“Es más negocio envenenar y después curar que hacer medicina preventiva”

Virginia Aparicio es un ícono de la resistencia contra el modelo extractivo. Durante un encuentro en el Garrahan dijo que desde hace dos años “nos entretienen con un sumario” que terminó en su exoneración mientras se muere de enfermedades evitables. Y reveló: “el 100 % de la población muestreada tiene glifosato en la materia fecal”.
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Por Claudia Rafael

Foto de apertura: Patricia Rosas

(APe).- El nombre de Virginia Aparicio es ya un símbolo. No por su persecución y posterior exoneración por parte del estado sino más bien porque resume en sí misma un ícono de resistencia contra el modelo extractivista. No fue casual que la actividad de la que participó en la explanada del Hospital Garrahan ocurriese precisamente en ese lugar. Es allí donde es derivado un sinnúmero de niñas y niños enfermos de enfermedades evitables que ya no pueden ser tratados en los centros de salud de sus pueblos de origen. Las mismas enfermedades que Virginia, ex investigadora del INTA, detectó en el cuerpo de 73 voluntarios que participaron de los estudios del proyecto Sprint: Atrazina, glifosato, 2,4-D, clorpirifos, MCPA (ácido 2-metil-4-clorofenoxiacético), DDT (diclorodifeniltricloroetano) o sus metabolitos.

Pero además -resaltó la enfermera Meche Méndez- el hospital de niños más importante de Argentina y uno de los más destacados del continente se niega a incorporar “un laboratorio de pesquisa de tóxicos relacionados al modelo productivo”. Y eso implica, en definitiva, tratar una enfermedad como efecto sin tener en cuenta su origen y qué la provoca.

Tampoco fue casual que participara del encuentro apenas un ínfimo número de profesionales del hospital.

La exoneración de Virginia Aparicio no es una sanción por aquello que hizo mal, por sus posibles errores. Es más bien la directa consecuencia de señalar las derivas enfermantes del sistema de producción que tiene una dependencia abrumadora del uso de plaguicidas. En un país en el que el poder político y el económico conforman un ensamble indisoluble, la única política pública será diseñada a imagen y semejanza de sus propios intereses financieros.

El proyecto Sprint, solventado por la Unión Europea con 15 millones de euros, abarcó el estudio sobre casi 800 personas y 73 fueron voluntarios de las localidades argentinas de Mar del Plata, Tandil, Balcarce, Necochea y Tres Arroyos. Y Aparicio definió que “esta propuesta nos daba una posibilidad de registrar con qué estamos viviendo alrededor e incluso qué tenemos en nuestras matrices biológicas. Les preguntamos cómo viven, cómo se alimentan, si pelan la fruta, si entran calzados o descalzados a sus casas. Porque queríamos ver, por ejemplo, si en el polvo del hogar hay presencia de plaguicidas y esos plaguicidas no son los de uso doméstico, son los de uso agropecuario, porque nadie en su casa utiliza una herbicida. El yuyo se arranca o se corta. No se echa un plaguicida porque uno lo quiere ver verde”.

Junto a Damián Verzeñassi -director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario- desgranó cada una de las perspectivas de las secuelas en las comunidades del campo y de la ciudad en sus vidas cotidianas y en un futuro más o menos lejano.

Y para eso, pusieron el dedo en la llaga en una tajante demostración del lugar ético en el que eligen pararse como profesionales egresados de la universidad pública. Y no es ese un prisma menor que Aparicio o Verzeñassi pretendan minimizar.

Hay debates insoslayables para una sociedad. Y Aparicio plantó claramente bandera: “Yo soy producto de la universidad pública. El Estado invirtió en mí un montón de dinero para llegar a poder conectar un montón de cosas y ahora dicen que no voy a servir para ese Estado. Creo que lo que no entendieron es que pretendo servir para todos ustedes, para toda la gente que está habitando los territorios. Tenemos que ser saludables y tenemos que ver que se cumplan las reglas que nosotros mismos hemos inventado para poder brindar a nuestra descendencia lugares accesibles y amigables para crecer y desarrollarnos”.

El proyecto Sprint -que fue la excusa perfecta para la exoneración- ni siquiera pretendía revolucionar el mundo capitalista. Describió Aparicio: “el proyecto nace en un contexto europeo en el que se plantea una política pública de la granja a la mesa y que pretende reducir en un 50% el uso de plaguicidas para el 2030. Ustedes saben que nosotros no tenemos una política pública así; pero para la conducción de INTA de ese momento, pareció algo positivo que estuviéramos involucrados en tratar de generar prácticas que nos aggiornen a esa posible política pública desarrollada en Argentina. Nos daba una posibilidad de registrar con qué estamos viviendo alrededor y qué tenemos incluso en nuestras matrices biológicas”.

Y en ese sentido, el estudio permitió demostrar, al encontrar plaguicidas como atrazina, glifosato o 2,4-D dentro de las casas, la migración desde el sector agropecuario hacia las viviendas. En casas, dijo Aparicio, “que están en el medio de la ciudad de Mar del Plata, de Tandil, de Balcarce, de Necochea o de Tres Arroyos. Es decir, estamos hablando de que estas sustancias están en nuestro aire, que estamos respirándolas incluso acá y que las podemos beber aun cuando compramos agua mineral”.

Son sustancias químicas que “nos abrazan crónicamente”. Y no sólo como sustancias aisladas una de otra sino mezcladas entre sí. “Este proyecto nos permitió eso justamente: saber qué está mezclado, con qué estamos en contacto, cuáles son esas mezclas y por qué las queremos estudiar. Porque cuando un médico nos da un medicamento, también nos pregunta qué otros medicamentos tomamos, porque podemos tener un efecto adverso. Acá no sabemos qué efectos adversos tienen esos cócteles a los que nos exponemos sin querer, porque los comemos, los respiramos o los bebemos”.

Virginia Aparicio es apenas un nombre. Uno en medio de un sinfín de científicos que reman contra la corriente de un sistema de producción y a los que ese mismo modelo -a través de sus brazos políticos- busca disciplinar. Desde Andrés Carrasco, científico que algo más de dos décadas atrás probó el impacto del glifosato en los embriones, en adelante.

“No hay espacio para que me caiga porque estamos juntos, porque somos muchos los que trabajamos estos temas complicados”, confesó Virginia Aparicio a la vez que reconoció que “buscan entretenernos con un sumario desde hace dos años”.

Mientras -develó- “toda la población argentina muestreada tiene glifosato en su materia fecal, el 100% de los individuos, y en la orina, el 80%. Esta información es importante porque durante mucho tiempo, y en muchas partes del mundo, la forma de saber si alguien estaba expuesto era medir en orina, que es bastante más sencillo. Y la materia fecal es un indicador para glifosato muchísimo más contundente. El tema es que cuando uno quiere traer eso a nuestros pueblos y poder medirlo, es difícil porque no nos organizamos, no porque no tengamos ni los medios ni las capacidades”.

Sino -agregó- porque “parece que es más negocio envenenar y después curar que hacer medicina preventiva. El tema es que también estamos envenenando otros organismos, porque nosotros somos parte de este ecosistema y no hay hospitales para la biodiversidad”.

Cuando más de siete décadas atrás Ramón Carrillo decía que “frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios, como causas de enfermedad, son unas pobres causas” planteaba algo de aquello.

Porque, en definitiva, se pretende analizar a la enfermedad como un lamentable episodio individual, como una tragedia que quién sabe por qué extraña maldición recayó sobre uno, ajeno al modelo de producción y al modo de vivir de la sociedad.


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