La adopción: ¿una decisión o un negocio? La Justicia que cobija un mercado oculto

(APe.)- Profesionales del Hospital Provincial de Neuquén denunciaron “un nuevo método en el tráfico de niños”, el que contaría con la complicidad de distintos organismos del Estado, entre ellos el Judicial.

Según estos profesionales muchas de las madres y embarazadas atendidas en ese Hospital, son presionadas por personas que desean adoptar: “nos han contado que directamente les ofrecieron dinero. Son mujeres pobres, que pueden manifestar durante el embarazo el deseo de dar en adopción, pero no es una decisión firme”.

Lo grave de esta situación es que las supuestas familias adoptantes toman contacto con estas madres a través de las instituciones públicas, las cuales son las primeras en aconsejarles que el trámite de adopción lo realicen por fuera del procedimiento legal. El Poder Judicial, avala este manejo mediante distintos fallos en los que sostiene que la madre biológica “tiene derecho a elegir con quién debe quedar su hijo”, para eludir así el Registro Único de Adoptantes.

Hablar de libre elección del acto de desprendimiento de un hijo, en un país donde más de la mitad de sus habitantes se encuentra por debajo de la línea de pobreza, no sólo resulta cínico sino criminal, puesto que es el propio Estado el que ha generado las condiciones que, las más de las veces, no dejan elección.

Hace ya más de una década que los circuitos “informales”, a menudo ilegales, de adopción se desarrollan impunemente amparados en la sombra de una ideología, que atravesó conciencias de familias enteras y de funcionarios: los niños pobres estarán mejor con una familia rica, como si una caricia nacida de nueve meses de gestación pudiera ser reemplazada por condiciones materiales.

Esta concepción es la que ha terminado justificando siempre que el niño pueda convertirse en una mercancía o que devenga en el remedio para la crisis de pareja ante su maternidad frustrada.

De ahí que exista la falsa idea de que el problema de la adopción legal sea su normativa, a la que se considera llena de trabas legales.

Según esta concepción sería traba legal, la obligación del Estado de controlar que los padres adoptantes se encuentren en condiciones psico-sociales para poder llevar adelante la crianza, y también, la obligación del Estado de controlar durante un período de tiempo que ese vínculo, que genera la ley, parta de una decisión sana y comprometida con el niño.

Entonces: ¿se considera traba legal a la obligación del Estado de controlar la elección de esa madre de darlo en adopción, o acaso sea la adopción el producto del incumplimiento del mismo en brindar las condiciones para sostenerlo, haciendo surgir un acto desesperanzado y sin alternativa en una madre, que con sus pechos llenos de leche y en última instancia, se obliga a cometer?