Un jubilado y la metáfora arrasadora de la muerte

Por Claudia Rafael

(APe).- La muerte de un hombre de 75 años en la Patagonia en los primeros días de agosto es la metáfora de la más profunda destrucción. El alquiler que se le disparó por los aires, los medicamentos, la angustia, la soledad y una determinación que se desnuda como una clara denuncia ante un sistema injusto y cruel que aplasta. En una Patagonia donde los precios corren a una velocidad mayor, Jorge Horacio Ortiz fue hallado muerto en su casa, su esposa sobrevivió y sigue internada, pero las investigaciones hablan de un posible pacto suicida.

Si no tuviera el dramatismo de la muerte, del no retorno, se podría definir como una metáfora de los tiempos. Pero es la muerte, que esconde historias, dolores, una vida de trabajo que concluye con la miseria de una jubilación que no permite solventar la vida. Aunque no cobraban la mínima, como sí lo hacen mes a mes algo más de 5 millones de jubilados y pensionados, los números no cierran y los meses son testarudamente más largos de lo que permiten los bolsillos. Ellos formaban parte del 30 % del total del padrón de jubilados y pensionados que cobraban la suntuosa suma de 600.000 pesos. Casi el doble de lo que perciben 330.000 personas que no alcanzaron a jubilarse pero que superan los 65 años. Y 110.000 pesos más de lo que cobran los jubilados de la mínima, que reciben un bono de 70.000 pesos estancado en ese valor desde marzo de 2024.

El mundo de las matemáticas comparadas tiene, en estos tiempos, lógicas impensables para la vida. Porque mientras ése y tantos otros olvidados de esta tierra incendiada contaba las monedas y masticaba soledades y miedos la Secretaría de Inteligencia de Estado amplió su presupuesto en $ 50 mil millones y hay 10 mil millones más en gastos por los que no se rinden cuentas. El PAMI, al que el matrimonio de Cipolletti accedía para su atención médica y los medicamentos, es vaciado con una sistematicidad pasmosa y, por ejemplo, un médico de cabecera cobra 2.100 pesos por mes por cada paciente (no importa las veces que deba atenderse). En un nuevo y premeditado salto a la nada para las vidas de los castigados, la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) ya implicará, a partir de noviembre, el desvío de recursos de la seguridad social y el vaciamiento definitivo de la Anses. Con un impacto económico de más de 3000 millones de dólares anuales.

La metáfora –ésa que trasluce por la muerte- se profundiza en las comparaciones. Mientras esa historia pequeña, concentrada en una casa de Cipolletti pero multiplicada en tantas otras geografías (con o sin final de tragedia) entre millones de historias anónimas, se enfrenta a la contradicción más aberrante de ciertos números. ¿Acaso se puede soslayar que cada operativo de represión de las marchas de los miércoles de jubiladas y jubilados -1100 kilómetros al norte de la vivienda rionegrina- cuesta un mínimo de 50 millones de pesos? En cifras que multiplicadas por la cantidad de marchas de 2025 –según denunció el CELS a partir de datos oficiales- se redondea en más de 2000 millones de pesos. Pero son números tramposos. La misma especialista en seguridad del CELS, Victoria Darraidou, reconoció que es apenas el piso. Porque “el ministerio de Seguridad sólo informó cuánto gastan en combustible la prefectura, gendarmería y el sistema penitenciario federal. Y cuánto gasta la policía federal en equipos. Pero faltan los gastos de una jornada de un trabajador de una fuerza de seguridad y cuánto representa mover camiones hidrantes, cuánto las balas de goma, entre otras”.

Hay muertes olvidadas. Aplastadas por el infinito cúmulo de noticias que cada día irrumpen desde las pantallas para contar cómo un país entero y sus habitantes están siendo rotos a fuerza de una política que rinde pleitesía a los poderes económicos. Cómo el riesgo país se sigue disparando en la columna de dolor humano. Mientras la vida trata de esquivar los zarpazos de un sistema que no fue creado para la felicidad de los anónimos.