El progresismo sin careta

Por Raúl Zibechi

(APe).- La detención de Héctor Llaitul en un restaurante de Cañete, territorio Wall Mapu, enseña el verdadero rostro de esta “nueva izquierda” en el gobierno. No hubiera sido posible sin el concurso directo del gobierno de Gabriel Boric, en el que participa el Partido Comunista, aunque su política es continuidad de la Concertación que gobernó Chile desde el fin de la dictadura de Pinochet.

Llaitul es vocero de la Coordinadora Arauco Malleko (CAM), una de las principales organizaciones anti-capitalistas mapuche, creada en la década de 1990, siendo el primer movimiento autonomista de Chile. Es evidente que la prisión de su vocero no va a mermar la fuerza de la lucha que encabeza la CAM. Llaitul estuvo preso en varias ocasiones, en diversas cárceles de Chile y nunca dejó de ser un luchador comprometido con su pueblo.

Ahora lo acusan de “robo de madera” y de delitos de opinión, lo que nos debe llevar a preguntarnos qué busca el desprestigiado gobierno de Boric (tiene sólo 30% de aprobación en cinco meses de gestión).

Busca complacer a la derecha, decirle que no le va temblar la mano a la hora de reprimir al pueblo mapuche, como desean los grandes empresarios chilenos. No alcanzó con imponer el estado de emergencia en Wall Mapu, aunque se había comprometido a no hacerlo durante la campaña electoral. El temor del progresismo es perder el plebiscito constitucional de hoy, ya que sería una derrota demasiado pesada para quienes pretenden blanquearse como progresista M y hasta de izquierda.

Hubo dos momentos decisivos en los cuales Boric mostró de qué se trata su carrera política. El primero fue en noviembre de 2019, semanas después de comenzada la mayor revuelta en la historia del país. Decidió dar los pasos necesarios para debilitar la protesta que recién comenzaba, salvando el pellejo de la derecha en sus dos versiones, la pinochetista y la “progresista” que gobernó Chile con el nombre de Concertación por la Democracia, primero, y Nueva mayoría después.

En vez de alentar la protesta, de permitir que la movilización popular enterrara el régimen pos-pinochetista y terminara por deslegitimar a sus representantes, Boric decidió salvarlos y aislar a quienes seguían movilizados. Para eso firmó un acuerdo con la derecha y el progresismo por una “nueva Constitución”, sin consultar a su partido que consideró expulsarlo.

De ahí en más, la suerte de la revuelta estaba echada. Por más que surgieran 200 asambleas territoriales y continuaran las manifestaciones, la agenda política mutó radicalmente: de la demanda por la renuncia del presidente derechista Sebastián Piñera, se pasó a debatir la convocatoria de la asamblea constituyente.

El 11 de agosto pasado se registró una segunda maniobra con el mismo objetivo: salvar a los empresarios, a la derecha y a la clase política dominante. Ese día, las  coaliciones Socialismo Democrático (heredera de la Concertación) y Apruebo Dignidad (Partido Comunista y Frente Amplio) difundieron un documento con el objetivo de “moderar aún más la propuesta constitucional asegurando importantes nichos de negocios” a los grandes empresarios. (https://bit.ly/3TAgv67).

El acuerdo supone revisar algunos aspectos, en caso de que se apruebe la Constitución: no se eliminarán los fondos previsionales privados y se mantendrá su negocio, algo similar en el rubro de la salud con la continuidad de las clínicas privadas y la subvención estatal de colegios privados en la educación. Por si fuera poco, se comprometen a reponer el estado de emergencia en la nueva Constitución y reducir los alcances de la plurinacionalidad.

La Izquierda Diario difundió partes del texto, donde figuran frases como esta: "Proponemos establecer en la Constitución el Estado de Emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar (...) en tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de derecho".

Días después el Movimiento por el Agua y los Territorios y la coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, en documento firmado por decenas de colectivos y movimientos, criticaron con vehemencia la maniobra: “La injerencia del poder constituido en la convención a través del Acuerdo Político dado a conocer el 11 de agosto no es nueva, es la continuidad del llamado Acuerdo por la Paz”.

El documento le recuerda al gobierno que el proceso constituyente fue consecuencia de una revuelta que tuvo costos humanos muy altos, “no fue un regalo de la clase política, que hoy nuevamente utiliza procedimientos antidemocráticos para seguir administrando el modelo de miseria”. Y agrega: “Sucumbir a las presiones de la derecha conservadora, favorece sólo al sistema político y podría ser un anticipo de otras acciones de estos herederos de la ex Concertación”.

Días después llegaría una nueva acción despreciable: detener a un destacado dirigente mapuche para satisfacer a sectores de la derecha e intentar arrastrar algunos votos conservadores en el plebiscito.

La CAM ha dicho que no va dialogar con el gobierno “si no es por territorio y autonomía”, que seguirán recuperando tierras (que es el gran nudo al que apuntan los empresarios y el gobierno) y que seguirán luchando contra el Estado colonial y su política de integración forzada. “O luchamos de verdad por la reconstrucción nacional mapuche o sólo es discurso y presión para recibir migajas que ofrece el Estado”.

Como siempre, de un lado la dignidad y la decisión de luchar. Del otro, la represión y los miserables cálculos de poder.