Endeudarse en un barrio popular, sin ley ni amparo

Por Silvana Melo

(APe).- Entrar en el terreno oscuro de la deuda para comer. O para pagar un traslado de urgencia a la madrugada. Para pagar la mercadería que se llevó la policía. Para comprar los insumos de las tortas para vender o pagar el transporte para ir a trabajar. Para comprar las zapatillas esta vez para el más chico. Para arreglar la moto. Para pagar la bicicleta que le robaron y todavía debe cuotas. Endeudarse para pagar la deuda de la Fintech que le cobra 1400 % de interés. Para no morir de hambre en el camino. Pero morir de miedo, de terror de que le entren a la casa y le quiebren las piernas. De que le entren y le lleven los muebles. De que le entren y le den una paliza al pibe. De que le entren y no se vayan y se le queden con la casa.

Ese es el endeudamiento en los barrios populares, en esa vida suburbial que el presidente y sus suministros ministeriales ignoran y desprecian.

Los dos años y medio de ajuste brutal profundizaron una tragedia ya vieja para quienes viven en las villas que se desparraman por el AMBA, cerradas ya a esta altura tanto para entrar como para salir. Una devaluación en carne viva para empezar, el corte de programas sociales, la eliminación de los alimentos en los comedores y, entre otras cosas, la prohibición de la venta y la confiscación violenta de la mercadería en las calles de la Ciudad dejan a las familias inermes. Sin el escaso dinero con el que compraron golosinas, alfajores, paltas, para vender en un par de cajones en la calle, si además le secuestran el carro (para profundizar la crueldad, no más) se vuelven a los barrios sin nada. Ya sin posibilidades de seguir endeudándose con las billeteras electrónicas (el banco es una entidad lejanísima), entran en mora irreversible y deciden ya emprender las deudas dentro de su propio territorio: prestamistas y redes de narcos que mueven dinero y a quienes les conviene esta nueva corriente de recaudación.

Según un relevamiento de  Tejiendo el Barrio, el crédito bancario cuesta un 74% anual, las billeteras  virtuales  rozan los 1.400 % y los prestamistas barriales cobran el 40% por mes. Es decir, más del 5.500 % anual. Por un préstamo de 100.000 pesos a un año, en un banco se pagarían 174.000. Al prestamista del barrio hay que pagarle 5.670.000.

El movimiento económico de las zonas populares tiene hoy esa morfología del laberinto, donde la desgracia no encuentra la salida y los lobos van tras la huella de las terribles heridas sociales diseminadas por la crueldad sistémica. Una economía basada en el desangre final de los pobres, acaso como plan oficial de las ultraderechas globales llevada adelante magistralmente por la ruinosa versión local.

Cuando las familias agotan las Fintech (Mercado Pago, por ejemplo, que llega a cobrar casi 1500 % de interés a préstamos “de riesgo”), caen en prestamistas de los barrios, generalmente asociados con los narcos. Esos prestamistas suelen ejercer una usura mucho más audaz que la de MP y el límite de pago de las familias llega inmediatamente. Cuando ya  no  tienen qué vender -y antes de perder la casa- hay una instancia que revela León Nicanoff en Diarioar: “empiezan a entregar el espacio aéreo de sus casas. En barrios populares, construir hacia arriba es la única posibilidad de crecimiento; tener otra habitación para que los hijos dejen de dormir hacinados”. Es decir, se le cede al prestamista vinculado con el narco la posibilidad de construirle un bunquer arriba. El segundo paso, claramente, es quedarse con la casa.

La semana pasada el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, lanzó una información impactante que no tuvo la repercusión explosiva que debió generar: “Se duplicaron los tiros en las piernas”. Y no por ajustes de cuentas narcos, sino por aprietes de prestamistas en los barrios populares a las familias que no pueden pagar sus deudas tomadas para cuestiones básicas de la vida. El ministro dijo que en los primeros cuatro meses de 2026 se duplicaron los delitos violentos asociados a las deudas morosas: homicidios, tentativas, lesiones graves y amenazas con armas. “Los que prestan plata en el barrio son los que venden droga o están en alguna organización criminal”. En este contexto, “se han duplicado los hechos delictivos, homicidios, intentos y tiros en las piernas por deudas de dinero”, confirmó. el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. Cuando la gente cae, ya sin alternativas, en manos de los prestamistas del narcomenudeo, “buscan sacarles las casas a familias que pidieron un millón de pesos y en cinco meses tienen que devolver 25 millones”.

Esta información inquietante no fue tapa de los portales ni alerta en los noticieros televisivos.

El hostigamiento y la persecución a las familias en mora produce un nuevo dolor además de toda la carga que implica la imposibilidad de acceder a lo básico para la vida y a quedar fuera de todos los circuitos económicos.

Pero la reacción presidencial no va más allá de la compra de televisores para el Mundial que no fueron pagados de pura bronca porque Argentina perdió la final. Un cinismo imperdonable y lacerante para quienes sufren ese dolor desde los huesos al alma.

Seis millones de personas en mora, muchos de ellos habitantes suburbiales de los barrios populares de los conurbanos. Que son gobernados por gente que arbitra conflictos con otras reglas fuera de la legalidad común. Las villas están cerradas a la comunidad que pretende el gobierno ultra, profundamente restrictiva. A esta altura ya no entra nada a esos territorios. Ni colectivos, ni ambulancias, ni Uber. Tampoco sale nada. Ni la preocupación oficial. Es un problema entre deudores y usureros en una villa. Y si esa violencia tampoco sale de ahí, enfrascada en esa cárcel a cielo abierto, la calle seguirá estando en orden.