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Por Carlos Del Frade
(APe).- El 19 de febrero de 2008, la Comisión de Deportes, Recreación y su relación con políticas de prevención de la drogadicción de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, recibió la visita de los integrantes de la organización La Causa. Hinchas y socios de Talleres que denuncian el vaciamiento del club, primero a través de una gerenciadora y, recientemente, a partir del desembarco de capitales que –según sostienen- están vinculados al narcotráfico y los carteles mexicanos: lo escribimos en nuestro libro “La ciudad goleada. Fútbol, lavado de dinero y poder”, del año 2008.
Ese día, el socio Nicolás Martínez les preguntó a los legisladores si “conocían los antecedentes de Carlos Ahumada, quien se ha hecho cargo de Talleres hace aproximadamente dos semanas. Si no los conocen, el doctor Viola les ha acercado una carpeta con esos datos, donde obran los antecedentes penales y judiciales que ha tenido que soportar en México. Además, es una persona que fracasó con total éxito en México administrando tres clubes, uno de los cuales despareció, subsistiendo los dos restantes merced a aportes privados de una persona vinculada a un grupo empresario mejicano.
El señor Carlos Ahumada y las personas que lo rodean, como el señor Jacobo Grossman -socio y uno de los principales asesores- son catalogadas por la Justicia y por los diversos medios de Internet, gráficos y periodísticos, como “altamente peligrosas”. Incluso, el señor Carlos Ahumada ha sido vinculado –consta en el informe brindado al señor Graglia- al cartel de Juárez, ligado al narcotráfico y al lavado de dinero. La misma carpeta que le hemos entregado a ustedes la hemos presentado ante el Juzgado de Décimo Tercera Nominación a cargo del Juez Carlos Tale, que con un mutismo impresionante y asombroso aún no ha emitido opinión al respecto, situación que nos asusta… Hay que preservar no sólo a los socios y a los acreedores sino también a la sociedad de la persona que está en Córdoba manejando el club. Los antecedentes son alarmantes y es fundamental una participación de su parte para que este tipo de personajes no recalen en Córdoba y en la Argentina, contaminando la sociedad”, dijo Martínez en aquel lejano 2008.
Alertaba sobre los negocios de Carlos Ahumada Kurtz y el ex gerente de Talleres de Córdoba, Carlos Granero, hermano del entonces y hoy procesado ex titular de la Secretaría de lucha contra la Drogadicción y el Narcotráfico, José Ramón Granero.
El mencionado Ahumada, cordobés de nacimiento y radicado en México a partir de los nueve años, permaneció detenido en el penal Reclusorio Norte del país azteca entre 2004 y 2007. “En esos años se desprende de su primer fracaso futbolístico; el Club León fue vendido en 2005 rodeado de denuncias de estafa y defraudaciones varias. El 7 mayo de 2007, luego de tres años en la cárcel, fue absuelto y recuperó la libertad en medio de un alboroto mediático.
En una entrevista del 29 de abril del 2008, dijo: “Todo aquel que se destaque en algo será castigado. Tratarán de boicotearle su éxito de alguna u otra manera. Mientras más te destaques, más mitos habrá alrededor tuyo”. Es común verlo en los estadios de San Luis, en diferentes partidos de fútbol de Estudiantes con cuatro o cinco custodias, en la mayoría de los casos pertenecientes a ex fuerzas de seguridad. En la provincia se comenta que Ahumada tiene un fuerte vínculo con el mandamás de la AFA, Julio Grondona. Como gerenciador del Club Talleres de Córdoba protagonizó una fuga ante su inminente detención. El 29 de junio de 2008 fue detenido por presunto fraude por personal de Interpol cuando intentaba fugarse de un departamento escondido en el baúl de un automóvil conducido por su amigo, el ex jugador Martín Vilallonga. Hoy ocupa la presidencia del Club Sportivo Estudiantes de San Luis, de la tercera división. El empresario participó del directorio o el Management de cinco equipos de futbol, en cuatro, había un factor común: todos terminaron en crisis deportiva y económica después de su gestión”, dice el muy buen documentado sitio “Crimen y Razón”.
Seis años después de aquella valiente denuncia de un grupo de socios de Talleres de Córdoba, la jueza federal María Romilda Servini de Cubría acaba de procesar a José Ramón Granero por el supuesto delito de traficar efedrina desde el estado nacional a favor de narcos mexicanos. Exactamente lo que alertaban aquellos muchachos cordobeses cuando se preguntaban por qué el hermano del funcionario que dice combatir el negocio de las drogas termina asociado con un hombre vinculado al cartel de Juárez. Durante seis años se miró para otro lado. Los costos, como siempre, son pagados por los sectores humildes de la sociedad. Las ganancias, como de costumbre, son de muy pocos. Y, una vez más, la cancha chica del fútbol es el exacto escenario para estas maniobras.
Edición: 2741
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