Instrucciones básicas para encarcelar almas desangeladas

Por Laura Taffetani

(APe).- Unos días después del día de la Primavera -que en Argentina representa el día de los y las estudiantes- los Ministerios de Educación, Seguridad y Justicia junto con el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sacaron una resolución a modo de obsequio en la que se aprueban “Los lineamientos generales sobre el impacto del Régimen Penal Juvenil en el ámbito educativo” y el “Procedimiento de actuación en el ámbito educativo ante hechos con posible relevancia penal”.

Muy en sintonía con el mandato del actual gobierno nacional y del operativo Tormenta Negra que asuela los asentamientos pobres porteños, el Gobierno de Jorge Macri (quien realmente hace honor a la historia familiar) implementa los cambios de la nueva ley de responsabilidad penal juvenil incorporando a las instituciones educativas en el entramado penalizador.

La escuela es uno de los pocos ámbitos que conserva aun cierta referencia en los y las jóvenes frente al desmantelamiento sin pausa que han ido sufrido las instituciones estatales que atienden a los sectores empobrecidos en un país que se fue moldeando, a partir de la última dictadura militar, al servicio del capital.

Aún así, malherida y maltrecha, la escuela sobrevive como puede, sabiendo que la historia que cada joven porta en su espalda es una pequeña muestra del país que hemos visto y vemos con el corazón en franca retirada. Esa ola arrasadora que implacablemente durante décadas fue dejando a millones de niños, niñas y jóvenes de familias empobrecidas a la intemperie sin futuro alguno que no sea la brutal naturalidad de la sobrevivencia diaria atravesó la institución escolar y colocó a los docentes en una situación difícil de dirimir.

Y ahora, en tiempos en los que su tarea se volvió tan difícil, se pone en marcha esta directiva que tiene como finalidad convertir a sus directivos y docentes en un engranaje más de la penalización sin fin a la que han sido condenados los adolescentes que intentan cubrir las necesidades más elementales de vida.

La consigna: denunciar a los y las alumnas, sumergir a los directivos en la delación y abrir el ingreso a la policía al interior de las escuelas. Para el Gobierno de la Ciudad la nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil necesita una escuela sumisa, auxiliar de la policía y la Fiscalía.

Nada les basta para saciar al capital hambriento que necesita controlar las aguas tormentosas de una juventud insurrecta. Por eso ahora apela al saqueo de la conciencia humana inscripta en el vínculo pedagógico que une a los educadores y educadoras con sus educandos y educandas para convertirlos en cómplices necesarios de su latrocinio.

Todos y todas sabemos que los territorios donde generalmente viven estos adolescentes están manejados y controlados por grandes organizaciones criminales de narcotráfico, trata de personas o simplemente delito organizado, con la anuencia fiel de una policía y una justicia que mira para otro lado y un puntero del gobierno de turno que asume el canal con el poder político que encubre.

Pero de eso no se habla, eso no se toca.

En los centros de salud de estos territorios no suele haber médicos suficientes, ni medicamentos, ni insumos y los Hospitales a donde se derivan a estos jóvenes están abarrotados de turnos emitidos que terminan dando siempre una respuesta tardía a la consulta.

Estos adolescentes y sus familias suelen vivir amontonados y hacinados en el rincón que pueden por la falta de viviendas o alquileres imposibles de pagar.

De nada de esto habla la resolución que pomposamente recita en forma verdaderamente hipócrita los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Para el Gobierno de la Ciudad hay que convertir las escuelas en una especie de purgatorio del circuito de penalización.

No nos puede sorprender entonces que esta normativa llega a plantear que hasta una broma puede ser un delito y que corresponde que se ponga en conocimiento del Ministerio Fiscal cualquier situación que pueda resultar sospechosa, porque según reza la resolución “determinadas conductas -aun cuando inicialmente se presentan como conflictos entre pares, bromas, desafíos o interacciones digitales- pueden , según sus características, reiteración o gravedad, afectar derechos de otras personas, generar situaciones de riesgo y requerir la intervención de organismos externos o autoridades judiciales competentes” y esto no sólo si estos hechos que se denuncian hayan sucedido en el ámbito escolar también deberá hacerlo cuando ocurre en otros ámbitos cuando “por sus circunstancias , se encuentren vinculados con estudiantes y/o la actividad educativa” .

Celestine Freinet, un gran pedagogo francés, escribía sesenta años atrás:

“Ah! Si los jardines y los campos hubieran estado vallados y que hubiéramos corrido el riesgo de que nos sorprendieran escalando las rejas; si hubiera sido prohibido por la ley extender las manos hacia los racimos que se ofrecían o hacia el melocotón tan apetecible que tentaría al mismo demonio; ... si el propietario ofendido nos hubiera conducido ante el agente responsable del orden que nos habría interrogado y acusado; si nos hubiéramos disputado con la justicia y si se nos hubiera citado despiadadamente ante un tribunal, aunque fuera para niños, llevaríamos todos, inscrita para siempre en nuestras fichas descriptivas, la infamante nota de ‘delincuente’.

“Hay actos que no son reprensibles más que en función del egoísmo y la inhumanidad de los que detentan la propiedad y la autoridad”. 

¡Delincuentes! ¡Que los que no hayan pecado nunca les echen la primera piedra!”

Sesenta años después seguimos con el mismo desafío desde cada lugar en el que estamos, si es que decidimos pararnos del lado de los y las jóvenes con las que trabajamos.

Está claro que la decisión desde el poder es que no haya un solo techo donde los jóvenes puedan guarecerse de esta tormenta que tan violentamente se ha desatado contra ellos y ellas, pero también es cierto que en nosotros y nosotras reside la decisión de darles asilo.

Es cierto que podemos ser también expulsados del paraíso, pero es hora de pensar si el paraíso en el que creemos estar viviendo no ha sido usurpado hace ya mucho tiempo atrás y es hora de recuperarlo.

A veces, la resistencia a la opresión nace desde los lugares más cotidianos de nuestra vida y se hace mar de gente que se organiza en el tiempo.

La juventud que pugna por vivir puede ser la fuerza arrolladora que estemos necesitando para contrarrestar esta andanada y recuperar el sentido de la vida que hemos perdido junto con la dignidad que nos espera.