Huesos de clandestinidad en el cementerio de Avellaneda

Por Silvana Melo

(APe).- En las madrugadas de la noche más oscura el portón del cementerio de Avellaneda que da a calle Oyuela se abría para que los camiones del ejército entraran de culata y depositaran una carga terrible: decenas de cuerpos inertes para ser enterrados en fosas comunes cavadas especialmente para esconderlos. Para desaparecerlos. Para reducirlos a tierra que se adueñara de la carne de los asesinados. Que la disolviera. Que la volviera nada. Y que nadie más supiera de ellos.

La noche más oscura había empezado hacía pocos meses en la Avellaneda industrial. 1976 era casi invierno cuando el coronel Marcelo D’Elía, el intendente nombrado por la dictadura, había mandado a construir un muro de tres metros de alto y 30 de largo entre el paredón de calle Oyuela y el cementerio para que nadie supiera lo que sucedía detrás.

Le colocaron un número preciso al sector: 134. Y un portón exclusivo para evitar la entrada principal y poder utilizar exclusivamente la calle Oyuela. Alrededor, los monobloques de Villa Corina, viviendas sociales donde por las noches descansaban las familias trabajadoras. Las llaves del portón y de la morgue (una construcción cuadrada lindera a la cava de fosas) las tenía el personal de la comisaría 4ª de Sarandí y de la Unidad Regional II Brigada de Investigaciones de Lanús, con sede en 12 de Octubre 234 de Avellaneda, donde en ese momento había comenzado a funcionar el CCD El Infierno.

Con unos 300 metros cuadrados aislados del resto del mundo y pegados a la morgue, pocos días después del golpe militar comenzó la tarea de asesinato y desaparición de personas en ese sector del Circuito Camps. Al final de la dictadura, cuando comenzaban las denuncias e investigaciones, se suponía que los cementerios habían sido, en el corazón clandestino de cada uno de ellos, el destino final de centenares de desaparecidos. El de Avellaneda alojó la mayor fosa común del país.

Los empleados del cementerio obedecían las órdenes. Durante el día cavaban fosas de dos metros de ancho, cuatro de largo y dos de profundidad.  Las llamaban vaqueras porque dentro podía caber una vaca. A la madrugada los camiones de la policía y del ejército, con las llaves que sólo tenían la comisaría 4ª y la Brigada, abrían el portón y entraban de culata. Antes, militarizaban la zona de Villa Corina. Los vecinos tenían que apagar las luces o disparaban hacia los monobloques. Los camiones del ejército se paseaban por las calles internas para amedrentar y cuando veían que la calle también era cementerio, entraban a descargar la muerte.

Los cuerpos habían sido fusilados en simulacros de enfrentamientos, sacados de los centros clandestinos del circuito Camps con la historia siniestra del traslado. Los asesinaban en descampados, los cargaban otra vez en los camiones y los llevaban a los cementerios. El de Avellaneda tuvo el privilegio de apilar muerte anónima en sus fosas y en sus vaqueras por más de tres centenares. Muerte joven, arrolladora, rebelde, de no más de 30 años. Muerte mujer, adolescente, desgarrada, torturada. Arrojada en la morgue del sector 134. Donde, según los empleados del cementerio a los que esa muerte persiguió durante décadas, se escuchaban los quejidos de los muertos que no habían terminado de morir y se desangraban en el piso mugriento de la casa tomada por el ejército.

En los libros del cementerio quedaron registrados los ingresos de los NN.

En los medios de vez en cuando se publicaban comunicados textuales de las fuerzas armadas acerca de bajas en enfrentamientos. Nadie se hacía preguntas ni corregía una sola coma del informe oficial.

En 1984 nace el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que será fundamental para investigar la identidad de los restos que comenzaron a descubrirse en todo el país en un estallido de apariciones en el país que creó la desaparición de personas. Un enorme telón comenzaba a correrse para desnudar el terrorismo de estado.

El EAAF entró en octubre de 1986 en el sector 134 del cementerio de Avellaneda con una orden judicial que apuntaba a la búsqueda de los restos de Rafael Perrota, director del Diario El Cronista Comercial, secuestrado en la Ciudad de Buenos Aires en julio de 1977. En un área de dos metros cuadrados no encontraron a Perrota pero sí a once personas. Sin ropa, sin cajones, sólo huesos y proyectiles.

El EAAF volvió al sector en junio de 1987. Otra orden judicial buscaba a María Teresa Cerviño. Esta vez, la búsqueda se extendió a la totalidad del predio, de 300 metros cuadrados. Las excavaciones duraron hasta 1992. En esos años descubrieron el lenguaje propio del cementerio de Avellaneda: las vaqueras no aparecen en ningún otro predio que cavara fosas comunes.

En enero de 1991, relata el diario La Nación, una mujer pasa por encima de los pozos de tierra y asegura que la policía y el ejército entraron en su casa el 27 de octubre de 1976. Vivían frente al cementerio de Avellaneda. Esa noche asistió, con tan solo 3 años, al fusilamiento de toda su familia. Cuando entró entre la tierra removida fue porque sospechaba que los habían enterrado allí clandestinamente. Era Karina Manfil.

Al poco tiempo los restos de su familia fueron identificados entre los huesos encontrados en el sector 134 de Avellaneda.

Trescientas treinta y seis personas se encontraron en las fosas cavadas en el sector 134 del cementerio de Avellaneda. Trescientos treinta y seis juegos de huesos rearmados por el EAAF en la construcción tétrica donde funcionó la morgue. Trescientos treinta y seis gritos de dolor y también de libertad. Trescientas treinta y seis espaldas que recibieron balazos mientras corrían. Trescientas treinta y seis nucas matadas de rodillas. Trescientos treinta y seis millones de sueños de un mundo justo frustrados hasta el mismo día de hoy.

Cuando vuelven a ser huesos, historia y memoria a cincuenta pavorosos años que han pasado sin cambiarlo todo.

Foto de portada: Claudia Rafael