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Por Carlos del Frade
(APe).- A 42 años del último golpe de estado, los sectores económicos que impulsaron el genocidio en la Argentina quieren reinstalar la teoría de los dos demonios a través del intento de reabrir la causa de la muerte del mayor del Ejército, Julio Argentino del Valle Larrabure.
Lo que sigue es una investigación periodística que realizamos hace algunos años que demuestra que Larrabure se suicidó y que la información y el propio cuerpo del oficial fueron manipulados para presentarlo como un crimen atroz.
El caso Larrabure fue la peor mentira de la larga práctica política de la falsificación histórica.
Su objetivo fue justificar el golpe de estado y la institucionalización de la tortura.
Por eso compartimos esta nota.
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El suicidio del entonces mayor del ejército, Julio Argentino del Valle Larrabure, sirvió para apurar el golpe de estado del 24 de marzo de 1976.
Cuando su cadáver se encontró el sábado 23 de agosto de 1975 en cercanías de la Estación El Gaucho en la ciudad de Rosario, el Ejército y distintos factores de poder manipularon el cuerpo hacia el interior de la fuerza y sobre la sociedad en su conjunto.
Esta es la crónica de la mayor mentira de la historia contemporánea argentina.
El cadáver de Larrabure determinó el ascenso de Jorge Rafael Videla, la asunción de Ramón Genaro Díaz Bessone al frente del Segundo Cuerpo de Ejército, el interinato presidencial de Italo Argentino Luder que terminaría firmando los decretos que pedían el aniquilamiento de la guerrilla y la justificación ideológica de la represión sin límites.
El 10 de julio de 1974, el Ejército Revolucionario del Pueblo produjo la toma de la Fábrica Militar de Villa María, en la provincia de Córdoba. Allí fue apresado el subdirector del establecimiento, mayor Argentino del Valle Larrabure. La guerrilla lo necesitaba como técnico para la fabricación de explosivos.
El 19 de agosto de 1975, el mayor Larrabure se suicidó estrangulándose con un cordel en la cárcel del pueblo donde se encontraba, ubicada en calle Garay 3254, en Rosario.
El Ejército difundió que se lo había torturado. “Acostumbrado a torturar y fusilar a todo combatiente que caen en sus manos, el Ejército quiere justificar su miserable actitud atribuyendo falsamente a los revolucionarios los mismos métodos que él utiliza”, contestó el ERP.
El sábado 23 de agosto, el cadáver del oficial fue encontrado en un zanjón ubicado en inmediaciones de calle Ovidio Lagos y Muñoz, poco antes de la intersección con la ruta 178, en las afueras de la ciudad cuna de la bandera.
Alguien había llamado a la comisaría 18ª y sostuvo que “hay un bulto que les va a interesar”.
El 4 de setiembre de 1975 el cadáver fue entregado al entonces teniente coronel Casals y las alhajas que eran de Larrabure fueron a manos del coronel Juan Pablo Saa, jefe del servicio de inteligencia del batallón 121.
Por aquellos días el comandante del Segundo Cuerpo de Ejército con asiento en Rosario y jurisdicción sobre las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos era Roberto Eduardo Viola. El 9 de setiembre lo reemplazaría Ramón Genaro Díaz Bessone.
El diario “La Nación” tituló que “oficiales del Ejército informaron que el coronel Larrabure fue ahorcado por extremistas después de entonar el himno nacional”.
Comenzaba a articularse una de las mayores mentiras de la historia contemporánea de los últimos cuarenta años.
El expediente judicial jamás habló de torturas, mala alimentación y mucho menos de asesinato.
Sin embargo, desde los grandes medios de comunicación se impuso la falsificación de la realidad.
El diario “La Capital” publicó el domingo 24 de agosto de 1975:
“Hallaron muerto en esta ciudad al mayor Larrabure”. “Una denuncia formulada ante la presunta existencia de explosivos derivó en la tarde de ayer en el hallazgo de unos restos humanos que, según todos los indicios reunidos, pertenecerían al mayor Julio Argentino Larrabure secuestrado por guerrilleros de la organización extremista declarada ilegal en agosto de 1974, durante el asalto sedicioso a la Fábrica Militar de pólvora y explosivos de Villa María…Anteayer en la Capital Federal medios periodísticos recibieron llamados telefónicos informando que el día 19 del actual por la mañana el mayor se suicidó en el recinto donde lo tenían prisionero, ahorcándose con un hilo sisal. Esta noticia fue publicada en nuestra edición de la víspera. A las 15 de ayer un vecino de la zona situada unas siete cuadras hacia el oeste de Ovidio Lagos a la altura de calle Muñoz descubrió cerca de las vías férreas un bulto sospechoso”.
“Actuaron agentes de la brigada de bombas y explosivos. El cadáver estaba envuelto en colchón y luego con plásticos. Estaba extremadamente delgado. Vestía piyama y se encontraba totalmente congelado. No tenía heridas visibles. Fue llevado a la morgue del Hospital Central hasta anoche. Después se hicieron cargo autoridades militares locales. A las 22 de anoche un comunicado oficial de la Unidad Regional II decía del llamado recibido a las 15.30, anónimo, en la comisaría 18, cerca de la estación El Gaucho”.
El Comando General del Ejército sostuvo: “Otra víctima más que el ejército inmola en aras de su decisión de pacificar nuestro país y del reencuentro de los argentinos”.
Se anunciaba la inhumación en el Regimiento de Infantería Primero de Patricios y luego sus restos fueron trasladados al cementerio de Chacarita.
El ejército publicó un comunicado en los diarios de todo el país. Ya era el lunes 25 de agosto de 1975.
Hablaba de las “condiciones infrahumanas del cautiverio” de Larrabure que duró un año y doce días.
En un fragmento de aquel documento se leía que “se ordenó la constitución de una junta médica la que determinó:
…5º). En los órganos genitales gran zona congestiva inflamatoria similar a las provocadas por pasajes de corriente eléctrica “ante tales evidencias este Comando General no puede callar ante la familia ni menos ante la opinión pública un hecho de naturaleza tan degradante que demuestra la presencia de seres extraviados despojados de las más primarias sensibilidades humanas y profanos de la ley de Dios…
“…El Ejército Argentino recibe hoy en su seno a un nuevo mártir, con el firme compromiso de continuar en la lucha con la subversión hasta su total extinción para lograr en forma definitiva la paz tan ansiada y merecida para la familia argentina”.
A solamente dos días de encontrado el cadáver de Larrabure, el Ejército ya hablaba de tortura con la utilización de picana eléctrica.
El martes 26 de agosto, los diarios reflejaban los dichos del teniente general Numa Laplane, por entonces jefe del Ejército Argentino con motivo de la inhumación de Larrabure.
“Es imprescindible que de una vez por todas se haga público que además de sus captores te han asesinado tantos fariseos que presumen de puros y vienen escondidos en su anonimato pigmeo”, dijo el general Numa Laplane.
El miércoles de esa semana, los movimientos internos en el Ejército produjeron cimbronazos políticos.
“Hizo crisis la situación planteada en el Ejército. Actitud de los cuerpos II, III y V. El coronel Damasco. La presidenta rechazó el pedido de retiro del teniente general Numa Laplane. Convocatoria para hoy a los mandos. La CGT y las 62. Garrido con Massera y Fautario”. Roberto Eduardo Viola era el comandante del Segundo Cuerpo. Carlos Delía Larrosa, del tercer cuerpo y Guillermo Suárez Mason, del quinto cuerpo.
“Acuartelaron parcialmente tropas de ésta”, decía el diario “La Capital” sobre los hechos en Rosario.
Viola manifestó la “prescindencia en los asuntos políticos” de parte del ejército. Era una nueva gran mentira. El jueves 28, Numa Laplane ya forma parte del pasado. Ese día asumió como jefe del Ejército, el general Jorge Rafael Videla.
El cadáver de Larrabure ya era manipulado como una fenomenal herramienta política. Hacia dentro de la fuerza y hacia fuera, donde la sociedad comenzaba a recibir como único mensaje la necesidad de aniquilar a los militantes de las organizaciones armadas de cualquier forma.
El 4 de setiembre de 1975 el cadáver fue entregado al entonces teniente coronel Casals y las alhajas que eran de Larrabure fueron a manos del coronel Juan Pablo Saa, jefe del servicio de inteligencia del batallón 121.
El viernes 26 de setiembre, el diario “La Capital”, informaba: “Larrabure más detalles sobre su cautiverio”.
A través de una invitación del mismísimo comando del Segundo Cuerpo de Ejército, los periodistas visitaron la casa donde estuvo detenido el oficial, en calle Bariloche 3254.
Se repetía por medio de un comunicado del comando que “el dictamen del médico forense y el análisis de la situación en que se desenvolvía el cautivo, junto con la entereza moral puesta de manifiesto hasta el fin por el militar, nos lleva a la evidente conclusión que el mismo fue ejecutado por sus verdugos”.
“Descubren un importante reducto subversivo en ésta”. Estuvo cautivo en este lugar el coronel Larrabure, informaba “La Capital”, el sábado 6 de setiembre de 1975.
“Desde las 16 de anteayer (4.9) cuando un industrial de esta ciudad especializado en equipos de electrónicas (Revifer) señor René Vicari, argentino de 36 años que se encontraba secuestrado por miembros de una célula extremista desde el día 11 de agosto pasado, logró salir de su encierro y aprovechando un descuido de sus custodios pudo alcanzar la libertad y dar aviso a la policía…los secuestradores ya habrían recibido cien millones de pesos cuando se produjo la fuga.
“…el miércoles de la semana precedente al hallazgo de su cadáver se lo había oído entonar el himno nacional y luego sobrevino el silencio. Habríase consumado en esta instancia el suicidio que obligó a los guerrilleros a desembarazarse de su cadáver en las circunstancias que son de todos conocidas.
“Descuido insólito”.
“Vicari a quien permitían rasurarse con hoja de afeitar debió hacerlo desde la trágica muerte del militar torturado, con una máquina eléctrica pues el otro elemento le fue retirado tal vez para evitar intentos desesperados”.
La finca donde se mantuvo cautivo a Larrabure estaba ubicada en la esquina de Garay y pasaje Bariloche. La casa estaba a cargo de un joven matrimonio con dos hijos pequeños y una mujer de edad avanzada. Todos ellos serían secuestrados, torturados y desaparecidos con excepción de las dos chiquitas.
El lunes siguiente, el 8 de setiembre, asumía como comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, con asiento en Rosario y jurisdicción en las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos, el general Ramón Genaro Díaz Bessone y su segundo sería el también general, Otto Paladino.
René Vicari, empresario rosarino joven y emprendedor, estaba secuestrado en la misma cárcel del pueblo que el mayor Argentino del Valle Larrabure.
El ERP pedía mil millones de pesos como rescate, el equivalente a cien Renault 12, según la cuenta que hicieron los familiares y amigos de René.
Su mejor amigo –cuyo nombre permanecerá en el anonimato por su propia decisión- fue el contacto con la guerrilla.
A los pocos días Vicari reapareció y le contó toda su verdad. La misma que después aparecería en el expediente judicial que hasta el día del hoy está guardado en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.
Vicari le dijo al amigo que se jugó por él que Larrabure se suicidó.
Por aquella confesión, el empresario decidió emigrar de la ciudad y radicarse en otro punto del país.
Juan y René, a partir de aquellos hechos, fueron varias veces amenazados por integrantes del Ejército Argentino que los presionaron para decir que el oficial había sido asesinado. Nunca lo hicieron. Era una mentira que, más allá de la verdad, terminó imponiéndose como la mayor justificación del golpe de estado y la ferocidad de la represión desencadenada antes y después del 24 de marzo de 1976.
La invención del asesinato
“Larrabure, Argentino del Valle - su muerte”.
Así decía el expediente que se había tramitado en el Juzgado Federal Número 1 de Rosario, a cargo del doctor Pedro Alegría Cáceres. Llevaba el número 27.513 y luego se le habían acumulados el 27.522 y 27.526.
No hablaba de asesinato.
En agosto de 1979, el entonces coronel José Herman Llera, a cargo del denominado juzgado de instrucción militar número seis, dependiente del Ministerio de Defensa en la Dirección General de Fabricaciones Militares, recibió una notificación desde Rosario.
En aquella carta se informaba que no estaba “agregada la partida de defunción del occiso” y explicaba que la inscripción de la defunción de Larrabure fue ordenada por el juez nacional de primera instancia en la criminal y correccional federal número cuatro de la ciudad de Buenos Aires, doctor René Daffis Niklisonn.
Esa nota es una doble confesión: cuatro años después de encontrado el cuerpo de Larrabure la mismísima burocracia del terrorismo de estado que había hecho del caso un símbolo y una permanente excusa para secuestrar y torturar opositores políticos y sociales a la dictadura, decía que se trataba de “una muerte” y ni siquiera dudosa y, por otra parte, señalaba que desde el primer momento la reconstrucción política del caso fue llevada adelante desde Capital Federal, a más de trescientos kilómetros en donde fue encontrado el cuerpo del oficial del Ejército Argentino.
No hay referencias a ningún asesinato.
La palabra homicidio fue impuesta por los jueces federales de Capital Federal, Ramón Ojeda Febre y el ya mencionado Daflis Niclison, cuando le ordenaron a su par rosarino, Aguirre Stegmann, calificarlo como tal.
Esa invención de la realidad se produjo el 24 de agosto de 1975, menos de un día después que el cadáver fuera encontrado en un baldío rosarino.
Es un dato relevante: el pronunciamiento de los jueces Febres y Niclison se hacen al mismo tiempo que se practicaba la primera autopsia, a las ocho de la mañana.
“La muerte de Argentino del Valle Larrabure fue producida por asfixia por estrangulación”, dice el expediente y también apuntan que se encontraba en un “buen estado nutricional”.
Larrabure, ¿fue estrangulado o se ahorcó?.
El informe de la autopsia no lo dice. No lo aclara.
Sí lo hacen los jueces Febres y Niclison.
Así empezó la historia oficial del supuesto asesinato de Larrabure.
En setiembre de 1975, otro informe elaborado por los médicos forenses Avelino Do Pico y Guillermo Osman Dick, determinó que “no surgen lesiones producidas por el paso de corriente eléctrica”, como ya había salido a decir el Ejército Argentino.
El 27 de setiembre, la justicia federal todavía en democracia, sigue con dudas. Las autopsias no hablan de asesinato.
El Ejército y el gobierno nacional encabezado por la señora María Estela Martínez de Perón, en cambio, multiplicaron la idea de un cobarde homicidio practicado por una célula del Ejército Revolucionario del Pueblo.
En los papeles puede leerse que aquel primer análisis que en tiempo record fue interpretado por los jueces de Buenos Aires, se estaba haciendo a la misma hora que los mencionados magistrados dictaminaban el asesinato, a las ocho de la mañana.
El médico legista de la Policía Federal, doctor Horacio José Marinoni, comenzó el examen del cadáver a esa hora pero con un detalle no menor: no contaba con los medios ni el equipo de ayudantes que llevaron otros profesionales. Marinoni destaca la nutrición de un sujeto normal con respecto a su talla. Y el profesional dice algo más: su primer informe “fue hecho condicionado al resultado de la autopsia forense y de los exámenes complementarios que luego se requirieron, habiendo actuado con escasos elementos para su examen con los antecedentes que se brindaron en ese momento”.
En síntesis, la autopsia practicada en el cuerpo de Larrabure jamás ofreció como conclusión la certeza de un homicidio, al contrario, era un cadáver que presentaba indicios de buena alimentación y buen cuidado sin la menor marca de tortura o golpe alguno. Larrabure no estaba siendo castigado ni tampoco mal alimentado. No se lo iba a matar. Eso se desprende de las autopsias practicadas el 24 de agosto y confirmadas hasta fines de setiembre de 1975, según precisan las fuentes consultadas para esta investigación. Esto figura en el expediente judicial. Fueron aquellos dos jueces porteños, Febres y Niclison, los que impusieron la teoría del homicidio mucho antes de practicarse el primer examen.
Larrabure no fue asesinado.
El Ejército y la Policía Federal en complicidad con aquellos magistrados inventaron la historia oficial del supuesto homicidio.
Sirvió para impulsar el genocidio.
Nada más y nada menos.
Edición: 3576
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