La demolición del trabajo y el sacrificio del trabajador

Por Claudia Rafael

(APe).- Son dos mundos paralelos.

Antes de la media sanción de la reforma, un joven senador chaqueño reivindicó los descuentos del 50 al 75 % del sueldo por “una actividad voluntaria no vinculada con las actividades laborales que implique un riesgo a su salud” (deportes, enfermedad, accidente) o que se desconozca la antigüedad de un trabajador para equipararlo con uno nuevo. La ex súper ministra de seguridad y hoy jefa del bloque LLA instaló el cuento de que las empleadas de su panadería predilecta festejan con un “qué bueno lo de las licencias por enfermedad porque acá mis compañeros presentan certificados truchos”.

Lejos muy lejos, en un mundo inasible e incomprensible para los ocupantes circunstanciales de esas bancas en el Congreso, los trabajadores de FATE en San Fernando se toparon con un prolijo cartel que les anunciaba que “nos vemos obligados a extinguir todos los contratos de trabajo”. Casi un millar de empleados. Un millar de familias. Unas 3000 a 5000 personas. Unas 2000 niñas y niños en promedio cuyas familias se hunden en el devastador universo del desempleo. En un contexto en el que las importaciones asiáticas en neumáticos crecieron en un 34,8 % y una reducción de empleo en el sector de 6400 puestos.

Un año atrás, en febrero de 2025, los trabajadores de la gráfica Morvillo, de Avellaneda, se enteraron por un whatsapp de que la patronal les hacía saber que ya no tendrían trabajo.

Extraños modos de anunciar un despido.

Son dos mundos paralelos. Incompatibles entre sí. A kilómetros luz uno de otro.

En un tiempo en el que las capas del poder económico y político se hunden en una pugna en la que los únicos que pierden son los trabajadores.

Diputados y senadores que cobran entre 7 y 10 millones de pesos legislan sobre el destino de jubilados con haberes de 369.600,87 (no llegan a 440.000 con el bono de 70.000 pesos) o de trabajadores que apenas superan los 346.800 pesos de salario mínimo. Deciden sobre cargas impositivas para ricos muy ricos y pobres muy pobres.

De un lado, hay 50 argentinos que acumulan riquezas de casi 78 mil millones de dólares. Entre ellos, Javier Madanes Quintanilla –dueño de FATE y Aluar- rankeado en el puesto 12 de los más ricos, según la revista Forbes, con 1.500 millones de dólares.

Del otro, unos 12,8 millones personas que se encuentran bajo la línea de pobreza, lejos de los 9,5 millones que enuncia el ya desacreditado Indec. “La pobreza sigue bajando en Argentina”, anunció hace un par de semanas el gobierno nacional –con bombos y platillos- en las antípodas de la realidad.

Una vez más, son dos mundos paralelos.

A tres décadas de las privatizaciones menemistas, a tres décadas del boom de parripollos, de kioscos, de taxis, del inicio del fenómeno de motomandados hoy el combo de tecnología de servicios con precarización extrema, da cuenta de alrededor de un millón de trabajadores de apps. Rappi tiene 80 mil repartidores; Pedidos Ya, 40 mil, Uber cuenta con unos 400 mil conductores, Didi 350 mil y Cabify unos 100 mil. Un rubro en el que sólo el 25 % lo tiene como trabajo exclusivo y el restante 75 % lo hace como complemento de otro que nunca alcanza. Y, en el fogoneo de esas salidas desesperadas, una moto para un trabajo de reparto parte del millón 400 mil pesos o el alquiler diario ronda los 15.500 pesos. Mientras, los Ceos de algunas de las plataformas se alistan para cotizar en bolsa.

Desde el Sindicato de Repartidores de Apps,  Belén D’Ambrosio dijo por estos días que “el artículo 11 de la ley dice que podríamos obtener un seguro de común acuerdo con el empleador como si nosotros, que pedaleamos con nuestras propias bicicletas y nuestro propio celular, pudiéramos negociar en igualdad de condiciones con los dueños de Rappi y Pedidos Ya”.

Tres décadas atrás, cuando Menem era elegido por segunda vez y se alzaba con el 49,9 % de los votos el desempleo se había elevado a 18,4 %. 30 años más tarde, la desocupación apenas roza el 7 %. Porque reina el trabajo precario, el pluriempleo, las tres o cuatro changas que permiten, por poco, superar el índice de pobreza extrema. En definitiva, los precarizados se consideran trabajadores. Y permiten adornar un índice de un organismo que ya no tiene ninguna credibilidad.

Los 920 trabajadores de FATE quedan hundidos en un mundo de desocupación compartido con más de 300.000 personas que hasta muy poco tiempo percibían un salario formal de alguna de las 22.000 empresas que cerraron en los últimos dos años. En un país en el que no existe seguro de desempleo.

Lejos, muy lejos, en esos mundos paralelos, el máximo representante político argentino participa –en su décimo quinto viaje a Estados Unidos- de la sesión inaugural del Consejo de la Paz creado por Trump para la “reconstrucción de Gaza”. Una junta de 19 países –entre los que se cuenta, por caso, Israel- para profundizar el genocidio palestino.

Mientras tanto, 8.400 kilómetros al sur de Washington, el Congreso discute acerca del mundo del trabajo formal: reducción de indemnizaciones, fraccionamiento de vacaciones, cercenamiento del derecho a huelga y de la organización sindical, ampliación de la jornada de trabajo, cese del pago de horas extra y creación del banco de horas, entre tantas bondades.

Son dos mundos paralelos.

Incompatibles entre sí.

A kilómetros luz uno de otro.

Donde, por ahora, sólo por ahora, unos pocos siguen determinando las vidas cotidianas de las grandes mayorías.