Pergamino: el veneno impune

Por Silvana Melo

(APe).- Ni aun con los cuerpos como prueba incontrastable, los jueces se animaron a condenar. Ni aun admitiendo que los agrotóxicos son veneno y contaminan. Ni siquiera después de quince años de lucha y martirio de Sabrina Ortiz, con su propia piel en el estrado. Ni siquiera con el agronegocio en la vereda de enfrente no sólo pasando el mosquito en su vecindad y el veneno en los tanques de agua sino generando una agresión constante con ánimo de amedrentar y enloquecer. Ni así el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario se aventuró a condenar a los productores acusados de envenenar con agrotóxicos zonas pobladas de gente en Pergamino.

Ese mismo Tribunal absolvió a todos. A pesar de todas las pruebas acumuladas durante una década y media por Sabrina Ortiz, el abogado ambientalista Fernando Cabaleiro y todo un equipo que investigó la contaminación y las enfermedades que los venenos generaron en la población de Pergamino.

Los absueltos fueron los productores, aplicadores y técnicos Fernando Esteban Cortese, Mario Roces, Víctor Hugo Tiribó, José Luis Grattone, los hermanos Carlos y Hugo Sabbatini, y el peón Cristian Taboada.

“Esto es sólo una instancia”, dice Sabrina Ortiz, con una serenidad muy lejana a la resigación. “Van a pagar todo lo que hicieron”. Y por su cabeza pasa un derrotero fatal que empezó en 2011 en Villa Alicia, un barrio suburbano de Pergamino, cuando comenzó a sentir que la salud de ella y de sus hijos empezaba a quebrarse. Tuvo dos ACV isquémicos y un aborto espontáneo, su hija padece una enfermedad en los huesos y el orín de su hijo marcaba un nivel de glifosato escalofriante. Le dijo Sabrina a Tiempo Argentino hace algunos años, cuando todo era un infierno y tenía que vivir con custodia policial (y enferma): “Esto cambió mi vida. Me dejaron chaucha de soja en mi auto, balearon a mi perro, me apretaron con barras bravas. Es muy complicado salir a contar cómo nos envenenan, porque la cadena de complicidades es muy grande. Hasta los mismos médicos que te atienden son productores. Los medios locales hicieron campaña contra mí, tratándome de mentirosa, porque ellos responden a los intereses de Monsanto. El agronegocio está en todas partes”.

A la vez, en medio de un caos en el que el poder se le venía encima y ella estaba dispuesta a enfrentarlo, se puso a estudiar Derecho. Quería ser abogada y defenderse.

Hoy está de pie. En tiempos en que el agronegocio tiene la sartén por el mango. La justicia tiene despacho en la Casa Rosada. Y el extractivismo es medular en la macroeconomía del país. No genera empleo pero sí envenena, saquea, se apropia del agua e ignora la vida.

En ese contexto sombrío el Tribunal dio “por probado el daño ambiental y sanitario"; sin embargo, consideró "insuficiente la prueba penal para imputar responsabilidades individuales”. Hubo alguien que envenenó pero no hay culpables.

“No tenemos dudas de que la exposición a agroquímicos le provocó daños en la salud” a la población de Pergamino, resaltaron los magistrados. Hasta admitieron que existe respaldo científico para vincular el veneno con las enfermedades que sufren sectores determinados de esa población. Casualmente, vecinas a las fumigaciones. Pero nadie pudo demostrar que los acusados hayan fumigado de forma ilegal, que hayan envenenado a sabiendas, que hayan priorizado su rentabilidad a la salud y a la vida.

Un razonamiento tortuoso que Fernando Cabaleiro calificó como “pirueta política”. El 10 de agosto se sabrán los porqués de la justicia.

El jueves a mediodía, cuando se leía el veredicto, el juez del TOF Nº 2 de Rosario, Román Lanzon, amenazó con desalojar la sala si alguien del público expresaba “sus emociones o sentimientos”.

El “cuerpo probatorio” que tenían los jueces alrededor incluye 18 agrotóxicos diferentes en el agua. El INTA Balcarce –cuando podía hacer estos análisis con libertad- había detectado en suelo y agua glifosato, su metabolito AMPA, atrazina, clorpirifos, 2,4-D, imidacloprid y metolaclor y determinado que el agua no era apta para el consumo. Los análisis de genotoxicidad que encontró la bióloga Delia Aiassa concluyeron en daño genético en la familia de Sabrina Ortiz. Y testimonios de enfermedades, abortos espontáneos, casos de cáncer vinculados a la vecindad de las fumigaciones y las viviendas.

Pero el agronegocio no fue. Nadie fue condenado por envenenar. Y no estaba permitido expresar “emociones ni sentimientos”.

Sin embargo, aunque la Justicia se sienta en los despachos de los poderosos y firma expedientes con sus lapiceras, Sabrina Ortiz sigue de pie. Y asegura –no hay argumentos para no creerle- que va a seguir “hasta que dejen de fumigar y paguen todo lo que hicieron”. Habrá que aferrarse desaforadamente a la esperanza para enfrentar la furia de este tiempo.