IRAR

Por Carlos del Frade

(APE).- “Acá el problema mayor es la falta de política del gobierno de la provincia de Santa Fe hacia los pibes”, dijo Jorge Acedo, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado en diálogo con esta agencia.

Cada vez hay menos personal y la mayoría de los trabajadores soporta condiciones irregulares de contratación, siendo su patronal la misma administración que dice combatir el trabajo en negro.

El Instituto de Rehabilitación del Adolescente de Rosario, IRAR, comenzó a funcionar en 1999 con la idea de darle contención y educación a los pibes que ya soportaron varias causas judiciales.

Siete años después, el IRAR “es un lugar de encierro más y se vuelve a confirmar que en la provincia los trabajadores que peor están son los que operan cotidianamente con los sectores más vulnerables de la sociedad”, agregó Acedo.

A raíz de la pésima situación que atraviesan alrededor de ochenta menores en conflicto con la justicia, los trabajadores nucleados en ATE decidieron lanzar trabajo a reglamento, guardia mínima y rechazar cualquier tipo de ingresos no solamente en el Instituto sino también en la llamada Casa del Adolescente y en un lugar similar en la localidad de General Lagos, cercana a Rosario.

Las graves denuncias presentadas por los trabajadores del IRAR por las pésimas condiciones de sobrevivencia que atraviesan los internos, ante diversas organizaciones de derechos humanos, legisladores e incluso funcionarios del poder judicial santafesino, llevaron al juez rosarino, Alfredo Ivaldi Artacho, a ordenar al Ministro de Gobierno que “en noventa días haga cesar en el Irar las ‘circunstancias agravantes’ comprobadas en el hábeas corpus, que radicó a fines de julio el defensor del pueblo Carlos Bermúdez. Es decir, eliminar las plagas, especialmente roedores; reestructurar, reparar y mantener en forma permanente el sistema de evacuación, desagüe y limpieza de los retretes existentes en las celdas; y reparar y mantener el edificio en cuanto a la calefacción y la humedad permanente en todos los ámbitos (filtraciones del techo, rotura de cañerías, agua en los pasillos)”, remarcaron las informaciones periodísticas.

El juez también dio intervención a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia “para que actúe como organismo de enlace y contralor del cumplimiento del hábeas corpus” y que informe sobre la evolución de las obras cada treinta días.

Por su parte, los jueces de menores de los tribunales rosarinos, Juan Artigas, Juan Carmona y Jorge Cartelle, escribieron una nota dirigida al gobernador de Santa Fe, Jorge Obeid: "Desde la adopción y ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, los órganos administrativos deben adoptar los mecanismos de protección óptimos para asegurar un adecuado tratamiento integral... No observamos que el Estado provincial haya adecuado, en la intensidad que corresponde, políticas específicas en cantidad y calidad de acuerdo a las reglas mínimas para el tratamiento de quienes están privados de libertad, resultando a la postre en prácticas de depósito de niños" y agregaron que la única respuesta estatal es “el simple castigo”.

El conflicto gremial impulsado por los trabajadores de ATE, en realidad, está poniendo en evidencia la hipócrita moral de un gobierno que dice proteger a los pibes cuando hace todo lo contrario.

Fuentes de datos: Jorge Acedo y trabajadores del IRAR, entrevistados por esta agencia / Agencias de Noticias Tercer Mundo On Line 06-10-06 y Argenpress 08-10-06