Histórico juicio a las fumigaciones

Por Lucía Maina (*)

(APe).- Después de años de espera, el martes 31 de marzo de 2020, comenzará el juicio de la causa “madre” de barrio Ituzaingó Anexo por la aplicación de agrotóxicos, según confirmó esta semana la Cámara 12ª del Crimen de Córdoba a cargo de este proceso judicial. Su importancia radica especialmente en que la Justicia deberá determinar si la gran cantidad de muertes y enfermedades que afectan desde hace tiempo a lxs vecinxs está asociada a las fumigaciones en el lugar. A su vez, se juzgará la responsabilidad de ingenieros agrónomos, profesionales claves en esta problemática socio-ambiental derivada del actual modelo productivo.

El caso de barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba se transformó en un símbolo de la lucha contra la aplicación de agrotóxicos a nivel nacional e internacional, especialmente después de que las madres y vecinxs del lugar lograran realizar el primer juicio por esta problemática en el año 2012, que se convirtió en el primero de América Latina en considerar la fumigación como delito.

Desde aquel momento hasta hoy, miles de personas han alzado su voz en contra del uso masivo de pesticidas y sus efectos en la salud y el ambiente. En este sentido, Darío Ávila, uno de los abogados de la querella, expresó a La tinta: “Creo que las condiciones en que se va a dar inicio a este juicio son absolutamente favorables en relación a lo que fue el primer juicio, que era el primero de estas características en Argentina, y hubo que generar ese caso testigo. Hoy, la situación es totalmente distinta: se llega a este juicio con un nivel de conocimiento e información más avanzado y profundizado”.

El proceso judicial que iniciará en marzo próximo abarca dos hechos: uno se relaciona con fumigaciones realizadas en 2004 en barrio Ituzaingó y el otro, con aplicaciones ocurridas entre 2006 y 2007 en la Comuna Los Cedros.

La querella, a su vez, está integrada por más de 40 particulares e incluye a distintos grupos de vecinxs de barrio Ituzaingó, entre ellos, las Madres de Barrio Ituzaingó Línea Fundadora representadas por los letrados Darío Ávila y Carlos González Quintana, y otro sector patrocinado por el abogado Carlos Nayi. Al mismo tiempo, desde el Grupo de Madres de Barrio Ituzaingó Anexo representado por el abogado Germán Matheu, expresaron su alegría por el avance del juicio, pero reclamaron que, a pesar de haber participado del proceso judicial, actualmente no se encuentran entre lxs querellantes.

En cuanto al tribunal, se encuentra integrado por Ana María Lucero Offredi, Gustavo Reinaldi y María Gabriela Bella. El fiscal de Cámara es Mariano Antuña, quien reemplaza a Carlos Matheu, el fiscal actualmente retirado que instruyó tanto la primera causa de Ituzaingó como la causa madre.

El proceso que ahora llegará a los tribunales lleva años de espera: desde que fue elevado a juicio en 2014, debió pasar diversas instancias, obstáculos y recursos de oposición. Es así que la causa acumula hoy más de once cuerpos que incluyen las investigaciones iniciales de Matheu e incluso las primeras denuncias y estudios realizados en el barrio en el año 2001.

El delito de fumigar

El primer hecho que incluye la causa madre corresponde a marzo de 2004, donde se encuentra imputado Francisco Parra, el mismo productor condenado en el juicio de 2012. Según explicó Darío Ávila, el delito que se le atribuye es haber realizado una fumigación aérea en un campo de su propiedad a 400 metros de Ituzaingó Anexo, lo que violaría ordenanzas vigentes en aquel momento que, ante la emergencia sanitaria detectada en el barrio, establecieron la prohibición de todo tipo de aplicación de agrotóxicos, aérea o terrestre, a menos de 2500 metros.

El segundo hecho que se juzgará ocurrió entre diciembre de 2006 y marzo de 2007, e involucra al aeroaplicador Edgardo Pancello, quien ya fue condenado en el primer juicio, y a tres ingenieros agrónomos: Fernando Ramón Amuchástegui y Javier Eduardo Amuchástegui, ambos como presidente y vicepresidente de la empresa Tecnocampo, y Alejandra Mendizábal Pizarro, también integrante de dicha empresa. Se les atribuye haber realizado dos fumigaciones con Deltamax y Endosulfan, productos considerados de alta toxicidad por el Senasa, en un campo de dicha empresa ubicado junto a la comuna de Los Cedros, camino a Alta Gracia.

El abogado explicó que, a pesar de que el caso de Los Cedros no afecta directamente a barrio Ituzaingó, el juicio abarca los dos hechos debido a que, en ambos, se encuentra imputado el aviador Pancello.

En cuanto a las penas, el abogado explicó que las mismas pueden ir de los 3 a los 10 años de prisión si se comprueba el delito de violación de las leyes vigentes en cuanto a las distancias para la aplicación de agrotóxicos, poniendo en riesgo la salud de la población. Y aclaró que, en el caso de Parra y Pancello, si son encontrados responsables la condena sería de prisión efectiva debido a que serían reincidentes. En cuanto a lxs ingenierxs agrónomxs, si la pena aplicada es mayor a tres años, también sería de cumplimiento efectivo. Al mismo tiempo, si el delito es agravado, es decir, si se comprueba que alguna de las muertes estuvo directamente asociada fumigaciones, las penas podrían elevarse a 25 años de prisión.

Las muertes y los agrotóxicos

Uno de los principales ejes del debate oral y público que comenzará en marzo será justamente determinar si existe una asociación directa entre las muertes detectadas en barrio Ituzaingó, especialmente por cáncer, y el uso de agrotóxicos. En ese sentido, el abogado que, desde hace años, se dedica a causas ambientales explicó que ya se realizó una pericia interdisciplinaria en el lugar, donde intervinieron profesionales de distintas especialidades y “si bien el resultado no es concluyente, esa posible vinculación entre las fumigaciones y la muerte de vecinos quedó abierta; ahora, confirmarla dependerá de cómo se desarrolle el juicio y de los testimonios que allí se recauden”.

Ello se debe a que hay muertes que no se encuentran registradas en el barrio porque la gente que padecía cáncer, en general, se atendía en hospitales de alta complejidad y no en el dispensario.

El abogado querellante subrayó como otro aspecto fundamental de la causa madre el hecho de “que también se va a investigar la posible responsabilidad de tres ingenieros agrónomos, lo cual es importante porque estamos absolutamente convencidos de que hay una responsabilidad de parte de estos profesionales que saben de los productos que manipulan y que prescriben para el uso de este modelo, y, en el caso de Los Cedros, lo han hecho a sabiendas de que hay una ley provincial que regula el uso y que se violó completamente”.

Un nuevo juicio, un nuevo contexto

Desde aquel primer juicio por fumigaciones en el año 2012 hasta la actualidad, ha habido grandes cambios en torno a esta problemática. A nivel provincial, la población logró expulsar a la multinacional Monsanto, uno de los mayores símbolos del modelo de los agronegocios que no pudo construir las plantas que pretendía en territorio cordobés. A nivel nacional, cada vez más pueblos y comunidades cuestionan las consecuencias de las fumigaciones en su salud, con reclamos que han logrado hacer mella en la Justicia, las universidades y en organismos gubernamentales de distintas provincias argentinas.

Mientras tanto, en Estados Unidos, sigue creciendo la ola de juicios contra Monsanto/Bayer, donde ya suman 18.400 las demandas por los efectos cancerígenos del glifosato y por haber ocultado maliciosamente información, y la empresa ya tuvo tres condenas. La ola se expandió también a Canadá, donde recientemente se presentaron tres demandas colectivas por 500 millones de dólares con acusaciones similares a las de EE.UU. contra Monsanto y su nuevo dueño, Bayer.

Al mismo tiempo, en los últimos años en Córdoba y en Argentina, ha crecido la cantidad de estudios e investigaciones que evidencian los efectos de las fumigaciones en el ambiente y la salud. “De parte de la querella, llegamos con un cúmulo de experiencia que nos va a permitir plantear en el juicio esta vinculación entre los agrotóxicos y las muertes, porque vamos a incorporar pruebas técnicas y científicas, testimonios de especialistas e investigadores que van a ilustrar con más profundidad cómo los agrotóxicos impactan en la salud. La relación causa-efecto es compleja en este tema porque el cáncer es multicausal y no se puede establecer un vínculo directo, entonces, las estadísticas epidemiológicas cumplen un papel importante para asociar una cosa y la otra”, explicó, por último, el abogado.

(*) Publicado en La Tinta

Imágenes: Juicio a la Fumigación / La Tinta

Edición: 3894