Celulares de colores

Por Martina Kaniuka

(APe).- Existen tantas versiones y miradas de una misma historia, como voces elijan contarla. Si eligiéramos contar la de los habitantes de la provincia de Tierra del Fuego, contaríamos la de un pueblo donde las temperaturas marcan veinte grados bajo cero en invierno, los vientos se huracanan, más de la mitad del año se ve poco el sol y el clima hostil condiciona cualquier tipo de actividad. Un pueblo que, llamado a través de sindicatos y gremios a la negociación, decide ir a un paro de actividades por tiempo indeterminado en toda la provincia, concentrándose en la puerta de Mirgor, empresa de Nicolás Caputo y una de las principales fábricas de electrónica radicada en la provincia.

Habitado por 200 mil habitantes, se trata de la provincia con mayor empleo registrado del país. Son 9 mil puestos de trabajo que peligran -calculan que hasta 30 mil de manera indirecta- por un decreto sancionado por el gobierno, que quita los aranceles de los insumos y productos electrónicos importados que se fabrican en la provincia. Detrás, está el intento de despoblar, insisten.

Si eligiéramos contar la versión del gobierno, contaríamos la historia de una negociación donde, quienes en la gestión de gobierno de Mauricio Macri eran “ensambladores” devienen en la gestión de Javier Milei, por arte de magia o por el frío austral, tache usted donde corresponda, en “degenerados fiscales”. Son personas que eligen privar a los “argentinos de bien” de la posibilidad de acceder a la tecnología de avanzada y no comprenden la posibilidad que implica a la provincia el decreto 333/2025, por el cual se libera de aranceles a artículos importados que hoy se fabrican allí y se venden más caros al consumidor final. Deberían poder vivir del turismo o ponerse a pescar; ¿qué es lo que había en Tierra del Fuego?

Pero el trasfondo del conflicto no es únicamente la transformación productiva, el (des)empleo, el desarrollo industrial, la tecnología, o los costos fiscales. Tampoco importa ahora si los habitantes de Tierra del Fuego votaron o no a Javier Milei, que ganó en la provincia con el 53.29% de los votos.

Este último 2 de abril, en el 43° Aniversario de la Guerra de Malvinas, Javier Milei leyó con las dificultades usuales un discurso en Plaza San Martín donde desconoció la imprescriptible soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas y Sándwich del Sur. Al día siguiente, fue declarado persona no grata por el Consejo Deliberante de Ushuaia.

Las próximas jugadas del Imperio sobre el territorio, podían adivinarse ya durante la gestión Fernández, cuando Cristina Fernández de Kirchner, recibía en 2022 a la “comandante de Comando Sur de Estados Unidos, generala de cuatro estrellas y primera mujer en el cargo, junto al entonces embajador Marc Stanley”. Por entonces ya hablaba sin tapujos de nuestros bienes naturales y de las ocho zonas que establecerían en tareas conjuntas, zonas “de interés” por los minerales raros, litio, el agua dulce, y todas esas cosas de importancia que distan de ser tan necesarias, a ojos de la población, como los celulares y los aires acondicionados que el gobierno promete vender más baratos.  

Richardson volvió a viajar en abril del 2024 a las islas y, ya sin la necesidad del nombramiento de un embajador de los Estados Unidos en nuestro país, “atendido por sus propios dueños”, este año envió al Almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de Estados Unidos en Washington, con la intención de planificar el  establecimiento de una base militar y “un polo de vigilancia” en el Atlántico Sur.

El plan pone en riesgo el Tratado Antártico, suscrito por 12 países en 1959, que dispone el uso exclusivamente pacífico del continente blanco y prohíbe expresamente las actividades militares. Ese pacto establece a la Antártida como una zona destinada a la paz y la ciencia, prohibiendo cualquier actividad militar y permitiendo la investigación científica con la cooperación internacional. También mantiene el statu quo de los reclamos territoriales, sin reconocer ni desestimar las posiciones de los países con reclamos. Objetivos que, en el alineamiento con el Comando Sur, peligran junto con la soberanía del territorio austral, la Antártida y el destino geopolítico de nuestro país. 

Existen tantas versiones y miradas de una misma historia, como voces elijan contarla.

La que el gobierno elige contar, omite una parte esencial que, centrándose únicamente en el supuesto ombligocentrismo de los habitantes de la provincia que no quiere beneficiar al pueblo con el acceso a la tecnología, omite la entrega de nuestro territorio a Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel, también presente en las islas. Tierra del Fuego es el octavo territorio más grande del planeta con bienes naturales incalculables y el Fondo Monetario Internacional lo sabe. Es por eso que, en la negociación por la nueva adquisición de deuda, pidió eliminar el régimen diferencial que rige en el territorio donde se calcula que, sin el programa de incentivo a la promoción industrial, el 90% de la población de Río Grande deberá migrar de la isla por falta de trabajo.

La creación de una especie de canal de Panamá. Una base naval conjunta. La puerta de entrada a la Antártida, la bienvenida sin peajes a dos continentes, el cruce entre dos océanos. La plataforma submarina, petróleo, agua potable, agua dulce, krill, y la solución a un reclamo injusto del colonialismo inglés que, con la ayuda de todos los gobiernos de todos los colores, le sigue echando sal al recuerdo lacerante de los 649 soldados argentinos que no volvieron de Malvinas.

“Tenemos grandes extensiones de tierra con acceso a energía y agua, climas fríos, que es la cereza del pastel para el enfriamiento de los sistemas IA; y, además, estamos en un área sin conflictos armados, sin tsunamis, ni terremotos. No hay muchos lugares en la Tierra con esas cualidades. Obviamente, el problema es que estas áreas están pobladas de argentinos. Así que ésta es una de las cosas que hemos arreglado. Estamos estabilizando la macro, estamos dándoles el marco legal para explicarles que estamos abiertos a negocios esta vez”. Demian Reidel anticipaba la jugada que habilita la entrega de nuestro territorio.

Con amenazas de la creación de otro Comando Unificado, como el de la Patagonia -diligente a la hora de reprimir originarios y asambleístas- ya se habla de la aplicación del protocolo antipiquete con fuerzas federales en las protestas, con la presencia de la policía federal, gendarmería nacional y la prefectura naval argentina. Las mismas fuerzas que no estarán abocadas a la defensa del territorio nacional y serán parte de la militarización de la zona para expulsar a los argentinos que la habiten. Expulsar argentinos de Argentina. Pero eso sí, con celulares y aires acondicionados, más baratos.