El futuro enancado en 9 milímetros

Por Silvana Melo

(APe).- Cuarenta años de democracia.

Otros tantos de crímenes institucionales.

Casi nueve mil personas asesinadas por el Estado. Con balas oficiales. Con discursos que incitan. Con escritorios que avalan.

Dice la Correpi que desde diciembre de 1983 a diciembre de 2022 fueron 8701 las víctimas que cayeron bajo balas de las policías.

Sólo el año pasado las instituciones que son brazo armado del estado terminaron con la vida de 436 personas.

Fueron 434 femicidios sobre 755 mujeres víctimas de violencia institucional. Usaron las armas reglamentarias para asesinar a sus parejas. Y en 52 casos, a los niños u otros familiares con el único objetivo de desatar dolor.

Tres meses

Apenas en estos últimos tres meses:

Catorce policías empezaron a responder ante los Tribunales por el crimen de Lucas González. Tenía 17 años, salió de entrenar con tres amigos, los persiguió un patrullero y les dispararon a matar. Intentaron encubrir el crimen, plantaron un arma y culpabilizaron a las víctimas.

Era la policía de la Ciudad.

Cinco policías fueron condenados por el asesinato del maestro Fuentealba. Era 2007 y reprimían una protesta de docentes en la ruta. Una granada de gas lacrimógeno le dio en la nuca y murió.

Era la policía de Neuquén.

La Corte confirmó las penas. Seis policías fueron condenados a perpetua por el crimen de Daniel Solano, trabajador golondrina que viajó desde el norte para buscar mejor vida en el sur. Su cuerpo no apareció nunca.

Era la policía de Río Negro.

Blas Correas tenía 17 años. Fue asesinado de un balazo durante un control policial en Córdoba. La fiscalía pidió prisión perpetua para dos policías. Les plantaron un arma. Y en el sanatorio donde llevaron a Blas se negaron a atenderlo.

Era la policía de Córdoba.

Tres fueron los que asesinaron por la espalda a Facundo Ferreyra. Lo demostró una sentencia judicial. Tenía apenas once años. La Corte de Tucumán anuló el juicio que los condenaba a perpetua. La impunidad siempre ronda la tragedia cuando se viste de uniforme.

Era la policía de Tucumán.

Veinticinco años después del asesinato de cuatro hombres en el sur del conurbano –un crimen institucional recordado como la “Masacre de Wilde”- condenaron a siete ex policías a 25 años de prisión. Un caso emblema de gatillo fácil. Fue en 1994. La Justicia, a veces, tarda dos décadas y media en recorrer apenas un par de oficinas.

Era la policía bonaerense.

Números apenas de diciembre de 2022 a marzo de 2023. Apenas tres meses para tanto policía. Para tanta injusticia.

Casi medio siglo

Cuarenta años de democracia. Salpicados por más de 8.700 muertes en manos del estado. Las fuerzas a las que arma ese estado resisten todavía sus trajes de dictadura. La justicia que debe juzgarlas tantas veces se hermana con sus socias punitivas. Se desvenda los ojos. Carga de un lado la balanza.

Demasiado discurso fácil que arrastra el gatillo. Demasiado deseo vengativo desde una sociedad empujada al odio. Demasiada desgracia linchada en cualquier esquina.

Casi casi medio siglo de instituciones. Y demasiado Bulacio, López, Arruga, Nahuel, Santillán, Kosteki, Fuentealba para justicias tan pobres. Demasiados pibes sin nombre en tanta villa y con tanto paco para tanta bala.

Para tanto futuro enancado en apenas 9 milímetros.

Foto de apertura: La Tinta-latinta.com.ar