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Por Silvana Melo
(APe).- Y al final la exoneraron. El lunes 26 de octubre Virginia Aparicio fue despedida, excluida, expulsada del INTA, con el agravante más extremo: la perpetuidad. Fue exiliada del territorio en el que descubrió lo que otros no quieren ver, cortó silencios que otros sostienen por alianzas con un poder que enferma y mata, investigó y mostró lo que no se debe exhibir.
Autoridades del INTA que dependieron de un par de gobiernos (no hay diferencias ideológicas cuando se trata de extractivismo, transgénesis y veneno agroindustrial) comenzaron y terminaron un proceso administrativo que desterró a la científica para siempre del estado. Es decir, no sólo no puede volver al INTA sino tampoco al Conicet (donde ejercía su trabajo científico) ni a cualquier otro organismo que sobreviva a la sangría con que la caterva gobernante mutila sistemáticamente a la ciencia pública e independiente. No a la que trabaja para las grandes multinacionales del agronegocio. Sí a quienes, como Virginia Aparicio, han trabajado –siempre en terreno minado- investigando las consecuencias de las fumigaciones en descontrol desde hace más de treinta años, en los cuerpos humanos y en el medioambiente.
Aparicio debía cumplir tres décadas en el INTA el año que viene. La exclusión a perpetuidad del estado (parece una condena por un delito gravísimo) se decidió el lunes pero comenzó a gestarse en 2023, cuando la investigadora coordinó en el país el proyecto SPRINT, destinado a medir la presencia de agrotóxicos en humanos y animales. En 2020, el INTA había aprobado su participación en un proyecto financiado por la Unión Europea y que tenía localización central en Países Bajos, con diez países europeos y sólo uno ajeno: la Argentina. Que justificaba tristemente su presencia por ser uno de los países que más usa y consume agrotóxicos en el mundo.
Setenta y tres voluntarios (productores, trabajadores rurales, consumidores de productos) decidieron dar su sangre, sus muestras de orina y de materia fecal para ser analizadas. Todo, junto con pruebas de agua, suelo y alimentos. Apenas un dato: en el 84% de las muestras de orina había glifosato. Y los pesticidas estaban presentes en toda la vida cotidiana estudiada en ese recorte.
En 2023 SPRINT dio a conocer los primeros resultados y Virginia Aparicio los tuvo en mano para juntarse con los voluntarios y mostrarles lo que los agrotóxicos generan en su hábitat y en sus cuerpos. Fuera malo o no. Pero las autoridades del INTA cancelaron la reunión. Era junio de 2023. No la dejaron siquiera comunicarles los resultados individualmente. La autoridad máxima del INTA era Carlos Alberto Parera. Gobernaban Alberto y Cristina Fernández.

En diciembre, en salida de un gobierno más que se abrazó al poder extractivo para sobrevivir, Argentina salió del proyecto SPRINT. Y comenzó el derrotero del proceso administrativo de Virginia Aparicio.
Ella, durante décadas de investigación en el estado, descubrió en su espacio el dolor y la muerte que surgen de una matriz productiva basada en la transgénesis y la fumigación descontrolada, de un sistema que exige más y más veneno para ser rentable.
Por eso el castigo. El máximo. La pena capital en el ámbito estatal. Como si fuera una criminal. El documento que argumenta su exoneración no tiene ninguna prueba fehaciente de que Virginia Aparicio se haya beneficiado económicamente o que haya generado un perjuicio al fisco que afectara algún superávit fiscal. Pero ella cometió delitos tan graves como ayudar a descubrir (con financiación internacional) aspectos muy complicados en la salud de millones de personas afectadas por más de 600 millones de litros de agrotóxicos volcados anualmente en el territorio argentino.
La sentencia apareció el lunes 26. La autoridad máxima del INTA es Nicolás Bronzovich. Gobierna Javier Milei, cabeza del gobierno más peligroso institucionalmente desde la dictadura.
Tres años de injusticia. Y un golpe certero más a una ciencia pública que agoniza y, junto a ella, la salud ambiental de millones de personas. Entre otras tantas tristes cosas.
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