Cuerpos de los ríos, decretos y luchas

Por Carlos Del Frade

(APe).- “El río Magdalena, principal río de Colombia extendiéndose sobre 1 500 km, transporta todos los días cadáveres inertes. A sus orillas, los cuerpos son recogidos por pescadores. Y, todos los días, los habitantes de los pueblos vecinos adoptan estos cuerpos, antes sin nadie que pudiera darles una sepultura. Sin identidad manifiesta, se les llama “Ningún Nombre”, o “NN”. Las familias adoptivas se toman en serio sus responsabilidades y se encargan de ellos, llevándoles flores y orando por ellos. Otros incluso se permiten darles un nombre y hablarles, como a un confidente o a un miembro más de la familia. En Puerto Berrio, Antioquia, los 50 000 habitantes se fueron acostumbrando poco a poco a la idea de recoger cuerpos en el río. Hoy en día, todos los muertos del pueblo cuentan con padres adoptivos. La fe está muy presente en estos colombianos, algunos llegando a pelearse entre ellos por rescatar un NN y demostrar así un buen comportamiento”, dice Justine Rodier, en una de sus hermosas crónicas sobre la realidad social del sur del mundo.

En esa ternura invicta de nuestros pueblos, los muertos, los asesinados por las fuerzas federales en los conflictos de baja intensidad, son adoptados.

Santiago Maldonado ya ha sido adoptado por nuestro pueblo y ya nadie lo volverá a desaparecer.

Los decretos presidenciales explican, muchas veces, el funcionamiento de las fuerzas armadas, federales y provinciales.

Desde la guerra de policía de Bartolomé Mitre a los de Isabel Martínez de Perón de febrero y octubre de 1975 que le dieron armadura legal y doctrina al genocidio.

De manera repetida en estas columnas hemos dicho que el decreto 228 del 21 de enero de 2016, es la principal herramienta institucional del macrismo para intervenir en las provincias con el pretexto de la emergencia nacional en seguridad y el peligro colectivo del narcotráfico.

Tal como sucedió en octubre de 2002 en Colombia, cuando se usaron hasta las mismas palabras.

Después, con el tiempo y los cuerpos flotando en los ríos, aparecieron las familias, los pueblos que adoptan esas vidas apagadas muy antes de tiempo.

Pero antes de los cuerpos, estuvieron los decretos.

Dice el artículo 8 del decreto 228 del 21 de enero de 2016:

“ACTUACIÓN CONJUNTA DE LAS JURISDICCIONES LOCALES Y FEDERAL. Los Gobernadores de Provincia, en su carácter de agentes naturales del Gobierno Federal, y el Jefe de Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en el marco de la Ley de Seguridad Interior N° 24.059 y de las medidas tomadas en el CONSEJO DE SEGURIDAD INTERIOR, facilitarán y prestarán, coordinadamente con las fuerzas policiales y de seguridad federales, todo el apoyo y logística que se les solicite en sus respectivas jurisdicciones a los efectos del cumplimiento y éxito de las operaciones que se emprendan en la lucha contra el delito complejo y el crimen organizado”.

Es la llave que permite desatar la caja de Pandora de las fuerzas federales en los territorios provinciales.

El 12 de enero de 2017, los medios informaban que “durante dos días consecutivos, la Justicia de Chubut ordenó a la policía provincial y a Gendarmería nacional el desalojo de la comunidad mapuche "Lof en Resistencia" del departamento de Cushamen, que reclama la tenencia de tierras ancestrales bajo propiedad del empresario italiano Luciano Benetton. Anoche se produjo el operativo más cruento: la represión tuvo como resultado tres manifestantes heridos, uno de ellos con una severa fractura de mandíbula”.

La información agregaba que "Gendarmería y la Policía entraron cerca de las 20 a la comunidad y efectuaron disparos. No sabemos si fueron municiones de goma o de plomo, pero tres de nuestros hermanos están heridos", señaló a la agencia Télam Soraya Maicoño, vocera del grupo indígena. "Llegó infantería y así como llegaron, se bajaron de la camioneta y empezaron a disparar a quemarropa", contó Sonia Ivanoff, abogada de los indígenas. Medios locales consignaron que uno de los lesionados más graves fue Fausto Emilio Jones Huala, de 35 años, con una fractura de maxilar derecho, quien debió ser derivado al hospital de El Bolsón”.

Esas noticias eran consecuencia de aquel decreto 228.

Una semana después, por las dudas, el presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, prorrogaron la declaración de la "emergencia en seguridad pública" por un plazo de 365 días, según se publicaba el 20 de enero de 2017 en el Boletín Oficial.

En particular, en el texto se resalta el convenio por comprender "compromisos operativos; instrumentales; para la prevención y el abordaje integral de las adicciones; para garantizar la transparencia; de cooperación con la justicia y el Poder Legislativo y para la participación de la sociedad civil".

“Entre las medidas tomadas, de acuerdo a la enumeración del decreto, hubo una profundización de los operativos antidrogas en las fronteras y en los asentamientos de emergencia (programa "Barrios Seguros"), y se puso en marcha planes de coordinación en la comunicación entre las distintas fuerzas policiales ("Plan Federal de Comunicaciones"). Se recordó que la declaración de emergencia estuvo motivada "por la falta de respuesta satisfactoria a las demandas sociales de mayor seguridad por parte del Estado, tales como el impacto de la inseguridad social sobre los sectores vulnerables del pueblo argentino, los delitos de trata de personas, el narcotráfico y sus delitos asociados".

La vigencia del decreto 228 determina que ningún hecho de las fuerzas federales es individual, sino que responden a la lógica de represión estatal del gobierno nacional.

El 2 de octubre de 2017, el gobierno nacional presentó cuatro aviones comprados al imperio por 160 millones de dólares. Sirven, dijeron, para intervenir en los conflictos de baja intensidad. Es decir contra grupos locales que cuestionan los poderes. Se usan en México, Colombia y Brasil.

Esos conflictos de baja intensidad forman parte de la realidad actual. Si la guerra clásica constituía una forma de enfrentamiento entre Estados, los llamados “conflictos de baja intensidad” son una forma de enfrentamiento entre un Estado y actores no estatales. Esta expresión, creada por el jefe del Estado Mayor privado de la reina Isabel II, Sir Frank Kitson, se aplica por igual a la contrainsurgencia en las colonias, a la lucha contra la subversión durante la guerra fría y a ciertas operaciones de «mantenimiento de la paz».

La prórroga del decreto 228 y la compra de aviones que pueden usarse para los conflictos de baja intensidad, tal como lo dijo el propio gobierno nacional, ponen el cuerpo de Santiago Maldonado como síntesis de una política de estado y no como una consecuencia de un acto individual.

Mientras los sectores políticos mayoritarios todavía no despiertan sobre la profundidad del decreto 228, miles y miles de argentinas y argentinos adoptan el cuerpo de Santiago Maldonado como necesidad de justicia, igualdad y soberanía.

Fuentes: Decreto 228 del 21 de enero de 2016, Boletín Oficial de la República Argentina; diario Infobae, del 12 y 20 de enero de 2017; “Le Journal International”, artículo de Justine Rodier, del 4 de marzo de 2015; diarios argentinos del sábado 21 de octubre de 2017.

Edición: 3467