner dos ejemplos desesperantes, no tienen. Porque viven en emergencia hídrica.

Miles de personas resisten a los emprendimientos mineros cuando Mendoza desestima la ley sostenida por una lucha popular. En 2019 se pudo. En 2025 no. La fuerza es cada vez mayor. Y los glaciares miran desde los picos nevados, cada vez menos blancos, cada vez menos ríos que bajan aguas frescas y transparentes.

La Ley de Glaciares nació en 2008, a partir de un proyecto de la entonces diputada y pedagoga Marta Maffei, acompañada por el diputado y periodista Miguel Bonasso. A partir de la presión minera, Cristina Fernández vetó la ley. El escándalo político generó un proyecto más amplio aún impulsado por Bonasso, que pudo atravesar el “veto Barrick Gold” y sortear la desesperación de la canadiense que explotaba Veladero y buscaba avanzar con Pascua Lama, ambas en San Juan. Finalmente, en 2010 se logró la sanción definitiva. Y Miguel Bonasso dejó para siempre el kirchnerismo.

En 2019 la Corte Suprema rechazó los reclamos de las mineras y del gobierno de San Juan y determinó la constitucionalidad de la Ley de Glaciares.  En 2024 sobrevivió a la Ley Bases, que pretendía vaciarla. Y hoy se encuentra en una encrucijada. En medio del tratamiento de leyes fundamentales para la vida próxima de la república, para la vida de sus trabajadores, de sus niños, de sus niñas, de sus jubilados, los glaciares hacen oír su grito de alarma porque las reservas de agua dulce quedarán desnudas, desprotegidas, desarmadas. Y es la diferencia entre la vida y la muerte.

Los pueblos originarios lo saben. Los glaciares son espacios sagrados. En ellos se domicilian los dioses. Si se pierden se derrumban los montes y los cielos y el hogar de los espíritus que sostienen el mundo cada día. Los que lo alimentan y le dan de beber.

Entonces sabrán los senadores qué votar cuando les llegue ese frío expediente que ni siquiera habrán leído. El que tendrá apenas una cruz en el mandato de votar. Sí o no. Deberán tener dignidad por una vez y decidir si van a votar por el poder económico o por las comunidades que luchan por el agua. Si van a votar por la megaminería contaminante o por un futuro que será interpelante, con inmensos agujeros en la tierra y sin agua para sus hijos.

Lo que decidan quedará rubricado a fuego con sus nombres en la historia.

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